Las necesidades de la Argentina y del Fondo Monetario parecen confluir en un acuerdo que le dé una nueva perspectiva a la relación. Para el gobierno que encabeza Alberto Fernández, la firma de un nuevo convenio con el FMI se ha transformado en una piedra de toque para la estabilidad económica a partir de este año. En tanto, para el organismo internacional, significaría pasar la página en la que está marcada la entrega de un préstamo que fue muy cuestionado puertas adentro.

Si bien el gobierno no cedió a las presiones que reclamaron un acuerdo inmediato con el Fondo apenas se cerró el alcanzado con los acreedores extranjeros, sabe que no puede extender sin fecha las conversaciones porque la presión de los inversores y especuladores se podría tornar imposible de sostener, especialmente una corrida cambiaria.

En ese sentido, pesa sobre los hombros del equipo económico que dirige Martín Guzmán el descalabro que se armó tras el acuerdo con los bonistas externos. En lugar de la esperada caída del riesgo país, la especulación vendió los bonos argentinos, bajando su precio y subiendo el riesgo país. La presión de los fondos externos siguió vigente durante el resto del año.

Además, hay fechas concretas que se deben respetar. Una de ellas es la del vencimiento de una cuota de la deuda con el Club de París en abril, que el equipo económico busca renegociar y que sólo podría hacerlo si tiene un programa con el FMI en marcha. Es decir, en mayo, como máximo, debería estar el acuerdo disponible.

Negociaciones

Las negociaciones entre la Argentina y el FMI continúan. En la primera quincena de diciembre, un equipo del Palacio de Hacienda, encabezado por Diego Bastourre, el secretario de Finanzas, estuvo en los Estados Unidos en donde negoció con el staff del FMI las cuentas fiscales de 2021 y la política de financiamiento del déficit. Además, se contactó con inversores privados.

En el Ministerio de Economía indicaron que se trató de “encuentros técnicos fluidos y constructivos, donde profundizaron el diálogo concordando en la relevancia de potenciar el desarrollo del mercado de capitales argentino”. Además, desde el Palacio de Hacienda se destacó que “las partes coincidieron en que se trata de una herramienta fundamental para el desarrollo económico del país, permitiendo mejores condiciones de acceso al financiamiento para provincias, empresas y personas”.

En tanto, desde el organismo afirmaron que las reuniones técnicas fueron “productivas”, que se “trató del programa de financiamiento del gobierno así como de temas de inclusión financiera y reformas para potenciar el desarrollo del mercado financiero argentino” y adelantaron que “el diálogo continuará en las próximas semanas”.

Incobrables

Para el actual directorio del FMI, el crédito que recibió la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri fue un error. si bien todos excluyen la posibilidad de que la Argentina le declare un default al organismo, saben que los 44.000 millones de dólares entregados al país no los ubica en una posición de fuerza, paradójicamente. Al contrario, en un mundo golpeado por la pandemia de coronavirus, con la sensibilidad social a flor de piel en muchos lugares del mundo, un FMI apretando a un país para obligarlo a pagar sería lo último que querrían sus directivos.

De allí que las declaraciones de los funcionarios argentinos, especialmente el ministro Guzmán, en el sentido de que el acuerdo recién se firmaría en marzo, no generaron respuesta entre el staff del FMI en Washington. El Fondo también está dispuesto a esperar al fin del verano del Hemisferio Sur para llegar a un arreglo, más aun cuando para ese momento ya estarán más claras las necesidades fiscales del año, en particular en relación con la presencia del coronavirus en el país y la política sanitaria.

Para el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), la recuperación económica de 2021 podría chocar con «la tradicional injerencia del Fondo que pretende imponer su programa en cada uno de los acuerdos con países comprometidos. Un giro ortodoxo podría dejar al gobierno con un acuerdo de la deuda pero a costa de un capital político disminuido y sin reactivación consolidada».