Presentada la oferta para la reestructuración de la deuda pública nacional, arrancó una segunda etapa: el ordenamiento de los pasivos provinciales. En la última semana se conformó un grupo de trabajo entre el Ministerio de Economía y las respectivas administraciones para coordinar la tarea. La denominada Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial busca abrir un paraguas legal a un proceso que, con mayor o menor fuerza, las distintas jurisdicciones ya estaban encarando. “A futuro hay que dejar de endeudarse en dólares. Es parte de una estrategia nacional e instamos a las provincias a alinearse con esta premisa”, fue la línea que bajó el ministro Martín Guzmán en la reunión del jueves.

La situación se originó en el acelerado proceso de emisión de títulos por parte de las provincias en años recientes, replicando la conducta del gobierno central durante la gestión de Mauricio Macri. Según informes del Instituto del Trabajo y la Economía (ITE), entre enero de 2016 y marzo de 2018 (cuando la devaluación tornó inviable el financiamiento externo) hubo 13 provincias que tomaron créditos en moneda dura por U$S 12.300 millones, con tasas de hasta 9,75% anual. La imprevisión y el desorden se reflejaron en una altísima concentración de vencimientos en el corto plazo, de las que la provincia de Buenos Aires es ejemplo: debe abonar U$S 6100 millones en el período 2020-2023.

Por esa razón, el gobierno bonaerense (que en febrero había intentado sin éxito postergar el vencimiento de un bono en dólares) propuso un canje calcado al que dispuso la Nación a los bonistas internacionales. Esto es, nuevos títulos a mayor plazo, dos años y medio de gracia para los intereses más seis para el capital y tasas escalonadas mucho más bajas que las actuales (ver recuadro). En La Plata estiman que el esquema implica una reducción de 7% en el capital y 55% en los intereses. De paso, la provincia se acogió al período de gracia de 30 días y no abonó los intereses del bono BP 28, que debieron ser pagados el lunes.

No es un caso aislado. También La Rioja usó esa prórroga para abonar U$S 14,7 millones de intereses de un bono provincial que vencían en febrero. “Lo hicimos el 24 de marzo. Fue importante que Nación nos cancelara una deuda de $ 600 millones. Economía nos pidió que pagáramos sí o sí para no complicar sus negociaciones por la deuda del país. El próximo pago es en agosto y la idea es encarar en conjunto las deudas en dólares de todas las provincias”, admitió el gobernador riojano, Ricardo Quintela, al diario Ambito Financiero.

En muchos casos, las complicaciones surgen por el incesante goteo de montos que parecen manejables. Por ejemplo, los U$S 13,9 millones que debe abonar Córdoba cada tres meses por intereses y capital del bono CO26, que se amortiza en 32 cuotas. Si el gobernador Juan Schiaretti aprovechó el pago de enero para diferenciarse de las dificultades de Axel Kicillof con la deuda bonaerense, ahora tuvo que rascar el fondo de la olla: entregó a sus proveedores bonos forzosos por $ 9000 millones para preservar el efectivo.

La crisis por el coronavirus complicó las cosas por la caída en la recaudación fiscal. Según el IERAL, instituto que depende de la Fundación Mediterránea, en 16 de las 17 jurisdicciones con información disponible se registraron bajas en términos reales (la excepción fue Salta). En el primer trimestre del año, Buenos Aires y Catamarca vieron reducir sus recursos en 20% en comparación con 2019, una vez descontada la inflación. El panorama se agudizará en abril, sobre todo en las provincias con regalías petroleras o con cadenas productivas orientadas a la exportación.

Las claves

Buenos Aires presentó el jueves su propuesta de reestructuración de deuda. Ofrece canjear U$S 7148 millones en bonos por otros con vencimiento en 2032 y 2040, con seis y 13 años de gracia y una tasa de interés creciente que arrancará en 0,375 por ciento. El primer pago de intereses será en 2023. Aliviaría la carga en U$S 5.000 millones por los próximos diez años.

Córdoba tiene bonos por U$S 1900 millones, el primero de los cuales (por U$S 725 millones) vence en junio de 2021. El ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, estimó que la situación exige un “replanteo” y una “flexibilización de los plazos”.

Mendoza decidió refinanciar su título bajo ley neoyorquina de U$S 590 millones, con amortización por tercios a partir de mayo de 2022. Está buscando asesores legales para iniciar el proceso.

Chubut paga cada tres meses U$S 12,6 millones, entre capital e intereses, por un bono con vencimiento en 2026 garantizado por regalías petroleras. Su deuda en moneda extranjera ronda los 800 millones de dólares.