Con los controles de precios por 90 días para más de 1.400 productos, lo que el gobierno busca es que los distintos eslabones de las cadenas de valor no se apropien de los esfuerzos que se hacen para recomponer el poder adquisitivo y cumplir el objetivo —establecido en el Presupuesto— de que los salarios le ganen a los precios. De lo contrario ese objetivo se transforma en una meta de difícil cumplimiento.

Las principales cámaras empresariales rechazan que el gobierno avance con este plan y con todo un conjunto de regulaciones que se precisan. La Asociación Empresaria Argentina comunicó que “es una medida muy negativa para el funcionamiento habitual de las empresas establecidas en nuestro país” y —agregó— “desalienta la realización de inversiones productivas y la generación de nuevos empleos por parte del sector privado”.

En esta línea, en la columna económica habitual de un medio de gran tirada se habla de que el objetivo de la política de precios del gobierno es “culpar a los hombres de negocios de la indomable inflación” y que esto ocurre porque “el gobierno recalentó los precios”, intentando instalar la responsabilidad de la inflación en las políticas públicas y no en las grandes empresas formadoras de precios.

Además, no hay que dejar de prestar atención a que estamos en presencia de una oposición cuyo único plan inmediato es electoral y apunta a que no le vaya bien a la actual gestión. En este marco, la candidata María Eugenia Vidal señaló que “es difícil que hoy la oposición pueda adelantar un plan económico”. Dejando claro que su único objetivo es oponerse a las políticas actuales: las únicas políticas que tienen son las que ya aplicaron, y dado que la única autocrítica que hicieron es que éstas fueron muy graduales, seguramente las aplicarían con mayor profundidad.

Respecto de la línea que sigue el gobierno, en ningún momento se pretende que las empresas trabajen a pérdida, aunque si en algún caso así fuera sería una buena oportunidad para que abran sus libros y muestren dónde están los problemas.

En cuanto a las causas de la inflación, incluso el FMI volvió a mencionar en estos días que son multifacéticas. Un enfoque muy diferente del que aparecía en los documentos que el organismo internacional firmaba con el anterior gobierno, considerando que la inflación era un fenómeno monetario y que había que combatirla congelando la emisión. Pero ésta por sí sola no genera inflación; detrás de las remarcaciones que se observan hay decisiones injustificadas que de ninguna manera pueden interpretarse como derivadas de las políticas públicas. En verdad, responden a la puja distributiva y a la concentración económica.

Las políticas que implementa el gobierno están orientadas a que crezca la actividad y, a través de medidas redistributivas, aumenten los ingresos de la población. Si le decimos sí al consumo, le decimos sí al trabajo.

El jueves se informó que en agosto la actividad económica superó por primera vez los niveles de febrero de 2020, antes de la pandemia de Covid-19, y que prácticamente todos los sectores registraron incrementos. Existe una mayor actividad económica porque la situación sanitaria permitió relajar las restricciones, porque se renegociaron paritarias a la suba, porque hay necesidades insatisfechas, todo lo cual derivó en una mayor demanda de bienes de consumo. Esto no debiera llevar a una aceleración de la inflación, más aún cuando la industria se encuentra con más de un tercio de su capacidad instalada ociosa.

Es por ello que el secretario de Comercio, Roberto Feletti dice: “ganen por cantidad (por volumen), no por unidad”. Ya que existe una elevada capacidad ociosa instalada, es posible abastecer la nueva demanda con una mayor producción, lo que generaría nuevos empleos y, por lo tanto, nuevos consumidores.

Para que las mejoras que muestran los indicadores lleguen a la gente hacen falta medidas que protejan el poder de compra, y a ello apunta el congelamiento que se anunció.

El tema, vuelvo a repetir, es quién es la locomotora y quién es el vagón. De hecho, las paritarias del primer semestre seguían la línea de la inflación presupuestada y tuvieron que ser reabiertas en el segundo semestre para recomponer lo que se viene deteriorando el poder adquisitivo. Un perjuicio que resulta aún mucho más grave es la gran proporción de trabajadores/as que se desempeñan en la informalidad.

Terminar con el doble discurso

Respecto de la frase que se trató de instalar hace unas semanas, “la platita que le están entregando a la gente”, se impone una reflexión a la luz de los acontecimientos actuales: ¿cuál es el problema de reabrir las paritarias y seguir con las ayudas económicas a los sectores más vulnerables (personas humanas y pequeñas empresas), que justamente tiene como objetivo que la ciudadanía mejore su poder adquisitivo? Eso se hace con dinero. No es serio indignarse porque en Argentina hay un 40,6% de pobres y criticar a la vez medidas que pretenden darle más recursos a la ciudadanía.

En una de sus últimas presentaciones, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, señaló que “por primera vez en dos décadas, la pobreza extrema está aumentando”. Al analizar las consecuencias de la pandemia, aseguró que “devastó las economías y las sociedades de todo el mundo, con unos 120 millones más de personas cayendo en la pobreza el año pasado”.

Estas preocupantes estadísticas, vale la pena aclarar, son más que eso. Describen una situación desesperante para millones de personas que, en pleno siglo XXI, no tienen siquiera acceso a una alimentación digna. Guterres advirtió que la desigualdad es de larga data, y destacó que “incluso antes de la pandemia, los 22 hombres más ricos del mundo poseían más riqueza que todas las mujeres de África, y esa diferencia no ha hecho más que aumentar”. No caben dudas de que la pandemia dejó un mundo más desigual en términos de riqueza, y que generó una transferencia de recursos inédita hacia los que más tienen. Esta situación requiere ser modificada, aunque en todas partes, incluyendo a la Argentina, el poder económico concentrado expresa sus resistencias.

En este marco, la resolución publicada por la Secretaría de Comercio Interior justifica la implementación de controles en tanto “se han advertido y verificado aumentos generalizados en el precio de venta de productos tanto de alimentos para la población, así como también de productos de higiene y cuidado personal; los que resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción. Este aumento general de precios afecta especialmente el bienestar general de la población”.

La concentración del poder económico en pocas manos es uno de los principales problemas a resolver y requiere de la aplicación de políticas que implican regulaciones. La “mano invisible” del mercado que asigna recursos de forma eficiente es como los Reyes Magos, no existe. Los que predominan son sectores concentrados que en general tratan de maximizar las ganancias, a costa de los/as consumidores/as y los hogares. Para modificar esta injusta distribución de la riqueza está el Estado, y por ello es que el actual gobierno está tratando de defender a las y los más débiles, que necesitan de la protección de las leyes. Para hacerlo se necesita mejorar la relación de fuerzas; ni más ni menos, lo que está en juego en las próximas elecciones.