La bronca acumulada de los trabajadores es descomunal, describe el comunicado divulgado por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, en el que convocan a una marcha contra la política económica del gobierno para el próximo 22 de febrero, en un lugar del centro porteño que aun resta definir, pero que en principio sería la 9 de Julio o la propia puerta del ministerio de Trabajo.
En defensa del convenio colectivo del sector, la preservación del empleo y mejoras salariales, argumenta el documento sobre la clara señal de protesta, la primera tan directa contra le modelo impuesto por Mauricio Macri.
Este 2018 puede traer peores condiciones para los trabajadores. Necesitamos un plan de lucha independiente de las patronales para enfrentar estas nefastas recetas neoliberales, insta la Federación que conducen Hugo Moyano y su hijo Pablo.
A nadie le pasa desapercibido que el endurecimiento en la relación con el gobierno de los Moyano, se produce en momentos en que el ex titular de la CGT Azopardo es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por la que se habría producido a través de la compra de propiedades, por parte de empresas pertenecientes al actual presidente del club Independiente, entre otras causas. La ofensiva judicial contra Hugo, a instancias de un informe de la Unidad de Información Financiera y de denuncias de la diputada oficialista Graciela Ocaña, es interpretada por los sindicalistas como un claro método de presión, en tiempos donde el gobierno necesita imponer reformas en los convenios colectivos de trabajo.
Lo que resta por ver ahora es cuál es el verdadero poder de convocatoria de Moyano padre e hijo, por lo que se aguarda con expectativa cuántos gremios van a plegarse a la marcha. Y, por supuesto, en ese contexto, toma especial interés la postura que adopte la CGT.
