Levanta temperatura el «diálogo» por los precios entre gobierno y privados

En los últimos días el diálogo entre el gobierno y las empresas de consumo masivo levantó temperatura.
El ministro de Economía, Sergio Massa, se puso al frente de la estrategia para convencer a las compañías de entrar al acuerdo Precios Justos y el empresariado le respondió sacando a la cancha al titular de la Unión Industrial (UIA), y negociador histórico de las corporaciones alimenticias, Daniel Funes de Rioja, que mostró los dientes y acusó amenazas.

El viernes la vicepresidenta, Cristina Fernández, aprovechó un acto de la UOM en Pilar para respaldar la posición del gobierno y reforzar el pedido a las empresas para que acompañen los acuerdos de precios. A las pocas horas el mercado respondió ratificando su pronóstico de que la inflación promediará a fin de año el 100%, de acuerdo a las proyecciones recogidas por el Banco Central en su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

Mientras el festival de idas y vueltas entre los funcionarios y los representantes privados se desarrollaba en oficinas y medios de comunicación, las consultoras publicaron los primeros números de la inflación de octubre, que dieron la medida de lo que el consumidor de a pie padeció en el décimo mes del año en góndolas y mostradores.

Por caso, Focus Market calculó un aumento promedio del 7,3% de los alimentos y destacó también el movimiento ascendente de las tarifas de luz, gas y medicina prepaga, educación privada, telefonía, cable e internet. LGC, por su parte, midió una inflación del 7,1% para los alimentos entre la primera semana de noviembre y la primera de octubre.

Las empresas productoras de artículos de consumo masivo consultadas por Tiempo confirmaron las negociaciones con Massa y el secretario de Comercio, Matías Tombolini. También confiaron voluntad de colaborar con las acciones que se planteen para controlar la escalada inflacionaria. Pero a la hora de las propuestas ratificaron la línea histórica: derivar la responsabilidad por los aumentos a otros sectores involucrados en la formación de los precios, incluido el gobierno nacional por las subas de tarifas, y reclamos de equilibrio fiscal y monetario.

La búsqueda de consensos

La anunciada reaparición de Cristina Fernández en un acto político encendió las expectativas el viernes, después de una semana de intensos cruces entre el gobierno y las corporaciones.

La vicepresidenta llamó la atención sobre la participación de la clase trabajadora en el PBI, a la que calificó como «absolutamente regresiva», pero no apuntó los cañones directamente contra las empresas, sino que atribuyó la responsabilidad al gobierno de Cambiemos y a la deuda que contrajo con el FMI.

Después de eso, llamó a empresarios y sindicatos a «hablar de un nuevo acuerdo democrático» basado en «un consenso económico, en donde podamos discutir no solo los partidos políticos sino también los sindicatos, las centrales empresarias, sobre el modelo de país y cómo resolvemos la economía bimonetaria».

El «nuevo acuerdo democrático», más allá de lo que se limita a un nuevo pacto de precios, es una apelación a la responsabilidad de los actores interpelados en el discurso. A los gremios les pidió un rol político claro para avanzar hacia la recuperación de lo perdido en la puja distributiva.

El llamado a las empresas sintoniza con miradas que explican la escalada irracional de los precios en el marco de una presunta ruptura del contrato social, un tema de fondo que en el caso de las firmas concentradas se traduciría en un uso indiscriminado de su fuerza y dominio del mercado para recomponer ganancias a costa del salario y los ingresos populares.

La vicepresidenta remarcó que la construcción de ese consenso entre la política, los hombres de negocios y los sindicatos «es imprescindible» para encarar el futuro del país, pero también advirtió que «no vamos a resolver la inflación en dos minutos», en una alusión a Mauricio Macri y el gobierno de Cambiemos, porque «es un problema grave y sistémico».

El concepto fue tender un puente hacia los formadores de precios sin hacer, a priori, concesiones innecesarias. En línea con Massa, que rechaza la devaluación, Cristina sentenció: «Cuando estamos en esta situación, con un mercado que insiste en un alza de precios porque tiene en la cabeza que tiene que haber una devaluación porque están colocados en dólares, termina siempre en grandes crisis».

¿Hay alguien del otro lado?

Las posibilidades de que el empresariado acuse recibo son improbables. Hace largo rato que las empresas miran el horizonte de las presidenciales 2023 con la certeza de que la alianza al frente del Ejecutivo tiene la suerte echada.

Además, aun con el gobierno embarcado en frenar los precios con la pluma o con la espada, siempre se las arreglaron para imponer los aumentos que quisieron. Se trata de demostraciones de fuerza que se pueden permitir sectores altamente concentrados frente a un Estado que no puede disimular su ineficacia para aplicar las leyes vigentes. Y, por supuesto, que la interna del Frente de Todos hizo y hace su contribución a esa debilidad relativa.

En la semana, Massa y Tombolini siguieron adelante con las negociaciones con las empresas, pero las versiones se cruzan. Hay quienes aseguran que el proyecto de Precios Justos, que propone congelar el valor de un listado de productos con la particularidad de que el precio debería estar impreso en el envase, sigue en proceso y otros que aseguran que la estrategia oficial dio un volantazo en los últimos días, tras la reacción de las corporaciones, y que ahora se dialoga por otro compromiso que tendría como contrapartida una actualización del tipo de cambio para las empresas productoras de alimentos y otros artículos de consumo masivo.

Pero más allá de los detalles, las compañías siguen firmes en el rechazo a cualquier tipo de iniciativa tendiente a intervenir en la formación de los precios. «Nosotros ya colaboramos con Precios Cuidados, que salió hace un mes», plantearon desde una importante jugadora de la alimentación. «Les dijimos eso. Estamos para colaborar, pero queremos que se tengan en cuenta los aumentos de nuestros costos, de packaging, de combustibles y de salarios, que están por encima de la inflación».

La fuente habló de la irrupción de una propuesta oficial todavía «más ambiciosa que Precios Justos», pero aseguró que «tampoco tenemos claridad de cómo sigue esto. No sabemos cuándo lo quieren lanzar, no hay nada concreto».

Otra multinacional del rubro bebidas consignó que los encuentros se vienen dando «hace varias semanas» con la Secretaría de Comercio para desarrollar Precios Justos y agregó que «hay voluntad de acompañar, pero aún estamos lejos de encontrar con qué productos y con qué porcentajes». Los tiempos y complejidades del negocio, argumentó la fuente, están desfasados en relación a la agenda de la política.

Desde Comercio se dieron garantías sobre Precios Justos. Señalaron que esta semana hubo varias reuniones y que los encuentros continuarán desde mañana. Aseguraron también, sin detalles, que con algunas empresas se avanzó «bastante» y que se está discutiendo la posibilidad de acortar tiempos de las importaciones, entre otras medidas.

Massa, se sabe, tiene agenda propia y negocia en paralelo. «