La medida empezará a regir desde el 1° de enero de 2024, con un nuevo gobierno. Así lo dispone el decreto 565/2023 que anunció el ministro de Economía y candidato Sergio Massa.

Sin demasiados detalles sobre su implementación, el decreto dispone el traslado de los 1.265.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo a la órbita del Ministerio de Trabajo.

Al respecto, Massa aseguró: «Quiero ser el presidente del trabajo. Uno de los grandes desafíos es que tengamos la capacidad de transformar los programas sociales en empleo formal y protegido. Por eso estamos poniendo en marcha el decreto que establece que todos los programas sociales de Potenciar Trabajo pasan el Programa de Inclusión Laboral».

Foto: UTEP

El cambio, explicó, implica involucrar a los afectados en «un sistema de capacitación laboral, se los asocie a las gerencias de empleo y a las bolsas de trabajo de cada uno de los distritos». Además, puntualizó: «se establece un control de concurrencia para todos los que tienen programas sociales».

La medida, a pesar de entrar en vigencia en la próxima gestión, cuyo gabinete se desconoce, afecta el control de los planes por parte de las organizaciones sociales oficialistas. En la actualidad, su administración depende de la Secretaría de Economía Social, a cargo del dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, secundado, entre otros, por el líder de Somos Barrio de Pie, Daniel Menéndez, a cargo de la Subsecretaría de Políticas y Formación e Integración.

Sin embargo, las organizaciones que integran la UTEP prefirieron eludir críticas a la medida promovida por el candidato a presidente de Unión por la Patria.

Por el contrario, Esteban «Gringo» Castro, secretario general de esa organización señaló a Tiempo que «nos parece bien que pase a la órbita del Ministerio de Trabajo». En detalle expresó que «igual hay que ver lo que hace el pueblo que se organiza en el trabajo y, sobre ese trabajo, profundizar la organización laboral y los derechos». A la vez, se mostró escéptico: «Hasta ahora se han hecho propuestas de ese tipo y nunca prosperaron. Fue a trabajar un porcentaje muy bajo. Hay 1,3 millones de beneficiarios del salario social complementario y capaz que se incorporaron 10 mil. No sé si lo que falta son incentivos». El dirigente opinó que «si desarrollás un proyecto donde promovés la industrialización del país, seguramente vas a incorporar más gente al trabajo pero no vas a incorporar las cinco millones de personas que faltan. Me encantaría que me sorprendan. Hagamos las dos cosas hasta que se desarrolle como debería desarrollarse. Si hay pleno empleo con derechos estaríamos muy a favor pero lo veo difícil».

Desde la Unidad Piquetera, el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni tomó una posición diferente. En diálogo con este medio aseguró que «los dirigentes de las organizaciones oficialistas reconocen que si la medida la hubiera tomado Javier Milei estarían en la calle». Adelantó que «estamos en estado de alerta y el martes definiremos qué medidas adoptar». Para Belliboni, «la idea es que pasen al Ministerio de Trabajo y haya cursos de capacitación. Pero ya hay mucha gente capacitada y siguen sin laburo. El problema no es la capacitación sino generar trabajo”. Pero además, explicó, “las capacitaciones de Trabajo son por un tiempo limitado, como el PTA o el PEC. Cuando termina el curso te dejan en libertad para conseguir trabajo, es un cuento chino. Está latente la posibilidad de que de ese modo vayan dando de baja beneficiarios porque cambia el carácter del plan”. Además, criticó, “es contrario al concepto de economía popular de las organizaciones oficialistas porque es para el sector privado. Es una presión de las patronales y un negocio para la burocracia sindical que la suelen poner a cargo de estas capacitaciones. Todos estos proyectos fracasaron. Esto es lo mismo. Hay un 40% de trabajo sin registrar y ese es el empleo que se está generando”.

El dirigente de la UP opinó que “es un anuncio de campaña con un guiño a los sectores de derecha que quieren que desaparezcan los planes. Lo hicieron el mismo día que Tolosa Paz salió con lo de los poco más de mil beneficiarios que, por algún motivo, viajaron al exterior».

El dirigente de la CCC y diputado por el oficialismo Juan Carlos Alderete señaló que «vuelven al lugar que corresponde. Los planes empezaron allí y después se fueron a Desarrollo Social. A nosotros no nos molesta. Lo que sí pedimos es que nos escuchen. Hay que tener en cuenta la población que cobra los planes sociales. En particular los jóvenes, para ver en qué tipo de oficios e industria se insertarían. Además hay gente muy vieja para la producción y muy joven para jubilarse y también compañeras que son jefas de hogar. Hay que planificar. Suena muy lindo eso de pasar al trabajo en blanco y con convenio. Pero no es fácil».

Para Alderete «no lo vemos como una amenaza. Pero del total de beneficiarios no llegan a 400 mil los que están en tareas de las organizaciones, el resto está en gobernaciones e intendencias. Habría que formalizar ese vínculo primero».

Sólo el 5% de los planes pasaron a la formalidad

La iniciativa nada tiene de novedosa. El gobierno de Mauricio Macri lanzó en 2017 el Plan Empalme, destinado a los titulares de los planes Argentina Trabaja y Hacemos Futuro que se sumasen al Programa de Inserción Laboral (PIL), vigente desde 2006. El Estado sostendría el plan durante 24 meses y las empresas completarían el salario de convenio. Sólo accedió al programa el 1,9% de los 400 mil planes vigentes.
Alberto Fernández incorporó el Ingreso Protegido al Empleo como parte de la reconversión en marzo de 2020. En agosto de 2021 lanzó el Programa Formación, Empleo e Intermediación laboral. En octubre de 2022, Massa lanzó el Puente al Empleo. Todos mecanismos que sostenían los planes como un subsidio a los salarios y la exención de las contribuciones y aportes a la seguridad social. Según datos oficiales obtenidos por Chequeado con un pedido de acceso a la información pública sólo se registraron un poco más de 63 mil personas, menos del 5% del total.