El martes último, la dirigencia sindical alineada dentro de la CGT desplazó sus fuerzas en una movilización a Plaza de Mayo. «Salario digno es nuestra principal demanda» y «Estamos frente a un Estado ausente que hace rato se olvidó de proteger al hombre que se levanta a la madrugada y va a construir la grandeza de nuestra nación» fueron dos de las frases destacadas de Juan Carlos Schmid, único orador de la tarde.

Las demandas sindicales son claras y el ajuste y revisión salarial es razonable que se encuentre en el centro de la agenda mientras la inflación se mantenga en los niveles actuales. Lo que me interesa analizar en estas líneas es el impacto indirecto o no buscado que tienen las demandas sindicales sobre las PyMEs y la demanda de empleo en general.

Las PyMEs son las principales fuentes de empleo del país y sus modelos productivos son, habitualmente, mano de obra intensivos fruto de su menor inversión tecnológica. Un ajuste salarial o el incremento de alguna prestación impacta directamente sobre su negocio donde habitualmente “sueldos y cargas sociales” son los principales costos en la estructura de este tipo de empresas. Este incremento desalentará o presentará dudas al empresario PyME frente a la idea de incorporar nuevos trabajadores a su empresa. Es decir, los trabajadores tendrán mejores condiciones pero el aumento de la nómina estará en duda.

Más allá de la discusión política e ideológica de fondo, es interesante ver de qué manera las mejoras en las condiciones salariales de los trabajadores activos es un gran avance por un lado, pero por otro lado de manera indirecta genera un aumento de la barrera de ingresos al mercado laboral para quienes se encuentran fuera del mismo. A un mayor costo, la demanda laboral descenderá haciendo más difícil el acceso a quien quiera obtener un empleo. 

Como vemos, los intereses de los sectores sindicales y productivos suelen ser contrapuestos, lo que exige la necesidad de diálogo y apertura entre sectores en busca de encontrar soluciones que permitan al país y sus habitantes tener una mejor calidad de vida más allá del signo político del gobierno de turno. 

El rol del Estado en este proceso será clave como garante de los acuerdos a lograr.