Los derechos de exportación ayudaron a apuntalar la recaudación tributaria, que en junio cayó 2,3% en términos reales. La AFIP informó oficialmente que en el sexto mes del año ingresaron a sus arcas por todo concepto $ 454.442 millones, cifra que significa un 52,1% de variación interanual pero que quedó por debajo de la inflación.

El fuerte crecimiento en la cobranza de esos derechos, que aportaron 163,1% más que el mismo mes del año pasado, amortiguó las fuertes caídas de otros rubros vinculados al consumo y al desempeño económico de los contribuyentes. El organismo recaudador advirtió que algunos factores colaboraron a que la comparación no fuera favorable y puso como ejemplo el calendario de los planes de pago de ciertos impuestos, que en junio del año pasado permitió cobrar dos cuotas y esta vez sólo una. Aun corrigiendo esas distorsiones estadísticas, la suba del IVA fue de 46,4%, la de Ganancias 51,5% y la del impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente 47%. En tanto, las contribuciones y aportes vinculados a la Seguridad Social sólo mejoraron 32%, muy por debajo de la evolución del índice de precios.

Frente a ese panorama, los $ 28.223 millones que aportaron las retenciones a la exportación sirvieron para morigerar el efecto de la menor actividad económica y de otras decisiones oficiales. Algunos ejemplos son la reducción de las contribuciones que las empresas realizan sobre su nómina salarial (que costó al Fisco unos $ 3.000 millones) y la baja en la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las firmas que reinvierten parte de sus utilidades (alrededor de $ 4.500 millones).

Lo curioso del caso es que el gobierno nunca creyó en los derechos de exportación como una herramienta válida de gestión. Desde diciembre de 2015 las autoridades fueron desmontando el sistema que había regido desde la salida de la convertibilidad, aunque lo mantuvieron para algunos productos de origen agrícola, como la soja y sus derivados. La crisis que siguió a la corrida cambiaria de abril del año pasado obligó a desandar ese camino y en septiembre se decidió reinstalar las retenciones, aunque con algunas limitaciones: un monto fijo, de tres o cuatro pesos por cada dólar exportado (según el producto), para ayudar a su licuación a través de la inflación; y una vigencia sólo hasta fines de 2020. El giro molestó al sector exportador, sobre todo al vinculado al campo, que hasta ese entonces había apoyado la gestión de Cambiemos y que se sintió afectado en sus intereses.

En el acumulado del primer semestre la recaudación totalizó $ 2,27 millones, lo que significa un 45,4% de crecimiento nominal con relación a la primera mitad del año pasado pero una contracción en términos reales estimada al 5,8%. Su evolución en los próximos meses será crucial para que el gobierno pueda cumplir con la promesa que realizó al Fondo Monetario Internacional de que no habrá déficit primario en 2019.