El gobierno intentará retomar el diálogo con el Fondo Monetario Internacional esta semana. Lo hará a través de una misión encabezada por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris. Ambos participarán de la reunión conjunta anual del FMI y el Banco Mundial, que se realizará desde el martes en Washington.
El encuentro no sólo congrega a los directivos de ambas entidades sino a ministros del área económica de los países miembro y jefes de bancos centrales, además de banqueros y ejecutivos privados. La agenda de reuniones de los funcionarios argentinos todavía no está definida.
Las relaciones entre el gobierno y el Fondo están virtualmente suspendidas desde que el oficialismo perdió por paliza las elecciones Primarias de agosto. Pocos días después, una delegación del organismo vino a Buenos Aires y se entrevistó primero con el recién asumido Lacunza y luego con el candidato opositor Alberto Fernández. Desde entonces, el vínculo entre las partes quedó en el aire. A la luz de la nueva estampida del dólar y de las medidas de emergencia que tomó el presidente Mauricio Macri, que significaron el adiós a la promesa de evitar el déficit fiscal, en Washington resolvieron suspender sin fecha el giro de los U$S 5400 millones previstos en el acuerdo stand by. «Estamos analizando las últimas medidas», fue la justificación, mientras las miradas se posan más en Fernández, probable presidente desde diciembre (y como tal encargado de devolver los U$S 44 mil millones que el Fondo ya aportó), que en las autoridades actuales.
Para peor, los tiempos del organismo decididamente no coinciden con las urgencias del gobierno. Quedó claro hace tres semanas, cuando Macri aprovechó su viaje relámpago a la Asamblea General de la ONU para irrumpir en una reunión entre Lacunza y el vice del FMI, David Lipton. Su intervención no evitó otra pausa en las conversaciones, que recién se reanudarán ahora. En el interín, otra figura pasó a ser protagonista: la búlgara Kristalina Georgieva, quien sustituyó a Christine Lagarde (el gran sostén político de Macri) como directora gerente del Fondo.
Prioridades de Kristalina
«Tenemos una billetera y un cerebro, pero por sobre todas las cosas un corazón que late», dijo Georgieva al asumir su cargo. La frase buscó profundizar la senda de su antecesora: despojar a la entidad de su pátina severa, asociada a ajustes fiscales y poblaciones sufrientes. Pero en su primer discurso público, en la semana que pasó, dio muestras de que las prioridades no cambiarán demasiado.
«La economía mundial se encuentra en un período de desaceleración sincronizada», dijo Georgieva al estimar que la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China recortará la producción global en U$S 700 mil millones. En ese marco, insistió en que «las políticas monetaria y financiera no pueden hacer el trabajo por sí solas: la política fiscal debe desempeñar un papel central». Y retomó la doctrina ortodoxa: «Un nuevo estudio del FMI —centrado específicamente en las economías de mercados emergentes y en desarrollo— muestra de qué manera las reformas estructurales pueden aumentar la productividad y generar enormes beneficios económicos», señaló. En el lenguaje del Fondo, esas reformas apuntan al sistema previsional, impositivo y laboral que sus técnicos venían pregonando en cada misión auditora. Macri trató de impulsarlas hasta que la crisis lo hizo cambiar de discurso.
En ese marco y a escasos diez días de las elecciones, Lacunza y compañía se juegan una última carta: un apoyo político estratégico de los Estados Unidos que doblegue los reparos formales del FMI, resuelto a esperar el resultado de los comicios antes de cualquier decisión. En el gobierno se ilusionan con un anuncio sobre el desembolso pendiente, acerca de la continuidad del programa o incluso de una apertura de negociaciones para reordenar el calendario de devolución del préstamo. En definitiva, esperan una señal para creer que el Fondo todavía no le soltó la mano a Macri. «