Ley de Solidaridad: el gobierno apunta al equilibrio fiscal

Con la aprobación de la Ley de Solidaridad Social por parte del Senado en la madrugada de ayer, el gobierno nacional logró una importante victoria. Desde el punto de vista político, el oficialismo logró sortear una serie de cuestionamientos que partieron desde sus propias filas. Los docentes fueron un puntal en ese sentido al ver que se comprometían las nuevas jubilaciones con el 82% del salario del activo. También se cuestionó que el gobierno aceptara retroceder en la suspensión de la movilidad jubilatoria del Poder Ejecutivo y de los jueces de la Corte Suprema. La respuesta posterior fue la extensión de las sesiones extraordinarias del Congreso y la afirmación del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, de que «el ajuste también llegará a la política» (ver página 5).

La aprobación de la ley es también el trampolín para que el ministro de Economía, Martín Guzmán, arranque formalmente las conversaciones con los acreedores de la deuda pública. De hecho, la ley establece que el primero de sus objetivos es «crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos».

Desde Economía aseguraron a Tiempo que por el momento no está previsto que Guzmán viaje a Washington a entrevistarse con el FMI, pero ese plazo lo limitaron a la Navidad. El viaje podría programarse para después de las Fiestas.

En busca del equilibrio

Guzmán mostrará a los acreedores y al FMI que con la Ley de Solidaridad aprobada se acerca a dos objetivos básicos: que el déficit fiscal previsto para 2020 se pueda reducir a una mínima expresión y que dispondrá de fondos para pagar la deuda pública.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calculó que antes de la Ley de Solidaridad, el déficit fiscal primario de 2020 (sin contar el agujero que genera el pago de intereses de deuda y eventualmente de capital) alcanzaría al 1,6% del Producto Bruto Interno. Traducido en plata, equivaldría a unos 430 mil millones de pesos.

Para reducir ese bache, el gobierno logró la suspensión de la reforma tributaria nacional de 2017 (en lo que hace a la Seguridad Social) y la Ley de Movilidad Jubilatoria. Ambas medidas implican un «ahorro» en el resultado primario equivalente a un 0,77% del PBI (unos 167 mil millones de pesos), señala el IARAF.

Del otro lado, se generan ingresos extra por el paquete de medidas impositivas. Entre las más relevantes está el aumento de las retenciones, que agregaría ingresos por un 0,4% del PBI (unos $ 87 mil millones), el aumento de Bienes Personales (aportaría 0,27% del PBI, o 59 mil millones de pesos), el nuevo impuesto a la compra y ahorro minoristas en dólares (un 0,31% del PBI, o 67 mil millones de pesos); a las que se agrega el resto de medidas, como los cambios en impuestos Internos a los automotores y motos y en el impuesto al Cheque, y cambios en Ganancias sobre renta financiera, que en conjunto podrían tener efectos compensatorios entre sí. Lo relevante es que en conjunto todo el paquete de mayores ingresos aportaría 1% del PBI o 220 mil millones de pesos, indica IARAF.

Si a estos ingresos se les detraen los nuevos gastos (el bono a los jubilados y la devolución del IVA a los consumos realizados a través de la tarjeta alimentaria), el déficit fiscal final sería de sólo el 0,1% del PBI, es decir, de unos 21 mil millones de pesos, una cifra manejable.

Presión social

Con todo, este escenario podría cambiar si la presión social deriva en que el gobierno acepte incrementar el gasto público, especialmente en lo que hace a la movilidad jubilatoria. En marzo otorgará el primer aumento de 2020 que, según los expertos, no deberá ser menor al 11,5% ya que ese es el incremento que surge de la movilidad ahora suspendida pero que ya está devengada, es decir, es un derecho adquirido.

IARAF apunta que también podría impactar en este resultado la posibilidad de que el gobierno acepte «compensar» a las empresas de luz y gas con un subsidio para paliar el congelamiento de tarifas.

El objetivo del gobierno de Alberto Fernández sería, entonces, mostrar la sustentabilidad del gasto público en un nivel similar al de este año. «Mostraría que puede expandir la economía sin incrementar el gasto», definió el IARAF. Pero este ejercicio matemático deberá enfrentar la cruda realidad de la puja distributiva. «

En su texto final, la Ley 27.541 consta de 88 artículos y regirá desde su publicación en el Boletín Oficial. El más extenso de sus 11 títulos es el cuarto, que  detalla todas las modificaciones impositivas. La novedad es la creación del impuesto PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), que establece una tasa del 30% a la compra de divisas extranjeras para atesoramiento o sin fines específicos. Allí se dispone cómo se repartirá lo recaudado: 70% para financiar los programas de la Anses y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y 30% para planes de vivienda social y obras de infraestructura.

Pero además se modifican alícuotas y bases imponibles de contribuciones patronales, Internos, Bienes Personales, Ganancias y Tasa de Estadística. Además, se establece un régimen de regularización de deudas para pymes y microempresas de hasta 120 cuotas y permite a la Afip realizar reintegros a sectores vulnerables. En tanto, los artículos 52 y 54 establecen valores máximos a las retenciones: el mayor será 33% para el poroto de soja.

Un aval para renegociar la deuda pública

La Ley de Solidaridad permitirá al gobierno disponer de U$S 4.571 millones adicionales para atender la deuda pública. Lo hará a través de una emisión de letras a diez años que colocará en el Banco Central, con las que adquirirá divisas de ese organismo. Esos dólares sólo podrán ser aplicados al pago de deuda en moneda extranjera. De la misma manera, el texto faculta al Ejecutivo a realizar «las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública», informando de sus actos a la Comisión Bicameral parlamentaria.

La Ley de Solidaridad también implantó la emergencia sanitaria. Esta situación privilegia algunos programas de salud, como los de protección de la madre y el niño y la detección de enfermedades crónicas. El plan busca la descentralización de la atención. Las prepagas escaparon a un impuesto.

CRÉDITOS UVA

El Banco Central evaluará los créditos indexados por las unidades de valor adquisitivo (UVA) para comprar viviendas y autos. Puede haber cambios fuertes: la ley autoriza a la entidad a «estudiar mecanismos para mitigar sus efectos negativos, atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor».