En su discurso celebratorio de su primer año de gestión, el presidente Javier Milei adelantó algunas de las iniciativas que prepara el gobierno para 2025. Así, entre datos falsos sobre el curso de la economía y el empleo, aseguró que “vamos a poner sobre la mesa una agenda de reformas profundas”.

Entre ellas destacó que impulsarán una “verdadera reforma laboral”. De ese modo el mandatario le bajó el precio a la reforma que ya pudo aprobar dentro de la Ley Bases y que, entre otros puntos, incluyó la posibilidad de crear un Fondo de Cese Laboral que reemplace el sistema vigente de indemnizaciones; la creación de la figura del trabajador independiente y la eliminación de la presunción de relación laboral para la contratación de servicios de manera permanente.

La intención del gobierno es avanzar con los puntos del Título IV del DNU 70/23 que quedaron truncos a partir de la medida cautelar que dispuso la justicia laboral ante las presentaciones sindicales. La negativa de la Corte Suprema de tomar la causa dejó la norma en suspenso. A la vez, a pesar de la media sanción en el Senado contra todo el DNU, la oposición decidió no avanzar en Diputados.

La administración de Milei ya cuenta con un proyecto presentado en la Cámara baja por la diputada oficialista por Santa Fe Romina Diez que cuenta con la firma de una quincena de legisladores de la bancada de La Libertad Avanza y el aval del secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Los puntos claves

Allí, el artículo 1° destaca que busca limitar el concepto de “irrenunciabilidad” establecido en la Ley de Contratos de Trabajo (LCT). Se trata de un principio fundante del derecho laboral en tanto es el que establece que ningún trabajador mediante un contrato individual puede renunciar a un derecho consagrado en una norma superior como el convenio colectivo de trabajo o la propia LCT.

Esa idea parte de reconocer el carácter asimétrico de la relación laboral, base de la tutela preferente que el fuero laboral concede al trabajador por encima del empleador. Horadar ese principio resulta un mecanismo para debilitar el poder de los convenios y, en definitiva, la acción colectiva de los trabajadores, que es la única capaz de compensar y revertir ese vínculo asimétrico entre patrones y empleados, que es la característica que prima en los lugares de trabajo donde el trabajador no cuenta con respaldo alguno para negociar en soledad.

En la misma línea se posiciona el reclamo patronal de poner fin a la ultra actividad de los convenios, que es un punto de partida básico para la defensa de los derechos de los trabajadores porque impide la acción extorsiva de las patronales para perforar los derechos consagrados. La ultraactividad permite que un convenio colectivo siga vigente así no haya acuerdo entre la empresa y el sindicato.

El proyecto, además, consolida la potestad de las patronales de disponer de cambios “no irracionales” (sic) en las modalidades de trabajo de los empleados sin que los mismos puedan exigir de manera sumaria el restablecimiento judicial de sus condiciones. A lo sumo, podrán considerarse despedidos.

De este modo, se da vía libre a diversos mecanismos que permiten adaptar las condiciones laborales a la productividad empresaria como el banco de horas o las vacaciones fragmentadas tal como lo disponen los artículos 11 y 10, que habilitan jornadas de hasta 12 horas y flexibles durante todo el mes, eliminando en los hechos las horas extras y consagrando la potestad de las patronales para reconocer períodos vacacionales con un mínimo de una semana sin garantía de temporada alta o período vacacional escolar. Se trata de un avance en la multitarea tal como lograron imponer recientemente en los convenios de Aerolíneas Argentinas o, algunos años atrás en la empresa Toyota.

La adaptación de las condiciones de trabajo a criterios de productividad forma parte de uno de los reclamos centrales de las patronales como forma de compensar la suba del «costo argentino» resultante del atraso cambiario.

Más beneficios patronales

En su extenso articulado, el proyecto avanza en el desconocimiento del carácter remunerativo de diversos beneficios y refuerza la potestad patronal para ejercer controles médicos sobre los trabajadores en uso de licencias por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Además, ratifica exenciones contributivas a las patronales que contraten nuevos trabajadores y mayores beneficios si se tratara de titulares del programa Volver al Trabajo o empleados públicos puestos en disponibilidad por el mismo gobierno.

Negocio financiero

La ley aborda un punto que las entidades patronales vienen reclamando hace varios años. Se trata de la discusión sobre los criterios de indexación de los créditos laborales que no están plasmados en la legislación vigente. Diversas instancias judiciales establecieron que los mismos incluyan la capitalización de los intereses en favor del trabajador. El proyecto, por el contrario, dispone una actualización según IPC más el 3% de intereses que resulta pernicioso para el trabajador.

De esta forma, se estimula a las patronales a judicializar los reclamos y extenderlos en el tiempo en tanto durante el período pueden obtener un beneficio financiero con la plata que es propiedad del trabajador y retienen indebidamente.

¿La CGT?

El anuncio de Javier Milei omitió la reforma del modelo sindical como un objetivo del gobierno. De este modo buscarán que el proyecto presentado por el diputado radical Martín Tetaz no avance. Se trata de un gesto mediante el cual el gobierno busca sostener la paz social y el diálogo con la CGT.

Uno de los principales dirigentes de la CGT, el secretario adjunto Andrés Rodríguez, señaló a Tiempo que existe un acuerdo con el gobierno para que ese proyecto no avance aunque, reconoció, «no confiamos que lo cumplan».

A la vez, el dirigente de UPCN ratificó que “el punto más complicado del proyecto es el de la irrenunciabilidad”.

 Consultado sobre la actitud que tendrán en caso de que avance el proyecto, señaló que “haremos lo mismo que con la Ley Bases, buscaremos bajar los artículos más complicados. Para eso tenemos canales de negociación con el gobierno a través de (Guillermo) Francos y Santiago Caputo. También abordaremos a la oposición en el Congreso”. «