El gobierno festejó la aprobación del Presupuesto por dos motivos principales. El primero, que logró quebrar a la oposición al conseguir votos ajenos en ambas Cámaras, básicamente del peronismo no kirchnerista. El segundo, que dio una potente señal al Fondo Monetario Internacional (que la reclamaba) sobre la fortaleza política para imponer el ajuste exigido.

La mayor parte de las críticas al proyecto que el Senado convirtió en ley en la madrugada del jueves se centró en la drástica reducción del gasto primario para lograr el déficit cero en 2019 y sus consecuencias en las prestaciones estatales en salud, cultura y educación, entre otros rubros sensibles. Pero también hubo algunas referidas a los endebles pilares macroeconómicos sobre los que fue elaborado. El neuquino Marcelo Fuentes (FpV) se refirió a las «falsedades en su redacción» y el chaqueño Eduardo Aguilar, de la misma bancada, dijo que contiene «una visión absolutamente ingenua de la globalización por parte del gobierno nacional».

Lo cierto es que hay muchas dudas sobre algunos datos básicos pautados como inflación (23% a lo largo del año), tipo de cambio y balanza comercial, sobre todo después de la volatilidad de los últimos meses que dejó patas para arriba el tablero de la economía. Si el desvío es significativo podría variar el nivel de actividad, lo que alteraría la recaudación de impuestos (calculados en función de aquella) y la disponibilidad de recursos. En ese sentido, el gobierno cree que el PBI caerá un 2,4% el año que viene, aunque para el FMI y el Banco Mundial la recesión será aun mayor.

«Se plantean varios interrogantes sobre el posible escenario contractivo del año próximo y las posibilidades del sector público en relación a ejecutar la política económica. Dependiendo el contexto que se desarrolle, los elementos serían escasos –no sólo en cantidad, sino en intensidad– para gestionar el cumplimento de los objetivos establecidos”, opinó Martín Calveira, investigador de la Universidad Austral. Algunos de esos elementos son fáciles de identificar.

La cotización del dólar

La continuidad de la banda cambiaria ajustada por inflación (ya ratificada por el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, a la agencia Bloomberg) haría que el valor de $ 40,10, considerado como promedio anual, sea alcanzado en marzo. Si se busca evitar el retraso cambiario, habrá que sostener un piso medio en todo el año cercano a $ 43. El detalle no es menor: cada peso de diferencia significará un pago adicional de casi $ 15 mil millones por intereses de la deuda pública.

El comercio exterior

Se espera un superávit de U$S 5800 millones gracias a un crecimiento del 25% de las exportaciones. Sin embargo, pese a que el valor del dólar se duplicó desde enero, a la fecha las ventas al exterior no reaccionaron. La esperanza para que eso ocurra es una buena cosecha. El gobierno la necesita para cobrar retenciones por $ 440 mil millones y para que la oferta de dólares en el mercado local sea genuina. Las señales de que Brasil podría buscar otros mercados en desmedro del Mercosur también jugarían en contra de ese objetivo.

Jubilaciones

Ese concepto se lleva 47 de cada 100 pesos a gastar en 2018. La Corte Suprema de Justicia planea fallar en diciembre cuál es el método de actualización de haberes que corresponde a 150 mil jubilados que iniciaron juicio a la Anses. Si es adverso al gobierno, implicaría un gasto adicional estimado en $ 70 mil millones.

A favor

El lado positivo de estos pronósticos tan inciertos es que los eventuales desvíos pueden jugar en favor de las autoridades. El mensaje que acompañó el proyecto anticipa que puede haber una ganancia neta de $ 9900 millones por cada punto porcentual extra de inflación, considerando la mayor base de recaudación de impuestos y descontando los mayores gastos en bienes y servicios. De la misma manera, por cada punto adicional de la suba del dólar Hacienda tendrá $ 1200 millones de ingresos netos.

El gobierno podrá redistribuir los eventuales excedentes sin pasar por el Congreso. Sin ir más lejos, esta última semana un decreto presidencial amplió el Presupuesto 2018 en $ 412 mil millones (un 14% del monto original), de los cuales casi la mitad fueron para atender la disparada de los intereses de la deuda pública a causa de la devaluación. Es la misma práctica que gustaba usar el kirchnerismo, vía subestimación de ingresos. Ahora la puso en práctica Cambiemos. «

Las calificadoras de riesgo siguen con dudas

Moody’s no cree que se logre el equilibrio fiscal. S&P rebajó la nota de los bonos.

Las agencias calificadoras de riesgo más prestigiosas a nivel internacional coincidieron en los últimos días en emitir informes adversos sobre la economía argentina. El más reciente es el de Moody’s, que este viernes opinó que el gobierno no logrará su meta de equilibrio fiscal en 2019 y por ello deberá pedir un waiver (dispensa) al Fondo Monetario Internacional.

La agencia celebró la aprobación del Presupuesto 2019 porque «allana el camino para una mayor consolidación de las finanzas públicas de Argentina, un hito clave ya que el gobierno busca asegurar el financiamiento continuo del FMI». Sin embargo, cree que no podrá ser cumplido y que al cabo del año el déficit fiscal será del 0,5% del PBI, lo que obligaría al Fondo a otorgar un perdón. El problema para el organismo no sería el incumplimiento sino un eventual cambio de clima político: «Si surgiera un candidato sin el compromiso de cumplir los objetivos fiscales, pondría en riesgo el financiamiento del FMI y reduciría la capacidad del gobierno para satisfacer sus compromisos externos», evaluó la compañía.

Al mismo tiempo, Standard & Poor’s rebajó la nota de los bonos de la deuda argentina a la categoría B (antes estaba en B+). Eso implica que «condiciones adversas del negocio, financieras, o económicas probablemente perjudicarían la capacidad o voluntad» del deudor para cumplir con sus obligaciones. En opinión de S&P, «ha habido una erosión del perfil de deuda de Argentina, de la trayectoria de crecimiento económico y de la dinámica de inflación» que motivaron la rebaja.

Unos días antes, la agencia Fitch, que también integra el grupo de consultoras más seguidas por los fondos de inversión al decidir sus colocaciones, bajó a «negativa» su perspectiva sobre la deuda argentina a largo plazo. «La intensa inestabilidad económica ha debilitado dramáticamente las perspectivas de crecimiento», fue su justificación. «