La segunda ola de COVID-19 llega en un momento económico y social muy delicado entre los sectores populares. Si la primera ola los alcanzó tras dos años de la recesión que marcó el último tramo del gobierno de Mauricio Macri, esta nueva onda pandémica golpea de lleno a una población que ha perdido más ingresos y empleo.
Según la Cuenta de Generación de Ingresos del Indec, en el promedio de 2020 se perdieron poco más de un millón y medio de puestos de trabajo entre los empleados registrados, no registrados y cuentapropistas. El sector cuentapropista se encontraba al cierre de 2020 con unos 600.000 puestos menos que al final de 2019. En el caso de los registrados, la baja es de 276.000 empleos.
En ese sentido, el Indec registró que el desempleo abierto fue del 11% en el último trimestre del año. Pero también consignó que más de 2,5 millones de personas que integran la población económicamente activa dejó de buscar empleo en la segunda mitad del año. En tanto, la precariedad del empleo informal y la masividad de las cesantías generó una curiosa paradoja cuando, en junio, se registró el piso histórico porcentual del trabajo no registrado, con un 23,8 por ciento.
En relación a los ingresos, según el último dato oficial disponible del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) la mediana del salario se incrementó un 30,5% entre enero de 2020 y el mismo mes de 2021, cuando la inflación en el mismo período alcanzó el 38,5%, consolidando una pérdida del poder adquisitivo del 5,7% que escaló, según datos del Indec, al 8,7% para los trabajadores registrados del sector público y al 6,4% entre los no registrados.
La asistencia pierde filo
La hecatombe en el mercado de trabajo y su impacto en las condiciones de vida de la población más vulnerable se produjo a pesar del despliegue de variadas herramientas de asistencia estatal. Por caso, durante 2020 los programas Potenciar Trabajo, que distribuye el Ministerio de Desarrollo Social por un monto equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil, pasaron de un total de 560 mil en enero hasta 760 mil en diciembre. En la actualidad, ya alcanzan los 870 mil beneficiarios que implican una erogación mensual de casi $ 9000 millones. Sin embargo, al estar vinculados con la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil, retrocedieron en términos reales un 42% desde enero de 2017.
La política alimentaria de la cartera de Desarrollo social también reflejó el grado de pauperización de los sectores más vulnerables. La tarjeta alimentaria paso de alcanzar a 407.487 personas en enero de 2020 hasta superar el millón y medio en la actualidad. La cartera informó haber destinado para ese propósito los $ 113.058 millones. Allí sí está pautado un incremento de ese beneficio que, desde febrero 2021, ascenderá hasta $ 6000 y 9000 pesos. El mismo organismo informó haber establecido «una asistencia técnica y financiera a 5487 organizaciones comunitarias, que prestan servicios alimentarios regulares a 554.087 personas».
Desde la ANSES, en 2020 se generaron políticas de asistencia especiales por la pandemia por un monto total de 1,8 billones de pesos explicados, en particular, por las tres cuotas del IFE para casi 9 millones de beneficiarios por $ 265.000 millones, las seis rondas de ATP por $ 326.000 millones y erogaciones de créditos blandos para la producción por unos $ 484.000 millones. Ambos beneficios concluyeron y fueron reemplazados por Repro de la cartera laboral que contemplan una asistencia a los salarios con un techo de $ 18.000, la mitad de lo que estipulaban los ATP y por el otorgamiento por única vez de $ 15.000 a un universo de un millón de personas titulares de la AUH, muy lejos de los 9 millones que percibieron alguna vez el IFE.
El 27 de abril se reunirá el Consejo del Salario Mínimo que ganará la atención de los beneficiarios de programas sociales fijados al 50% de su valor pero del cual dependen también otros haberes como el inicial docente y el haber mínimo jubilatorio. Para llevarlo al valor de la Canasta Básica Total que mide el umbral de pobreza debería incrementarse un 177 por ciento.
Mientras tanto, empeoró la distribución del ingreso entre los distintos sectores de la sociedad. En el peor momento del año, los ingresos promedio del 10% de la población de mayores ingresos llegaron a equivaler 25 veces los de los del decil de menores ingresos cuando, un año antes, esa proporción llegaba hasta 20 veces. En el último trimestre del año, la brecha se redujo hasta 21 veces. Así las cosas, la crisis no golpeó a todos los sectores y clases de la misma forma. Según el Indec, la participación en el valor agregado de las ganancias empresarias mejoró en 1,2 puntos durante el 2020. «
