El gobierno nacional ha puesto buena parte de sus esperanzas en la próxima cosecha de soja y maíz. Esto porque el esquema de déficit cero acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) requiere de una buena recaudación de impuestos por exportaciones.

En los últimos días esas necesidades se vieron amenazadas por dos cuestiones que encendieron todas las alarmas: la menor entrega de granos de los productores a las industrias procesadoras y a las agroexportadoras y, a la par, el fenómeno de las lluvias que amenazan con afectar la producción de las zonas más ricas del país.

Según datos de la Secretaría de Agroindustria, en la semana que va del 9 al 16 de enero pasado, los productores de soja les vendieron a los exportadores y a la industria procesadora un total de 4,13 millones de toneladas, apenas un 57% de los 7,19 millones de toneladas vendidas en la misma fecha de la campaña anterior.

El hecho coincidió con una época de malestar de los productores respecto a la política económica de Cambiemos que se empezó a manifestar desde el regreso de las retenciones a las exportaciones que la administración dispuso no sólo para las agropecuarias sino también para las industriales, que afectan también a las aceiteras y harineras.

En los últimos meses de 2018 y en los primeros días de este año las declaraciones críticas de referentes ruralistas abundaron y, en ese contexto, la asociación de la caída de las ventas con una posible decisión de los empresarios rurales para forzar medidas sectoriales estuvo a la orden del día.

Los medios tomaron nota del debate. Analistas consultados por el diario La Nación vaticinaron que el Estado se quedará con unos U$S 9192 millones por impuestos a las exportaciones de soja y maíz, muy por encima de la recaudación del ciclo anterior. En tanto, el matutino BAE Negocios tomó una posición divergente, al advertir que los productores no van a vender hasta que el dólar suba junto con el precio internacional.

En diálogo con Tiempo, el economista de la Federación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), David Miazzo, cambió el foco de la discusión cuando señaló que «hoy la preocupación de los productores son las inundaciones» que ponen en duda el resultado de la campaña 2018/19.

El analista reconoció que el tema «en parte es una cuestión de mercado pero está pegando la incertidumbre. El dólar y el precio también influyen porque a mayor precio y a mayor tipo de cambio más rápido se vende, pero la actitud del promedio de los productores es ir vendiendo a medida que van necesitando efectivo. En 2018, el dólar aumentó pero no salieron a liquidar», comparó.

En cambio, el problema de las inundaciones creció y trasladó su amenaza desde las provincias del Litoral a los campos de la llamada zona núcleo.

Mónica Ortolani, directora de la consultora Tónica Online, también apuntó que la situación ambiental «es grave porque hay zonas de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe muy complicadas» y explicó que las lluvias pueden «afectar el desarrollo de los cultivos, la cosecha y la logística, es decir, a la economía del productor que pierde lo que sembró y se queda con las deudas. Se necesitan obras que hace décadas no se hacen y que además afectan a la ganadería».

Respecto de la influencia de las retenciones, el valor del dólar y el de los granos en la decisión de venta de los productores, Ortolani opinó que en realidad «el productor está prefiriendo hacer caja con el trigo que tiene mejor precio actual y con perspectivas bajistas en el corto plazo», por lo que retiene soja «que tiene perspectivas más alcistas por el impacto que puede tener el recorte de unos 5 millones de toneladas de la producción de Brasil. Además, de la campaña anterior sólo quedan 4 millones de toneladas de soja por comercializar, cuando de trigo actual quedan alrededor de 8 millones», comparó.

Un portavoz de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) le dijo a Tiempo que luego de la igualación de retenciones entre la producción de soja y la industrialización, junto con la aplicación del derecho de cuatro pesos por dólar exportado, la agroindustria «perdió capacidad de compra». La consecuencia, agregó, es que «el productor de soja pierde alrededor de 10 dólares por tonelada en el precio que obtiene por su producto». «