La supervivencia de Juan José Aranguren en el Ministerio de Energía del gobierno de Mauricio Macri es para los observadores un misterio: como autor del peor tarifazo en los servicios de gas y electricidad de la historia del país, la semana pasada debió declarar durante once horas ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y al día siguiente, el jueves 18, la Corte Suprema de Justicia retrotrajo el aumento de las tarifas de gas para el servicio domiciliario. La explicación reside en los apoyos que el ministro tiene en la casa matriz del holding Shell PLC, en sus propietarios ocultos y en la aguda necesidad de dinero de estos.

Shell es una de las empresas más lucrativas del mundo, pero la caída del precio del petróleo desde 2014 y los U$S 70 mil millones que gastó en 2014/15 para comprar British Gas la dejaron corta de caja para pagar dividendos y financiar la exploración de nuevos yacimientos, por lo que el directorio la está concentrando en la perforación en aguas profundas en Brasil y el Golfo de México así como en la producción de químicos, mientras posterga las inversiones en esquistos. 

La presión aumenta, porque los grandes inversores no quieren rescindir ganancias, lo que explica algunas movidas políticas recientes. Al cambiar el gobierno en Brasil, Chevron entró con fuerza en el negocio del pre-sal y comenzó a imponer condiciones a Petrobras y su aliada Shell. Inversamente, en Argentina, Aranguren paralizó la explotación de Vaca Muerta, que Cristina Fernández había concertado con Chevron, y aumentó la importación de gas licuado.

Estas maniobras se explican en gran parte, si se entiende la estructura de propiedad de Shell. En septiembre de 2014 el 13,43% de las acciones pertenecía a inversores institucionales y el resto, a no-institucionales. Entre los primeros, el mayor es el Nederlands Centraal Instituut Voor Giraal Effectenverkeer BV (conocido como Necigef), con el 44,7 por ciento. De los demás accionistas, ninguno tiene más del tres por ciento. Necigef es el instituto de control de valores y acciones de los Países Bajos que desde 2002 pertenece a Euroclear, una empresa de servicios financieros basada en Bélgica que es parte del grupo JP Morgan & Co y actúa en varios países europeos. De modo que la administración de acciones de importantes países europeos está en manos del Banco al que está ligado el ministro de Hacienda argentino Alfonso de Prat-Gay. Esta entidad, a su vez, gerencia el control del grupo Shell al que responde el ministro de Energía. Detrás de todo está Máxima Zorreguieta, vástago de la más rancia oligarquía argentina y desde 2002 miembro de la casa real holandesa. 

La casa de Orange-Nassau es una empresa multinacional con inversiones múltiples y dispersas. Fuentes bien informadas la señalan como  principal accionista de Royal Dutch Shell. Junto con la corona, el rey Willem-Alexander heredó en 2013 de su madre, la reina Beatrix, propiedades por más de 1300 millones de dólares. No obstante, como la corona holandesa aún no se recuperó de las pérdidas ocasionadas por un fraude con valores en 2004 y la quiebra de Lehman Brothers en 2007, está urgida para conseguir efectivo.

Desde que Mauricio Macri es presidente, las inversiones holandesas en Argentina han aumentado especialmente en energías renovables, un sector en el que, gracias a la reina Máxima, Holanda es líder. La soberana puso a Juan José Aranguren en el Ministerio de Energía para controlar los ingentes recursos energéticos argentinos, bloquear el avance de Chevron en la explotación de esquistos, extraer el máximo de ganancia posible en un plazo cortísimo para sanear la caja de la corona, transferir el peso de la matriz energética argentina hacia las energías renovables y hacer negocios financieros. «