El gobierno se había comprometido el viernes con las organizaciones sociales oficialistas en avanzar en el pago de los Potenciar Trabajo a los 1,3 millones de beneficiarios con un plazo máximo del 5 de diciembre.

El depósito, que originalmente debió realizarse el 3 de diciembre, quedó suspendido ante la amenaza de imputación que el fiscal Guillermo Marijuán realizó contra la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz por incumplimiento del deber de funcionario público. La ofensiva judicial sobre la titular de la cartera social se fundamentó en los resultados provisorios de un informe que el ex ministro Juan Zabaleta solicitó a la AFIP y que dio cuenta de la existencia de presuntas incompatibilidades de un número indeterminado de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

El compromiso que el gobierno asumió el viernes, sin embargo, no se cumplió en la fecha estipulada motivo por el cual las organizaciones piqueteras independientes decidieron avanzar con una medida que incluyó movilizaciones y cortes en todo el país en la cual reclamaron el pago de lo adeudado, mejores suministros para los comedores y el pago de un bono de fin de año o aguinaldo. Además, reclamaron sostener la indexación del salario social complementario que perciben como parte del programa con relación al salario mínimo vital y móvil.

El malestar por el incumplimiento de lo acordado también alcanzó a las organizaciones sociales oficialistas. Una de ellas, la agrupación Martin Fierro integrante de la UTEP emitió pasadas las 11.30 am un fuerte comunicado con el título de “Es una vergüenza que nuestro gobierno no pague a término el Potenciar Trabajo ni cumpla con los acuerdos alcanzados”. En el mismo momento la Unidad Piquetera protagonizaba su jornada de lucha en todo el país con epicentro en el ministerio de Desarrollo Social.

Pasadas las 12.30 del mediodía se conoció un comunicado de la cartera social en el que la ministra asegura que el pago de los Potenciar Trabajo está en curso a partir de la autorización obtenida de parte de la justicia que, a la vez, habilitó el pedido de relevar el secreto fiscal sobre la totalidad de los beneficiarios del programa para avanzar en un análisis e identificación de las supuestas incompatibilidades. Allí aseguran que el depósito plasmaría en las cuentas de los beneficiarios durante la jornada de mañana miércoles.

Con todo, la cartera informó que, a partir de la información suministrada por la AFIP se procedió a dar de baja del beneficio a poco más de 20 mil beneficiarios que, por lo tanto, mañana no percibirán los $28.950 contemplados en el programa. Además, la cartera aseguró que continuará con el proceso de análisis de datos para “detectar potenciales incompatibilidades”.

A la vez, el ministerio ratificó el lanzamiento de un nuevo proceso de validación de identidad sobre la totalidad de los beneficiarios a través de la web que concluirá el próximo 6 de enero.

Las organizaciones de la Unidad Piquetera aseguraron que la decisión fue resultado de su plan de acción a la vez que se mostraron pendientes de una reunión con la titular de la cartera a la espera de una respuesta para el resto de los puntos que reclaman comenzando por el pago del aguinaldo.