El reciente acuerdo con el FMI fue precedido de una serie de medidas sobre el sector externo adoptadas por el ministro de Economía Sergio Massa y acordadas con el equipo técnico del FMI.

Con el propósito de incrementar las reservas del BCRA y garantizar la capacidad de pago de la Argentina, la cartera económica amplió el alcance de las restricciones cambiarias sobre la base de aplicar el impuesto PAIS que regía para el turismo y dólar ahorro a la importación de una serie de bienes y la totalidad de los servicios. A la vez, con el propósito de estimular las exportaciones se estableció un nuevo dólar agro por un valor de $340 ampliando su alcance hasta el maíz y otros cereales además de la soja.

Este nuevo desdoblamiento que, por otra parte, implica una devaluación encubierta con efectos inflacionarios, ya comenzó a generar resistencias por parte de algunos de los sectores alcanzados.

El lunes fue el turno del Comité Asegurador Argentino (CAA) que agrupa a las principales cámaras aseguradoras que, mediante un comunicado, advirtió sobre el impacto que las medidas tendrán en el valor de las pólizas y denunció la posible “cartelización” del sector en favor de las empresas del Estado.

Es que, si bien las compañías operan principalmente sobre clientes del mercado interno, gran parte de su riesgo se terceriza mediante el sistema de las reaseguradoras de alcance global cuyas tarifas resultan alcanzadas por las medidas por tratarse de la importación de un servicio.

Por otro lado, las compañías entre sus costos deben hacer frente a los siniestros que pudieran ocurrir en el exterior que también se verán gravados. En ambos casos, señalan, el costo de esos impuestos recaerá finalmente en los clientes. Para el caso del seguro automotor esperan incrementos de entre el 10% y el 15% en los próximos días.

Por eso, la preocupación de las cámaras, en realidad, está puesto en la letra del decreto y su regulación por parte de la AFIP que exime del alcance del impuesto a los operadores estatales del sector asegurador. En su declaración aseguran que “esto automáticamente determinará, que los asegurados de grandes riesgos estén prácticamente obligados a comprar sus seguros en el Estado para evitar pagar el sobreprecio, que los privados sí deberán incluir”.

Por eso, dicen, “se exceptuó a las aseguradoras y reaseguradoras estatales (de Nación y Provincias), estableciendo un tratamiento desigual entre actores de un mismo mercado, motivo por el cual las aseguradoras privadas solicitan también ser exceptuadas del gravamen”.

El sector cuestiona fuertemente la política de administración del sector externo desde la aplicación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) que incorporó a la secretaría de comercio en el sistema de certificación y aprobación de esos pagos al exterior. En marzo la misma entidad había denunciado retrasos en la liberación de pagos de primas internacionales por un monto de U$S 300 millones.

Además del reclamo de la exención las empresas manifestaron su preocupación por la pérdida de, aseguran, “$30 mil millones en un solo día” como resultado de la aplicación de la medida. Es que, indican, “según la Resolución General AFIP Nº 5393, el impuesto se abona al efectivizarse la operación cambiaria, en este caso pendiente por razones ajenas al sector, afectando entonces de manera retroactiva. Esta situación representa un golpe a la sostenibilidad de la actividad aseguradora, altera las reglas de juego y no permite a los privados cumplir con sus obligaciones contractuales.”

Así las cosas, el acuerdo con el FMI, la deuda externa y la escasez de dólares tensa las relaciones entre todas las clases sociales e incluso al interior de ellas entre los distintos sectores.