La pretensión del gobierno de conseguir un adelanto de las partidas que debe girar el Fondo Monetario Internacional para calmar la sed de dólares tiene una fecha límite: el 21 de junio. Para ese día y el siguiente están previstos dos vencimientos por una suma conjunta U$S 2713 millones, que deben ser abonados al mismo FMI y que son el inicio de una serie de pagos por casi U$S 5400 millones a ser cancelados entre esa fecha y el 28 de julio.
El exigente calendario de obligaciones es una consecuencia del escalonamiento en los desembolsos que el FMI realizó para auxiliar al gobierno de Mauricio Macri entre 2018 y 2019. El acuerdo de facilidades extendidas firmado por la gestión del Frente de Todos en marzo de 2022, todavía en vigencia (al menos desde lo formal), prevé que la nueva asistencia del Fondo apunte a sostener los pagos de aquellos compromisos, al punto de no dejar margen para utilizar el dinero con otros fines.
Ese doble condicionamiento, el del uso de la ayuda financiera y el cronograma de vencimientos, conspira contra la intención de las autoridades argentinas de transformar los desembolsos del FMI en un colchón de reservas que permita no sólo garantizar las importaciones que necesita la economía local sino también desbaratar cualquier intento de corrida cambiaria, como la que hace un mes llevó los tipos de cambio alternativos al borde de los 500 pesos y elevó la brecha con la cotización oficial otra vez por encima del 100 por ciento.
En marzo de 2022, a fin de evitar que se diera por caído el acuerdo anterior, el entonces ministro Martín Guzmán arregló que cada trimestre el Fondo giraría un monto de divisas equivalente a las obligaciones a cumplir en los tres meses siguientes. Para este año restan tres desembolsos, el primero de U$S 4000 millones y los otros dos de U$S 3400 millones, a ser efectivizados en junio, septiembre y diciembre.
La intención del equipo de negociadores del Ministerio de Economía, capitaneado por el viceministro Gabriel Rubinstein y el jefe de asesores Leonardo Madcur, es que esos U$S 10.800 millones sean enviados de una sola vez, para reducir la incertidumbre, fortalecer las reservas y dar margen de maniobra en el frente cambiario al menos hasta las elecciones.
De todas maneras, tal como están planteadas las fechas, aun cuando prosperara la intención del gobierno, la mitad de ese colchón volvería en poco más de un mes a manos del FMI.
Un calendario exigente
El calendario de pagos derivado del stand by de 2018 establece amortizaciones de capital para el 21 de junio (U$S 926 millones), 22 de junio (U$S 1787 millones), 8 de julio (U$S 1313 millones), 15 de julio (U$S 657 millones) y 28 de julio (U$S 690 millones). La suma supera el desembolso trimestral que debería realizar el FMI y se compensa con lo que debería haber quedado de un exceso de dinero ya girado en cuotas anteriores.
Los montos exactos pueden tener alguna variación en función del valor de los DEG (derechos especiales de giro), la unidad de cuenta del Fondo cuya cotización depende de una canasta de monedas entre las que se incluyen el dólar estadounidense, la libra esterlina, el euro, el yen japonés y el renminbi chino.
Hay algunos artilugios administrativos por los cuales los vencimientos se pueden postergar algunos días, aunque no más allá de la finalización del mes calendario. Argentina ya usó ese recurso en marzo, cuando el directorio del FMI demoró la aprobación de la revisión. Si el pago se demora por 30 días, el organismo puede realizar un requerimiento formal para que se pague la deuda, antes de proceder a declarar el default, a los 60 días del incumplimiento.
La encrucijada del FMI
Esa «deadline» del 21 de junio corre no sólo para el gobierno sino también para el propio FMI. De acuerdo al esquema de trabajo original, el staff técnico del organismo debe efectuar auditorías trimestrales sobre el cumplimiento de las metas del acuerdo y elevar su dictamen al directorio para que este lo apruebe y autorice los desembolsos.
Como lo explicó Tiempo en su edición impresa del pasado domingo, los principales criterios cuantitativos que deberían examinarse a marzo de 2023 fueron incumplidos: el déficit fiscal primario se desbordó, la asistencia monetaria del Banco Central superó los límites previstos para el primer trimestre y las reservas internacionales netas, lejos de crecer, involucionaron.
Tanto en la Argentina como en Washington son plenamente conscientes de ello y por eso el almanaque empieza a apurar la toma de decisiones. ¿Desembolsará el Fondo los U$S 4000 millones pautados para junio? ¿Cómo justificará los incumplimientos?
La principal objeción de los técnicos del Fondo, encabezados por el venezolano Luis Cubeddu (ahora supervisado por el chileno Rodrigo Valdés, el nuevo director del Departamento para el Hemisferio Occidental), es que el gobierno queme esos dólares tratando de mantener un tipo de cambio que, creen en Washington, es insostenible. Por eso insisten en una devaluación a la que el ministro de Economía, Sergio Massa, se niega rotundamente.
Alternativas
Así las cosas, el calendario corre y las definiciones se demoran. Ya pasaron 45 días desde que Massa convenció a Gita Gopinath, la vicedirectora del FMI (quien en los últimos meses ganó terreno en la entidad a expensas de su titular, Kristalina Georgieva), de que es necesaria una renegociación integral del acuerdo. En esa discusión es donde desde el Palacio de Hacienda quieren incluir las fechas de los vencimientos.
El tema fue puesto sobre la mesa una vez más por la vicepresidenta Cristina Kirchner en su discurso del jueves último en Plaza de Mayo. Allí sostuvo que si el FMI no flexibiliza su postura el préstamo de U$S 45 mil millones «va a ser imposible pagarlo, por más que digan lo que digan». La expresidenta volvió a plantear atar esas obligaciones a otras variables, por ejemplo el crecimiento de las exportaciones, algo que el FMI por ahora no evalúa.
En ese marco también se inscribe el viaje de Sergio Massa a China (ver página 10), donde explorará si el bloque de los BRICS puede aportar financiamiento. Las gestiones en marcha dejan en claro que prender velas al FMI ya dejó de ser una solución a la coyuntura. «
El Banco Central perforó otro piso
Las reservas internacionales del Banco Central quebraron el piso de los U$S 33.000 millones, según informó la entidad. Al cierre de las operaciones del miércoles, el total provisorio era de U$S 32.963 millones, lo que las dejaba en el mínimo desde octubre de 2016.
La mayoría de los analistas, sin embargo, presta atención al volumen de reservas netas, luego de descontarse el swap con China, los DEG del FMI y los encajes bancarios de los depósitos en moneda extranjera, entre otros pasivos. De acuerdo a una estimación de la consultora Ecolatina, el saldo neto es negativo en U$S 1500 millones. Muchos observadores creen que en ello influyen las intervenciones del BCRA para sostener los bonos y evitar la disparada de los dólares bursátiles: por esa vía se habrían escapado U$S 600 millones en la primera quincena de mayo.
Se termina el dólar soja
El próximo miércoles será la fecha de finalización del dólar soja, la oferta especial para liquidación de divisas del sector que remunera a los exportadores con una cotización preferencial de 300 pesos por unidad. Esta tercera etapa del Programa de Incremento Exportador incluye también a las economías regionales, que tendrán tiempo para aprovechar ese beneficio hasta el 31 de agosto próximo.
Aunque todavía faltan unos días, todo indica que el objetivo oficial de alcanzar los U$S 5000 millones de divisas del complejo sojero no será alcanzado. De acuerdo a los datos suministrados por la Bolsa de Comercio de Rosario, hasta el miércoles último se habían liquidado U$S 3534 millones en los casi dos meses de vigencia del programa. La cifra supera en 17% la segunda edición del PIE, aunque este había durado apenas un mes, pero no alcanza ni siquiera a la mitad de los U$S 7580 millones de la etapa inicial, en septiembre del año pasado. En los últimos días, además, el ritmo devaluatorio que el Banco Central imprimió al dólar mayorista achicó el beneficio: ahora el dólar soja apenas tiene un diferencial de 27% con el que reciben los demás sectores.
