El aumento de la tarifa de gas siguió su recorrido y desde el 1 de junio comenzó a aplicarse la tercera cuota consecutiva de incrementos, lo que coincide con la acentuación de las temperaturas más bajas, propias del otoño.

El gobierno no incluyó el servicio domiciliario del gas en el promocionado congelamiento tarifario que lanzó en mayo como parte de las medidas para mejorar el poder adquisitivo del salario y ganar las elecciones.

Así las cosas, los hogares recibirán boletas por el consumo de junio con valores hasta un 87% superiores a las que recibían un año atrás.

Es que el tarifazo del gas suma los aumentos de fines del año pasado más el escalonamiento de abril y mayo, cuando el costo del fluido subió un 10% y un 9 %, respectivamente.

Hay que tener en cuenta que parte de la política tarifaria del gobierno consiste en complicar los cálculos de los aumentos, con lo que genera confusiones y miradas diversas. Para el usuario común interpretar la boleta de gas y el tipo de aumento que sufre se ha convertido en un problema muy serio.

Pero la secuencia se puede rastrear: el último ajuste del servicio de gas de 2018 fue del 45% promedio. A ello se le sumó el aumento de este año, partido en tres partes, la última de las cuales es el 7,5% que se aplica desde junio.

Las categorías de consumo residencial más castigadas por estas subas sufrirán un aumento de hasta el 87,05 por ciento.

Para que el peso del aumento en la tarifa de gas no se sienta en invierno, cuando el consumo en cada hogar se duplica o triplica, el gobierno pergeñó una postergación del pago del 20% de ese incremento, el que se pagará con las boletas del verano. A esto se le llama tarifa plana. Es decir, en los meses en los que las familias pueden aprovechar el dinero para gastar en otra cosa ya que el consumo de gas es más bajo y desciende el costo de la boleta, el gobierno impone un gasto extra de gas. El objetivo es uno: mantener el tarifazo a toda costa.

En diálogo con Tiempo dos semanas atrás, Andrés Repar, miembro del Observatorio de Tarifas (OTA) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), indicó: «Es un disparate hablar de un 32% de incremento anual de la tarifa del gas. Puede ser un 60% teniendo en cuenta la tarifa plana. Lo cierto es que el aumento gradual es un engaño. Está repartido, pero llegamos al invierno con todo el aumento implementado. Además, para el verano le queda al usuario un monto importante por pagar porque se va a juntar el mayor consumo de energía eléctrica con este porcentaje en gas que queda pendiente».

En el gobierno nacional se esmeran en divulgar que el 20% del valor de la boleta que se posterga para el verano es un «descuento», cuando en realidad es sólo una postergación del pago. En los cálculos oficiales, los hogares de los principales centros urbanos recibirán un aumento del 32% promedio respecto del año pasado. Aunque, como en todo promedio, algunos están por encima, como las categorías que representan a los consumos más bajos. Por caso, el propio gobierno admite que en la categoría R2-1, el incremento interanual será del 50%. En cambio, en la categoría R3-4, de muy alto consumo, caerá al 19%. Cosas de la forma que tiene el gobierno para mirar la realidad. «

Petroleras piden menos impuestos nacionales

El Precoloquio de IDEA Vaca Muerta, realizado en Neuquén, puso de manifiesto dos aspectos. De un lado, una relativa adhesión del empresariado de la energía a la dupla oficial para las elecciones presidenciales de octubre (ver página 8). Del otro, un reclamo para que la producción y exportación de petróleo y gas sean eximidas del pago de tributos.

Respecto de este último punto, llamó la atención el énfasis puesto por los representantes de las empresas, en el sentido de que no quieren más subsidios a la producción.

El tema fue el eje de un áspero debate entre las productoras de gas y el gobierno por los cambios que este último introdujo en el pago de subsidios en Vaca Muerta. Por esos cambios, Tecpetrol le inició un juicio al Estado nacional.

Pero ahora Tecpetrol, junto con YPF y Pan American Energy, apunta a otro lado. El argumento presentado en el Precoloquio de Idea es que si el gobierno lo considera oportuno, «puede seguir subsidiando la demanda», es decir, el consumo residencial y comercial. Pero que «la producción no necesita subsidio, lo cual no quiere decir que no tengamos que racionalizar impuestos. Tenemos que poder exportar a los valores que el mercado requiere», según palabras de Miguel Gutiérrez, presidente de YPF. Las exportaciones son el eje de las preocupaciones de las petroleras.  «