Preocupadas por el avance del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), las industrias del Mercosur reclamaron a los gobiernos de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil que se garantice “la mayor transparencia posible” para que las negociaciones no resulten desfavorables para las empresas de la región.

Las principales cámaras fabriles reunidas en el Consejo Industrial del Mercosur (CIM) definieron una posición conjunta el viernes, en la última jornada de las negociaciones que mantuvieron la semana pasada en Paraguay.

La Unión Industrial Argentina (UIA) se había anticipado a sus pares de la región con un documento que le envió hace dos semanas al secretario de Comercio, Miguel Braun, y que este domingo publicó Tiempo en su versión gráfica.

El viernes, en Paraguay, después de cinco días de deliberaciones, la Unión Industrial local, la Confederación Nacional de Industria de Brasil, la Cámara de Industrias del Uruguay, y la entidad argentina acordaron una advertencia que dirigieron a los gobiernos del Mercosur.

El pronunciamiento pone de relieve la desconfianza de la dirigencia fabril de la región respecto en los negociadores designados por los respectivos gobiernos para tratar los términos del acuerdo de libre comercio con el conjunto de potencias que integran la UE.

Las cuatro cámaras pidieron expresamente por los sectores que a priori aparecen como los que saldrían más perjudicados en un contexto de libre comercio con el bloque europeo, para que “puedan transformarse y continuar activos en el nuevo escenario”.

Las cámaras abogaron por un acuerdo “equilibrado” que modere la ventaja evidente de los países que componen la UE. En ese sentido, reclamaron que se preserven herramientas que consideraron “fundamentales” para el funcionamiento de la región como base de un “trato especial y diferenciado” que implique una “ampliación satisfactoria de cuotas de importación” por parte de Europa.

Además, las gremiales empresarias reclamaron que el acuerdo contenga una “cláusula de desarrollo industrial”, además de límites al acceso de europeos a las compras nacionales y a las contrataciones públicas y que se rechace la extensión de las patentes, entre otros puntos que coinciden con el posicionamiento previo de la UIA.