Las exportadoras de aceite, que son al mismo tiempo las productoras más grandes del país de ese artículo esencial, aportarán U$S 190 millones en 2021 para subsidiar el valor del aceite en el mercado interno argentino. El mecanismo elegido, un fideicomiso, entró en vigor este lunes con retroactividad al 1 de febrero. El objetivo es sostener los precios de 29 millones de litros por mes, de los que un 80% como mínimo debe ser aceite puro de girasol. Un cálculo de 2016 del Ministerio de Agricultura indica que el consumo mensual gira en torno de los 45 millones de litros. El fideicomiso se extinguirá el 31 de enero de 2022 y en septiembre próximo las partes analizarán si seguirá después de esa fecha.
El esquema fue aprobado mediante la resolución 1/2021 de los ministerios de Desarrollo Productivo y Agricultura. Se basa es un acuerdo que firmaron a fines del año pasado entre Agricultura, la Secretaría de Comercio Interior –que depende de Desarrollo Productivo- y Ciara, la Cámara de la Industria Aceitera.
En Ciara participan gigantes como las locales AGD, donde tiene participación Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial, Molinos Río de la Plata y Molinos Cañuelas, junto con las internacionales ADM, Bunge, Cargill, Cofco y Glencore. Vicentin fue socio activo hasta el año pasado.
Se trata de conglomerados que compran centenares de miles de toneladas de soja, girasol y maíz, que luego exportan en grano o, tras un procesamiento, como derivados: aceites, harinas y hasta biocombustibles. Molinos Río de la Plata (con las marcas Cocinero y Lira) y AGD (Natura y Mazola) tienen, a su vez, fuerte presencia en el mercado local de aceites comestibles.
Estas empresas han estado en el ojo de la tormenta por las acusaciones de falta de liquidación de los dólares de las exportaciones, a pesar de que la legislación vigente indica que deben hacerlo con un máximo de 15 días desde la fecha de embarque del producto. En un reciente entrevista con Tiempo, Gustavo Idígoras, titular de Ciara, negó las imputaciones y aseguró que “cumplimos plenamente con la liquidación de las exportaciones”.
Funcionamiento
El fideicomiso entra en vigencia con fecha retroactiva al 1 de febrero. Las exportadoras de granos, harina y pellets de soja y girasol deben hacer un aporte mensual que estará en función de lo exportado según lo que consignen en las declaraciones juradas de venta al exterior. Cada tres meses se revisará el monto del aporte de cada exportadora.
Las exportadoras solo deberán aportar el monto que resulte necesario para abonar el total de las compensaciones de un momento dado, que estarán sujetas al movimiento del valor del aceite en el mercado interno. Ese precio será manejado por las Secretaría de Comercio Interior.
Los contratos de fideicomiso incluirán cláusulas penales por los incumplimientos de las exportadoras. En caso de conflictos entre las partes, se buscará la resolución interna, primero. Si no hubiera acuerdo, la Secretaría de Comercio Interior ejercerá como árbitro. Sus laudos serán de cumplimiento obligatorio. Si fueran burlados, intervendrá el Ministerio de Agricultura, que es el que maneja el registro de exportadores y puede expulsar de allí a las empresas que no cumplan.
Beneficiarios
Los beneficiarios de las compensaciones serán todos aquellos abastecedores de aceite de soja o girasol del mercado interno en envases de hasta cinco litros. Incluso, están autorizadas las exportadoras que a partir de ahora se decidan por ingresar a ese negocio.
Para resolver cuánto recibirá cada empresa abastecedora del mercado interno se calculará la diferencia entre el precio de mercado internacional del aceite crudo a granel y un valor base calculado con una fórmula que toma en cuenta el valor de los granos exportables, el índice de precios mayoristas y el índice de salarios.
Retenciones
El acuerdo se conoce en momentos en que el gobierno pulsea con los productores de granos por un aumento de las retenciones a las exportaciones. Debe tomarse en cuenta que las retenciones afectan el precio que reciben los productores, pero no influye en el negocio de las exportadoras.
Las exportadoras de cereales y oleaginosas más sus derivados se han convertido en un interlocutor principal del gobierno a través del Consejo Agroindustrial Argentino, que en los hechos ha desplazado a la Mesa de Enlace en la representación de los intereses de la patronal agraria ante el gobierno nacional.
