El proyecto del Frente de Todos para crear un impuesto específico de emergencia destinado a pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional reavivó la discusión sobre el esquema tributario argentino y quiénes son los que cubren los gastos para mantener el funcionamiento y las obligaciones del Estado. De acuerdo a la norma que proponen los senadores oficialistas, el “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI” se nutriría del aporte a realizar por quienes tengan dinero en el exterior y no esté declarado ante el Fisco, con una alícuota del 20% sobre esos fondos que se incrementaría a 35% si antes de pasados los seis meses no se realizó el pago correspondiente.

Se trataría de un impuesto muy particular, ya que no se aplicaría según el patrimonio de los contribuyentes sino sobre el lugar en donde lo tienen guardado y si está declarado o no. “Más que un tributo, es una penalidad”, sugirió el senador Oscar Parrilli, uno de los que firmó el proyecto de ley. Por la circunstancia excepcional que motiva su creación y el reducido grupo de contribuyentes al que está dirigido, el gravamen proyectado guarda cierta relación con el impuesto a las grandes fortunas que creó el gobierno durante la pandemia de Covid-19, que estuvo orientado específicamente hacia quienes tenían patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.

De manera coincidente, el CEPA (Centro de Economía Política Argentina) elaboró un trabajo sobre los ingresos y gastos del sector público nacional. Allí se analizan la presión tributaria y el peso que en la recaudación fiscal tienen los impuestos progresivos, entendiendo como tales los que se basan en el ingreso y el patrimonio de los ciudadanos; los típicos son Ganancias, impuestos a la propiedad y al comercio exterior. Del otro lado quedan los regresivos, que penalizan a todos los contribuyentes por igual, sin importar su condición ni posibilidad de pago; el ejemplo típico es el IVA incluido en el precio de casi todos los alimentos básicos.

De acuerdo a los datos consignados en el estudio, la presión tributaria, definida como la relación entre la recaudación impositiva y el producto bruto del país, promedia el 29% del PBI. Ese valor se mantuvo relativamente estable a lo largo de la última década y apenas dos puntos porcentuales por debajo del máximo de 31% alcanzado entre 2012 y 2016. Sin embargo, el índice de progresividad (es decir, el peso de los impuestos progresivos en el total de la recaudación) subió del 34% en que estaba estacionado entre 2016 y 2018 al 41% actual.

El incremento está relacionado con las mayores alícuotas aplicadas sobre Bienes Personales, un impuesto que el macrismo había intentado reducir hasta proyectar su desaparición a mediano plazo: el 0,25% que se pagaba en 2018 se transformó, para los casos extremos, en el 1,75% actual. También impactó la creación del Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, que significó para el fisco un ingreso extraordinario de $ 243 mil millones en 2021. Es de presumir que los elevados precios internacionales de la soja, el trigo y otros granos que produce el país harán subir también la entrada fiscal por derechos de exportación.

“Si consideramos como progresivos al Impuesto a la Ganancias, Bienes Personales, Derechos de Exportación y al Aporte Solidario a las Grandes Fortunas, se puede afirmar que la progresividad del sistema aumentó en 2019 y 2020. Al mismo tiempo se observa que la presión tributaria no creció considerablemente, sino que se mantiene casi estable. En definitiva, podría concluirse que hay un reparto más justo en la recaudación tributaria, ya que se logra recaudar más de quienes más pueden aportar”, concluye el documento del CEPA.

El tema cobra actualidad porque el programa concertado con el Fondo Monetario Internacional incluye la promesa de las autoridades de bajar fuertemente el déficit fiscal. El gobierno ya dijo que su intención para cumplir esa cláusula no es reducir el gasto sino, por el contrario, mejorar los ingresos.

Esa fue la teoría que defendió la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en su reciente presentación en el Senado cuando se debatía ese acuerdo. “La reducción del déficit fiscal no está pensada de la forma tradicional, que es a través de un recorte del gasto público, sino a través de la mejora de los recursos tributarios y en particular con el aporte de los sectores de mayor capacidad contributiva”, dijo la funcionaria ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta. “Uno de los tributos más progresivos es el impuesto a los Bienes Personales, que gracias a la reforma de finales de 2019 recuperó parte del terreno que había cedido con las modificaciones regresivas del gobierno anterior”, ejemplificó.