El Banco Central recibirá esta semana unos U$S 4350 millones en derechos especiales de giro (DEG) emitidos por el Fondo Monetario Internacional. Se prevé que la acreditación se produzca este lunes. La remesa formará parte de la asignación especial por U$S 650 mil millones que ese organismo realizará para incrementar la liquidez internacional y que repartirá entre sus países miembro de acuerdo al capital integrado por cada uno.
Con esos fondos frescos, el gobierno cancelará la primera cuota de capital del préstamo stand by otorgado en 2018, por algo más de U$S 1900 millones, que vence en septiembre. «Los DEG llegan a la cuenta del Tesoro del Banco Central, vas a tener un aumento de las reservas porque se contabilizan allí. Vamos a utilizarlos para el pago de la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, de los vencimientos que hay de acá a fin de año», confirmó en los últimos días la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, al portal El Diario.Ar.
Las palabras de Todesca ratifican la decisión política que transmitió la vicepresidenta Cristina Fernández hace un mes, en la presentación de precandidatos oficialistas para las PASO de septiembre. Allí se puso fin al largo debate interno en el seno del oficialismo entre quienes intentaban utilizar esos fondos para apalancar programas de reactivación económica, posición que enarbolaba el ala política del gobierno, y los que priorizaban usarlos para estar en regla con el Fondo sin afectar las escasas divisas guardadas, como defendían sin levantar el tono de voz el ministro de Economía, Martín Guzmán, y sus allegados.
Si bien es un activo reconocido de manera internacional, el DEG no es una moneda en sí mismo, ya que no se utiliza para operaciones comerciales y su acceso está vedado al sector privado. «Es un derecho potencial sobre un conjunto de monedas, que puede proporcionar liquidez a los miembros del FMI; esto es clave para que los DEG sean activos de reserva», explican Horacio Aguirre y Federico Grillo, economistas del Banco Central, en un paper reciente.
Según señala el documento, los DEG pueden conservarse como parte de las reservas internacionales o bien ser cambiados contra monedas de libre uso, generalmente a través de un mercado voluntario coordinado por el propio FMI en el que una treintena de países, además del Banco Central Europeo, actúa como «hacedores de mercado» para garantizar la liquidez. «¿Contra qué monedas se pueden cambiar los DEG? Aquellas que el FMI considera de libre uso: las que tienen una utilización amplia en las transacciones internacionales», agrega el texto en referencia al dólar, el euro, la libra esterlina, el yen y el renminbi chino. Una ponderación de esa cesta de monedas es la que define el valor del DEG (en la actualidad oscila en los 1,42 dólares).
También hay una tercera opción: pagar las deudas con el propio organismo. Ese es el camino elegido. Por eso los DEG permanecerán en las reservas del Banco Central. La decisión de no sacarlos de esa caja evitará una consecuencia adicional que podría causar su intercambio por divisas duras: la posterior emisión de pesos que debería realizar el BCRA para comprarle los dólares al gobierno, si este quisiera usarlos para expandir el gasto público o conjugar su déficit primario. En estos días, poner más pesos en la calle podría generar mayores presiones en el de por sí sensibilizado mercado cambiario.
Negociaciones
De todas maneras, la expectativa del Palacio de Hacienda es que ese depósito solo se use para pagar la cuota de septiembre. La segunda, que corresponde a diciembre, quedaría incluida en el nuevo acuerdo de facilidades extendidas que reprogramará los vencimientos de los casi U$S 43 mil millones restantes, a diez años de plazo, con cuatro y medio de gracia y con intereses reducidos. En el entorno de Guzmán consideran que un buen mes para cerrar ese programa sería noviembre, porque para esa fecha el directorio del Fondo ya habría aprobado la reducción de sobretasas, concepto por el que Argentina ahorraría unos U$S 900 millones anuales. Además, pasada la elección legislativa, el oficialismo tendría el camino abierto en el Congreso para aprobar el acuerdo, tal como lo fija la ley sancionada a instancias del propio Ministerio de Economía. El visto bueno de Estados Unidos y los principales países europeos, obtenido tras la larga rosca política de los últimos meses, aceleraría las formalidades pendientes. «
Déficit en solo 0,7% del PBI
El Ministerio de Economía informó que el déficit primario del Sector Público Nacional acumulado desde enero es de $ 306.668 millones, lo que equivale a 0,7% del PBI. El dato fue difundido con el informe mensual de julio, en el que se consignan ingresos por $ 738.447 millones, erogaciones por $ 856.187 millones y un saldo negativo de $ 117.739 millones.
A pesar de su magnitud, y de que las proyecciones para la parte final del año son negativas por cuestiones estacionales y por las necesidades para solventar los programas en marcha, el rojo primario es muy inferior al que se había previsto en el Presupuesto 2021, que estaba fijado en el 4,5% del PBI.
A esos números hay que agregarles los intereses por la deuda pública (fueron $ 64.585 millones en julio), que elevan el déficit financiero en lo que va de 2021 a 1,6% del PBI.
Aun así, todo indica que el ajuste fiscal fue muy fuerte en el primer semestre y que el gobierno se encamina a sobrecumplir las metas que había divulgado en el Presupuesto que sancionó el gobierno a fines del año pasado.
