La estrategia oficial de redoblar la ofensiva contra las organizaciones sindicales como respuesta a cualquier medida de fuerza no es nueva.

El mismo día en que la CGT realizó el único paro general contra la administración macrista, el pasado 6 de abril, el Boletín Oficial publicaba por la mañana una resolución en la que establecía una serie de disposiciones tendientes a regular las elecciones de los sindicatos y, de esa forma, desafiar el poder de las cúpulas sindicales.

En la disposición 7-E/2017 el Ministerio de Trabajo ordenaba la implementación del voto electrónico, el cumplimiento del cupo femenino en forma rigurosa, la inhibición de las candidaturas de dirigentes con causas judiciales abiertas, la regulación de las juntas electorales y un mayor control estatal de las cuentas y las reformas estatutarias que impulsaran los sindicatos.

La resolución, firmada por el secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas, fue girada para su ejecución a la Dirección de Asociaciones Sindicales, entonces a cargo de Horacio Pitrau. El mismo funcionario que ahora, y luego de la marcha del pasado martes, ha sido designado viceministro de Trabajo en reemplazo de Ezequiel Sabor.

La resolución oficial implicó una intromisión mayor del Estado en la vida de los sindicatos, una política que se potencia con el ascenso de Pitrau. Se trata de una tendencia que coarta la posibilidad de que los sindicatos puedan renovarse a partir del debate y la participación de sus bases.

En el medio, y desde esa dirección de la cartera laboral, Pitrau ha sido el encargado de disponer y monitorear la intervención de varios sindicatos, como el de Canillitas, a cargo de Omar Plaini, o el sindicato de vigiladores privados (UPSRA), entre otros.

Horacio Pitrau representa la punta de lanza para una ofensiva abierta del ministerio contra la CGT y, en particular, contra el sector vinculado con el moyanismo. El propósito es el de mantener a raya a los sectores que se muestran  díscolos y dar aire a los que se inclinaron por la suspensión de la movilización y no son proclives a un nuevo paro general.

Su paso por la Dirección de Asociaciones Sindicales también es cuestionada por los abogados laboralistas. León Piazek, dirigente de la Asociación de Abogados Laboralistas, señaló a Tiempo que «no tengo una buena imagen. Se le critica que fue abogado de Shocklender, algo irrelevante. Lo que importa es que como director de Asociaciones Sindicales hizo una gestión pésima. Ha sido muy difícil tramitar cualquier gestión sindical. No intervino debidamente cuando se pedía que solucionara conflictos de personerías o encuadramientos. Para nosotros está blindada la dirección de Asociaciones Sindicales». 

A pesar de eso, dirigentes de la CGT se mostraron esquivos a la hora de opinar sobre el flamante segundo de Triaca. Un dirigente de la Comisión Directiva de la CGT que estuvo en el palco el pasado martes, señaló a este diario que «al rengo hay que verlo caminar. Si nos vamos a guiar por los antecedentes, nos quedamos sin funcionarios. Veremos qué tipo de trabajo hace. El gobierno tiene la potestad de designar funcionarios». La consideración deriva en una formalidad para evitar caracterizar correctamente la movida oficial.

Sergio Sasia, enrolado en el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), que no participó de la marcha, señaló a Tiempo que «así como no recomendamos funcionarios, no opinamos de las designaciones». Si bien en el entorno de Juan Carlos Schmid prefirieron mantener ese perfil cauto a la hora de caracterizar la designación, en diálogo con el programa del periodista Luis Novaresio en radio La Red, Schmid advirtió que «las victorias no son buenas consejeras, a veces se aprende más de los fracasos». Además, desafió al Poder Ejecutivo: «Siempre hemos dicho que los que están en la Rosada son inquilinos, los dueños de la república somos el resto del pueblo». «

El Ministerio de Trabajo no actualizó el monto de sus programas sociales con el salario mínimo

En diciembre de 2016, en las reuniones entre el gobierno nacional y las organizaciones sociales para debatir la Ley de Emergencia Social, uno de los temas que se acordaron fue el de establecer un «enganche» entre los programas sociales con los incrementos del salario mínimo vital y móvil. Hasta ese momento, las actualizaciones de los subsidios se establecían a través de decretos y resoluciones.

La Ley de Emergencia Social, finalmente, estableció taxativamente ese vínculo para el caso de los nuevos programas que tomaron el nombre de Salario Social Complementario. Así, la ley establece que el monto de ese beneficio se fija en un 50% del salario mínimo vital y móvil. Como la idea es reconvertir paulatinamente los programas existentes como el Argentina Trabaja a esta nueva modalidad, la letra de la ley no los incorporó explícitamente, aunque los funcionarios aseguraron a las organizaciones que ese criterio también regiría para los programas que dependen de Desarrollo Social y los de la cartera laboral. 

Ese acuerdo de palabra se puso a prueba en el cobro de los haberes del pasado mes cuando entró en vigencia el primer aumento del mínimo que dispuso el Ejecutivo mediante un laudo en la última negociación del Consejo del Salario Mínimo y que lo llevó desde $ 8060 hasta $ 8860.

En el caso de los más 350 mil planes Argentina Trabaja vigentes y dependientes de Desarrollo Social, ese acuerdo se cumplió.

Sin embargo, para el caso de los alrededor de 40 mil beneficiarios del Programa de Trabajo Autogestionado, esa actualización fue omitida a pesar de que, en diciembre de 2016, sí habían sido llevados a $ 4050 equivalentes al 50% del mínimo de entonces. Lo mismo ocurrió con los 360 mil beneficiarios del resto de los subsidios dependientes de la cartera laboral como, por ejemplo, el Construir Empleo. 

Cristian Miño, presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, confirmó que «no los aumentaron. Lo que dicen que quieren hacer es llevarlos a todos al salario social complementario, a medida que se vayan produciendo los vencimientos semestrales. Ahí deberían actualizarlos». «