El gobierno nacional prepara una reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo, para lo cual es inminente el ingreso al Congreso de un proyecto confeccionado por la nueva gestión de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), que comanda Gustavo Morón.
El texto oficial apunta a perfeccionar los mecanismos adoptados por la reforma de la ley, impulsada por el kirchnerismo en 2012, y que fuera aprobada con el voto de los legisladores del PRO, entonces opositores. En aquel momento el objetivo había sido el de clausurar la denominada «doble vía» por la cual los trabajadores y sus representantes legales habían explotado las grietas de la reforma de 1996 implementada por el menemismo. Aquella reforma que creó las ART tuvo el propósito de deslindar la responsabilidad empresaria de la seguridad en las firmas al pasarla a las aseguradoras. Amparados en la Constitución, los trabajadores no sólo cobraban la indemnización de las aseguradoras sino que, además, podían iniciar acciones legales en el fuero laboral contra sus patronales reclamando las indemnizaciones por daños.
En esas condiciones, las patronales consiguieron deslindar su responsabilidad de garantizar las condiciones de seguridad (las ART disminuyeron las exigencias con el propósito de obtener mayores clientes), pero siguieron recibiendo demandas judiciales por indemnizaciones. Y tras un fuerte lobby lograron la reforma de 2012 que, fundamentalmente, eliminó la doble vía y obligó al trabajador que accionaba legalmente a acudir al fuero civil.
Ahora, los representantes de las ART aseguran que esa reforma sólo logró trasladar el blanco de los juicios desde las empresas hacia las aseguradoras con eje en el cuestionamiento del monto de la indemnización que había sido actualizado en ese año. Por eso, la propuesta oficial apunta, como en 2012, a limitar o impedir la acción judicial de los trabajadores por encima de la prestación de las aseguradoras.
Según la SRT, en la actualidad hay en curso 300 mil juicios por demandas valuadas en unos 5 mil millones de dólares. De un año a otro, según la entidad, los juicios crecieron un 7% y se espera un aumento del 14% hacia 2017.
La ley inicial de 1996 se gestó al calor de las leyes de flexibilidad laboral y de la creciente tercerización que fueron el núcleo de la política orientada a maximizar las ganancias patronales.
Para Carlos Pajoni, de la Asociación de Abogados Laboralistas, «la reforma del 2012 fue hecha en función de los intereses y el lobby de las ART». Ahora, continuó, «hay una tendencia en favor de confinar los diferendos en el fuero de la Seguridad Social donde tramitan las acciones jubilatorias. Eso limitaría notablemente la capacidad de acción. Así era en la primigenia ley que sólo admitía la acción civil si había dolo de la empresa. Fue modificado por los fallos de insconstitucionalidad de la Corte. En 2012 lo confinaron al fuero civil».
Según, Juan González Gaviola, ex titular de la SRT, la reforma de 2012 que se votó bajo su gestión «fracasó, lejos de bajar los juicios, los incrementó y, más allá de los objetivos que eran los de reparar los daños a favor de los trabajadores, abrió una posibilidad de que empezaran hacer juicios que no estaban fundados. La responsabilidad es del Poder Judicial que no estableció igualdad de derechos ante la ley: las sentencias sobre casos iguales fallan con diferencias de hasta un 1000%».
Néstor Pitrola, diputado del FIT-PO y miembro de la Comisión de Trabajo, remarcó su oposición al proyecto oficial y aseguró que »plantearemos la eliminación definitiva de las ART, que mantienen los mismos niveles de siniestralidad desde su fundación y que han embolsado según su último ejercicio más de tres mil millones de pesos a costa de la salud de los trabajadores. Queremos volver a la Ley de Accidentes de Trabajo anterior a la flexibilización menemista». concluyó.
Movilización de cooperativas el 20
La Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) se movilizará el próximo miércoles 20 en reclamo por la continuidad de los programas públicos para las cooperativas de trabajo de todo el país. La actividad se realizará junto a otras organizaciones sociales y gremiales, como el sindicato de Curtidores y el de Gráficos bonaerenses.
La decisión de la CNCT fue tomada luego de varias reuniones con funcionarios, que no tuvieron resultados positivos. La medida principal, que lleva la consigna «Cooperativas en Defensa del Trabajo, por más Obras y Contra el Tarifazo», incluye la presentación de petitorios en los institutos provinciales de viviendas de todo el país.
