Tras el revés sufrido en la Conferencia Ministerial de la OMC de Buenos Aires, de diciembre pasado, el gobierno volvió a la carga este año con su objetivo de firmar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), pero se topó con un obstáculo que no estaba en sus planes: las grandes empresas industriales, aliadas naturales del proyecto oficial, endurecieron su cuestionamiento a la posición de la administración de Cambiemos en la negociación, y lentamente se suman al rechazo de un convenio que vislumbran a todas luces desfavorable para el futuro de sus negocios.

La última prueba de ese descontento partió desde la Unión Industrial Argentina (UIA), que le remitió al secretario de Comercio, Miguel Braun, la semana pasada, un documento con 14 puntos «que se deberían respetar de modo de lograr un acuerdo equilibrado entre las partes». La UIA envió esos puntos «en función de la falta de información precisa con la que las negociaciones se vienen llevando en los últimos meses» y ante «las múltiples filtraciones y trascendidos».  

Con los 14 puntos, los industriales dieron a conocer su sospecha de que los negociadores no lograrán garantizar «un trato especial y diferenciado» a los países del bloque regional, que están lejos del desarrollo y la competitividad alcanzada por los miembros de la Unión Europea. También reclamaron que se garantice un tiempo prudencial de adaptación previo a la competencia sin aranceles (pidieron por «los plazos originales de desgravación»).

A su vez, los hombres del sector fabril se reconocieron preocupados sobre la posibilidad de que los europeos no abran lo suficiente sus mercados agrícolas y de alimentos a los productos argentinos. También pidieron que continúen los derechos de exportación y de las licencias de importación, entre otras medidas que protección del comercio internacional.

En el mismo sentido, manifestaron inquietud por los niveles de contenido regional en cada producto industrial que está dispuesto a aceptar el gobierno argentino. A la par, solicitaron que se limite la liberalización de los servicios públicos estratégicos para el desarrollo, y propusieron límites al acceso a las compras públicas.

Finalmente, reclamaron que se proteja y fomente la producción farmacéutica local; que no se adhiera al Tratado de Cooperación de Patentes, que «acote el margen de maniobra regulatorio nacional», y que no se obligue a cambiar los nombres de productos como los champagnes y algunos quesos en orden con los que exige la contraparte europea. Por último, pidieron la actualización de los estudios de impacto existentes.

La discrepancia es llamativa viniendo de empresarios claramente afines al proyecto de Mauricio Macri. La UIA en particular participó activamente del diseño de los proyectos de leyes previsional, laboral y tributario. Sin embargo, con este documento la UIA se sumó a las cámaras empresarias que agrupan a las pymes y a las centrales obreras que cuestionaron históricamente el acuerdo con la Unión Europea.

En la entidad fabril aseguran que la posición de Cambiemos en la mesa de negociación «es la más liberal, como si el país no tuviera nada que perder».

El contexto aporta lo suyo. En la semana que pasó, fuentes privadas dieron a conocer datos de la actividad industrial de enero entre regulares y malos. En sintonía, las estadísticas oficiales de comercio exterior confirmaron una profundización del déficit en el intercambio internacional por una suba de las importaciones de los productos finales y una caída de las exportaciones (ver página 5).

Pero además las industrias vienen acarreando los aumentos de tarifas y el recorte de recursos crediticios por parte de la administración macrista. El combo terminó por encender los ánimos en las oficinas de la porteña Avenida de Mayo.

Dos integrantes de la mesa chica de la entidad hablaron con Tiempo sobre los problemas del acuerdo con laUnión Europea.

«El gobierno sobreactúa un papel y pierde de vista la defensa de la industria nacional. En lugar de proteger, desprotege. Otorga más preferencias de las que los europeos y brasileños están dispuestos a otorgar. Tenemos la posición más liberal como si tuviéramos nada para perder», se quejó un dirigente vinculado a una de las industrias locales de mano de obra intensiva y de los rubros más sensibles a las importaciones.

El empresario lamentó que, mientras Europa tiene políticas de bajas tasas arancelarias, a la par de un entramado complejo de normas técnicas que les permite regular el comercio a conveniencia, «Argentina ni siquiera tiene la voluntad política para tomarse en serio el armado de esa política técnica de normas que le permita resguardar el mercado interno».

La Argentina, agregó, «debería focalizarse en hacer competitivo el Estado para que sean competitivos sus sectores productivos y después ocuparse de integrarse al mundo. Si se integra al mundo así lo único que viene es la destrucción productiva».

El panorama de la UIA no es homogéneo. Hay unos pocos sectores que tienen mejor rentabilidad porque se benefician de la política oficial de impulso de la obra pública. Entre estos se anotan empresas vinculadas al petróleo y la energía, al sector siderúrgico y a sectores del plástico, a la par de ciertos autopartistas y metalmecánicos.

El resto, asegura, «surfea bajo la ola» mientras el consumo interno se ameseta. «El gobierno se tiene que dar cuenta de lo que está pasando. Tiene que entender que no se pueden importar alimentos, productos de calzado, muebles, que no se puede liberar el comercio porque no hay dólares y la gente se queda sin trabajo», concluyó el industrial consultado.

Otro importante dirigente vinculado a las economías del interior reconoció que el acuerdo con la UE genera «mucha incertidumbre más allá de que el diálogo existe. No tenemos muy claro qué están negociando. El gobierno fue a la UIA y compartió poca información veraz y concreta. Hay que ver qué plantea la Unión Europea. (El presidente francés, Emmanuel) Macron no fue muy alentador para nuestros intereses», indicó.

En tanto, los especialistas se manifestaron en contra del acuerdo por «desproporcionado en contra del país». El economista, docente y consultor Mariano Kestelboim, consideró racional la posición de la UIA, aunque carente de propuestas numéricas concretas: «Deberían exigir que el tratamiento de desgravación sea igualitario, con números explícitos», aseguró.

A la par, la titular de la consultora Radar, Paula Español, subsecretaría de Comercio Exterior entre 2014 y 2015, planteó que el acuerdo «desfavorece a todos los sectores de la economía, no solo a los industriales» y lamentó que el gobierno sostenga la negociación «porque piensa que es la condición para que lleguen las inversiones que espera».

En el entorno del secretario Braun afirmaron a Tiempo que las sugerencias de la  UIA «son objetivos concretos de los negociadores oficiales», es decir, descartaron que hubiera diferencias respecto de la orientación de las negociaciones con la UE, al tiempo que negaron que hubiera secretismo o falta de información, como acusó el paper de la UIA. Al contrario, aseguraron que los industriales no sólo fueron invitados sino que participaron de las negociaciones, en un marco de «diálogo abierto con negociaciones permanentes».

En la última semana, los negociadores de ambos bloques multinacinales se entrevistaron en Paraguay, donde encontraron un ambiente similar: en el país vecino, la Unión Industrial local (UIP) envió un comunicado al gobierno reclamándole que no firme el acuerdo con la UE (ver aparte).

INTI, créditos y tarifas

La situación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) también preocupa a los industriales y otros especialistas, quienes la inscribieron en el marco el acuerdo con la Unión Europea.

Los dirigentes de la UIA consultados resumieron que «el INTI juega un rol central en la economía local y es una de esas áreas públicas que no se puede delegar en manos de los privados. Hay que desarrollar  un instituto que defienda la soberanía productiva». 

Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, relacionó el desguace del organismo con la intención de Cambiemos de ir al libre comercio con Europa. En ese  marco, explicó la intervención de la empresa vasca Tecnalia en la vida del instituto: «Justo en el momento en que se negocia la apertura con Europa viene esta empresa a hacer un master plan en el organismo más importante que tenemos de apoyo a la industria». Para Ponce, de esa manera, «la UE se asegura quedar de los dos lados del mostrador».

En la primera reunión del año del Comité Ejecutivo de la UIA, realizada el martes pasado, se habló de otros dos temas que el sector industrial agita desde principios de año. Uno de ellos es la caída de la Línea de Financiamiento para la Producción y la Inclusión Financiera, que obligaba a los bancos a emplear títulos públicos de su cartera para garantizar fondos públicos que se canalizaban a través de las entidades financieras y alimentaban líneas de créditos productivos.

El otro tema de reclamo es el impacto de la suba de las tarifas de electricidad y gas en las cuentas de las industrias. Es notable: los industriales respaldaron la suba de las tarifas y la quita de subsidios que impulsa el gobierno, con la idea de que se derivarían esos mayores precios sobre los clientes residenciales. Eso sucedió y provoca reclamos (ver página 18). Pero a los industriales también les llegó la ola. 

Las claves del documento de la UIA

* La UIA aseguró que hay «falta de información precisa» y, en cambio, existen «múltiples filtraciones y trascendidos».

* Los 14 puntos del documento «se deberían respetar» a fin de «lograr un acuerdo equilibrado entre las partes». 

* «Trato especial y diferenciado» en favor de los países del Mercosur es el primer punto del reclamo.

* También se pide «mayor acceso al mercado de bienes agrícolas y alimentos procesados».

* «Eliminación de subsidios europeos a la producción de bienes agrícolas» es otro de los reclamos que no ha figurado en la agenda del gobierno.

* Flexibilidad: los industriales piden que se puedan suspender temporalmente las preferencias arancelarias en favor de la UE a fin de proteger «industrias nacientes».

* Control: los industriales solicitan medidas de control para evitar que los europeos triangulen productos de otro origen.

* Continuidad del pago de derechos arancelarios: la UIA solicita el mantenimiento de los esquemas de devolución de impuestos y tarifas a los exportadores.

* Límites al acceso al mercado de compras y contrataciones públicas: «La UE solicita un grado de apertura inusitado», dicen los industriales.

En Paraguay también

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) divulgó, también la semana pasada, una nota enviada al presidente Horacio Cartes en la que criticó la propuesta comercial de la Unión Europea y sostuvo que el acuerdo entre el Mercosur y ese bloque sólo debe ser firmado «con una cobertura comercial coherente» y beneficios para todos los sectores de la economía del Mercosur.

«La industria de nuestro país y de la región no puede ser ofrecida como ‘moneda de cambio’ para un acceso tan bajo al mercado europeo. A fin de cuentas, ellos ni siquiera consiguen entregar la misma propuesta que ya habían presentado en 2004, cuotas bien menores para carne, etanol y otros», dijo la nota.

Los industriales paraguayos cuestionaron también lo que consideraron una imposición de medidas negociadas por la Unión Europea con terceras partes.

La agencia de noticias Reuters consignó que el gobierno paraguayo no respondió las críticas de los industriales. «