La «personería social» es un recurso especial creado bajo el mandato del entonces ministro de Trabajo Carlos Tomada, en diciembre de 2015, y resulta un peldaño previo a la personería gremial que reconocería el carácter de sindicato de primer grado a la organización que agrupa a un sector muy amplio de trabajadores que se desempeñan sin la existencia de patronales en tareas como el cartoneo, la agricultura familiar u otras actividades de esa naturaleza.
Como continuidad de aquella norma, en febrero de 2016, la resolución 32/2016 de esa misma cartera, pero bajo el gobierno de Cambiemos, se creó un registro destinado a este tipo de organizaciones que incluyen cooperativas de trabajo enroladas en los programas del ministerio de Desarrollo Social, así como empresas recuperadas y autogestivas.
La letra de esa resolución indica que “serán objetivos de tales asociaciones la protección y formación profesional de los integrantes de la economía popular y de las empresas recuperadas y/o autogestionadas, procurando la adecuada expresión de sus intereses, la satisfacción de sus derechos, la asistencia en el campo de la salud y en el de la seguridad social y facilitando el desarrollo y la justa compensación de las tareas desempeñadas por aquellos en todos los ámbitos”.
Además, asegura que “cada entidad fijará su ámbito de actuación personal y territorial, su modalidad de constitución, elección de autoridades y funcionamiento, de acuerdo a las normas correspondientes a su condición de persona jurídica y con plena sujeción al contralor que efectúe a su respecto la autoridad competente”.
Al mismo tiempo la resolución establece las facultades de aquellas organizaciones inscriptas en el registro que, ahora, serán formalizadas. Entre ellas destaca la de “proponer ante los organismos competentes formas de regulación laboral y protección social que contemplen la especificidad de su problemática” y la de “promover la incorporación de sus representados en el sistema previsional teniendo en cuenta su especial situación de laboral”. De la misma forma apuntan plasmar junto con la cartera laboral “la implementación de mecanismos voluntarios de solución de conflictos en el ámbito de sus competencias”.
El bloque de organizaciones de la economía popular que se constituyó como tal en 2018 aspira abiertamente a ingresar a la CGT. Si así fuera podría generar un terremoto en la organización porque podría ser el sindicato más grande del país ganando influencia en el Congreso de la entidad y, a su turno, en el Consejo Directivo de la organización.
Desde la CGT, su Secretario de Prensa, Jorge Sola, explicó a Tiempo que “tenemos muy buena relación con el Gringo (Jorge Castro) y hemos transitado situaciones en conjunto. Si logran la personería, de todas maneras, los términos de su ingreso deberán ser tratados en un Congreso de la entidad. No alcanza con el visto bueno del Consejo Directivo”.
Sola reconoció que “por la situación política todo gremio de trabajadores debería poder ingresar. Es un desafío ver cómo integrar las nuevas formas de relaciones laborales que vinieron para quedarse”.
El mismo dirigente recordó que “tienen una inscripción gremial con la que han presentado su solicitud de ingreso a la CGT hace ya un par de años y, de hecho, han participado de manera informal en el Consejo Directivo ampliado”. Con todo, explicó que “para eso, deberán ceñirse al estatuto y cumplir con todas las situaciones. Siendo un gremio con simple inscripción no pueden ingresar. Luego deberán pagar las cuotas y ver la cantidad de cotizantes. El numero de afiliados es un dato que se tiene que contrastar y demostrar. El nivel de afiliación puede ser muy grande pero puede ser una ilusión”.
Finalmente, se preguntó: “¿Cómo es la cuota? ¿Dónde pagan? ¿Cómo se votan sus dirigentes? Por ese motivo no le dieron nunca la personería a la CTA. Porque es un abanico de representaciones más altas con un abanico más difuso”, concluyó.