La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) anunció que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para reclamar por su personería gremial, anulada por un fallo de la Cámara del Trabajo que ayer fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia.
«Agotada la instancia judicial, la AGTSyP llevará su reclamo por la violación de la libertad sindical en Argentina ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la OIT, denunciando arbitrariedad en los trámites de personería gremial en el país», adelantaron los metrodelegados en un comunicado.
Además, prometieron «medidas de fuerza» si el Gobierno y la empresa los dejan fuera de la negociación paritaria.
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En el texto, además, los dirigentes apuntaron con el máximo tribunal del país: «Esta Corte que, con los nuevos jueces nombrados por el actual Gobierno, sí se expidió y rápidamente, otorgando el 2×1 a procesados por delitos de lesa humanidad, cuando se trata de los derechos de un sindicato que enfrenta las políticas del Gobierno, se niega a su tratamiento».
Y agregaron: «Pese a que la propia Cámara elevó el caso, considerando que existían argumentos suficientes para que el tribunal supremo lo tome, la Corte eludió expedirse con el flojo argumento de que el fallo de la Cámara sobre nuestra personería no constituye sentencia definitiva».
Además de la crítica a la Corte, el sindicato apuntó contra la Cámara del Trabajo al calificar de «escandaloso» el fallo original por el que le retiró la personería gremial, que había otorgado en 2015 al gremio el entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
«El trámite de personería gremial es una instancia que prevé constatar qué sindicato tiene mayor afiliación, para eso se cita a ambos sindicatos y se cuentan los afiliados. Para la Cámara, que la UTA no se haya presentado a la audiencia de conteo no merece sanción alguna», se subrayó en el comunicado.
La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había considerado que el Ministerio de Trabajo no había adoptado las medidas necesarias para dar intervención en el trámite a la UTA, permitiendo producir pruebas, lo cual significó la violación de su derecho de defensa.
El tribunal concluyó que no se había cotejado, con las garantías necesarias, que el sindicato de «metrodelegados» fuera el más representativo, es decir, que tuviese un número de afiliados superior a los de la UTA. Por ello devolvió el expediente al Ministerio.
Ayer la Corte, con las firmas de los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, dejó firme el fallo de esa Cámara, al desestimar la apelación interpuesta por el gremio, porque entendió que el fallo (que ordenó que se tramitara nuevamente el pedido de personería) no constituye una decisión definitiva.