El meneado proyecto de Ley Agroindustrial, que está a punto de presentarse en el Congreso y que impulsa el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), incluirá un esquema de retenciones menor para las exportaciones de subproductos de la soja. Aunque no precisaron porcentajes o medidas puntuales, las fuentes consultadas por Tiempo dijeron que el objetivo de la norma será que, «como mínimo», los bienes industriales de la soja no paguen más retenciones que la materia prima. El sector asegura que el gobierno «tiene listo el texto y espera el momento indicado para anunciarlo».
La agroindustria especula con que la presentación se hará en un plazo no mayor a los 30 días. Sin embargo, todo hace prever que en la recta final el proyecto de ley enfrentará la presión de los productores primarios, en especial de la Sociedad Rural, que se mantuvo al margen de todas las negociaciones.
El argumento de las empresas que procesan el grano es que el agregado de valor es central: «El principal producto de exportación no es la soja sino la harina de soja. En las condiciones actuales la industria de la harina y del aceite (de soja) no puede competir con los que exportan solo la materia prima. Así salen ganando los productores primarios», sentenció. Tiempo intentó conocer la posición del gobierno pero no pudo establecer comunicación.
Reacción primaria
Mientras el Consejo Agroindustrial suma adeptos y consume horas virtuales en la presentación de su plan de empleo y exportaciones con el apoyo del gobierno nacional, los ruralistas de Carbap y de Confederaciones Rurales (CRA) lanzan advertencias, especialmente después de que el titular del BICE, José Ignacio de Mendiguren, anticipó en diálogo con FM La Patriada que el proyecto de ley que elabora el CAA en conjunto con el Ministerio de Agricultura prevé un esquema de retenciones «diferenciales», decrecientes según el nivel de desarrollo del producto que se exporta.
El titular de CRA, Jorge Chemes, aprovechó un Zoom con el vocero del CAA y presidente de la Bolsa de Cereales porteña, José Martins, para pedir que en el proyecto de ley que está en etapa de definición «se destaquen las medidas de promoción primaria que alivien esta carga impositiva que el campo viene soportando hace muchos años», en relación a las retenciones al poroto de soja.
La intervención de Chemes fue formal y cortés pero cargaba con el pedido más contundente del presidente de su socia Carbap, Matías de Velasco, que días atrás había advertido que esa asociación «quiere pertenecer al CAA pero no a cualquier precio».
Nueva reglas
El cambio de gobierno acarreó una modificación de las relaciones entre el poder político y el empresariado. En el caso del ruralismo, el espacio que tenía en el macrismo la Mesa de Enlace, con la Sociedad Rural al timón, en la actualidad está ocupado por la agroindustria contenida transversalmente en el CAA. Los primeros y los segundos son exportadores; y como tales tienen que pagar derechos de exportación. La alícuota hoy es del 33% tanto para los que exportan el poroto de soja, grosso modo, los primeros, como para los que venden productos industrializados con el insumo, es decir los agroindustriales.
Tras la reconfiguración del poder, las empresas que quedaron mejor ubicadas en la mesa de negociación son estas últimas. En el grupo sobresalen la Cámara Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC); las bolsas de cereales; la industria molinera, los fabricantes de alimentos nucleados en Copal, las bodegas y influyente Centro Azucarero Argentino, de un total de 53 adherentes. Incluso forman parte tres entidades de la Mesa de Enlace como Coninagro, la Federación Agraria y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
Cada día, el Centro de Agroindustriales suma nuevos socios pero la Sociedad Rural, que al macrismo le aportó nada menos que su primer ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, sigue sin sumarse. Aunque mantiene la cautela, constituye desde afuera el factor de poder ruralista más importante y podría convertirse en una seria oposición al proyecto de CAA.
Llegó la devolución
En algún momento de septiembre el gobierno nacional comenzará a entregar a los pequeños productores rurales la devolución de parte de la suba de las retenciones de principios de marzo de este año. El postergado anuncio, que debió implementarse inmediatamente después del alza del tributo a las exportaciones de soja, lo realizó el ministro de Agricultura, Luis Basterra, en una exposición en la Amcham –la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense– la semana pasada. «En base a un criterio de redistribución vamos a empezar a devolver en septiembre a los productores de menor escala», dijo Basterra.
