El conflicto en el taller gráfico AGR-Clarín concentra prácticamente todos los condimentos de la situación laboral argentina. De un lado, una empresa que quiere modificar a fondo las relaciones laborales y que cuenta para ello con el respaldo del gobierno; del otro, un sector sindical que enfrenta la avanzada y procura defender su Convenio Colectivo de Trabajo tal como está escrito.

La reforma laboral que busca el gobierno tiene varios frentes: la flexibilización de los convenios, la baja de los aportes patronales, el blanqueo de trabajadores no registrados, una reforma de las leyes de contratación laboral para permitir las pasantías y regímenes especiales para jóvenes y el cambio en la Ley de ART.

Tras la confirmación de que el cambio de ley de ART se hará por decreto (ver aparte), el debate de los convenios picó en punta, para lo cual el gobierno apunta a una negociación paulatina, sectorizada y sin grandes dolores con los sindicatos para lograr incluir «la productividad» en los convenios.

En el caso de AGR, sus trabajadores han denunciado que la empresa les aseguró que «el Convenio Colectivo es del pasado» y que requiere «un cambio total del mismo», según expresó a este diario Pablo Viñas, el secretario general de la Comisión Interna de AGR. La Federación Gráfica Bonaerense (FGB), que dirige Héctor Amichetti, ratificó esa advertencia al convocar a un paro de 24 horas el jueves pasado «en defensa del Convenio».

El gobierno redobló la apuesta por estas horas. Desde Davos, Suiza, donde participaba del Foro Económico Mundial, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, aseguró que tras los cambios en el convenio petrolero para bajar los costos de explotación del yacimiento neuquino de Vaca Muerta, la administración de Cambiemos tiene en la mira al convenio metalúrgico, el de la UOM, específicamente el que involucra a los trabajadores que trabajan en el sector electrónico. «Queremos hacer un acuerdo global con los inversores, trabajadores y los consumidores para que tengan reglas claras respecto hacia dónde va la industria. A los empresarios les pedimos que bajen sus precios y para eso tienen que ajustar sus costos y muchas veces la inversión». Y esto sucede días después de que el gremio que agrupa a los Capitanes de Ultramar aceptara modificar su convenio para reducir el costo empresario.

El oficialismo busca evitar hablar de «reforma laboral», sino que menciona los «cambios en los convenios colectivos de trabajo para modernizarlos y que dejen de ser obsoletos». Y así se lo expresaron el jueves pasado el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, al triunvirato que comanda la CGT, a quienes les presenatron las propuestas antes de hacerlas públicas.

«La idea es no volver a cometer errores que capaz cometimos con Ganancias, por eso se le presentaron algunos artículos a la CGT», explicaron desde la cartera laboral sobre un proyecto que le dio más de un dolor de cabeza al macrismo. «Quedaron en analizarlos y en un par de semanas van a hacer una devolución y el gobierno va a tomar una decisión», confiaron a Tiempo.

La comparación entre la modificación de Ganancias y las propuestas que le llevó el gobierno a la central obrera no es antojadiza: la CGT trabó el proyecto en el Congreso y ese traspié provocó un tembladeral en el oficialismo. El terremoto fue tan fuerte que se llevó puesto al exministro de Economía Alfonso Prat-Gay, quien no cumplió con la promesa de adelantar un borrador del proyecto a los sindicatos. «Hubiese sido una falta de respeto que se enteraran por los medios», agregaron.

La batalla del macrismo no es solo política sin también lingüística. En el gobierno quieren desterrar los términos «flexibilización» y «pasantía» del diccionario y remplazarlos por otros más amistosos para el oído de los trabajadores como el de «prácticas formativas». La semana pasada Triaca consideró que las extintas pasantías «se utilizaron sin control, de manera precaria, sin analizar el verdadero sentido que tiene que ver con la práctica formativa y la adquisición de conocimientos».

Aún no está claro si las distintas reformas que plantea el gobierno pasarán por el Congreso o elegirá ahorrarse un camino que puede depararle sinsabores. En el radicalismo hicieron fila para disparar contra el decreto presidencial que modifica la ley de ART y Ricardo Alfonsín comparó a Mauricio Macri con la «anterior gestión».

En medio de esa tensión en la Casa Rosada analizan los «casos testigo» sobre distintas actividades, para abrir negociaciones de mediano plazo, donde el primer tramo sea la actualización salarial de las paritarias, y el segundo sea la «modernización de los convenios», con negociaciones por productividad que finalmente estarán atadas a bajar el costo salarial. Una de las instancias elegidas por el gobierno para oficializar esos borradores y negociaciones sectorizadas es la Mesa de Diálogo que comparte la CGT, la Iglesia y ministros del Gabinete Nacional.

En la CGT

La presión del gobierno ha tenido dos efectos sobre los otros jugadores de esta partida. De un lado, el sector empresarial espera mientras observa los efectos de la avanzada gubernamental, que es favorable a sus intereses. Del otro, el sector sindical se ha fracturado y las posiciones que adoptan sus referentes varían al punto de ser contradictorias. La imagen de la CGT está muy cuestionada producto de la inacción ante las constantes iniciativas del gobierno y las empresas. Ahora, la central obrera enfrenta una situación crucial y los patos están lejos de alinearse.

Un secretario general de un gremio cercano a Antonio Caló y al Consejo Directivo le dijo a Tiempo que «hay muchas diferencias; son más las diferencias que los puntos de acuerdo» en la cúpula sindical, aunque sin especificarlos. Aclaró que el Consejo no ha tomado aún una postura orgánica, que se realizan reuniones informales y que no solo se discute la reforma laboral. «Hay muchos problemas por el tema del desempleo. La CGT ha quedado desairada ante el incumplimiento de lo pactado y firmado por parte del gobierno y se discute la posibilidad de una medida de fuerza», advirtió.

En contradicción con lo expuesto, Ricardo Caamaño, directivo de la Uocra, aseguró a Tiempo que «en la CGT hay una marcada unanimidad respecto al rechazo de la reforma. Algunos sindicatos podrán discutir de manera individual algunos puntos, como puede ser la productividad, pero la posición de la CGT es clara».

Y, por si fuera poco, existe una tercera posición. Luego de la reunión con Triaca y Quintana, Juan Carlos Schmid, uno de los triunviros de la CGT, sorprendió al negar que la discusión fue por reforma laboral. «Hay que cambiar el título porque cuando se habla de reformas suena siempre perjudicial para los trabajadores. Acá se discute simplemente el nivel de informalidad que hay en Argentina y ver cómo se puede incorporar al sector formal», explicó a radio Splendid. En ese marco, detalló: «Se abren formulaciones e interrogantes que se van a discutir y ver cómo se despejan, como los fondos para la seguridad social, las contribuciones, en qué condiciones ingresan estos trabajadores al mercado de trabajo, cómo los actuales planes de asistencialismo se transfieren al trabajo registrado», enumeró y remarcó: «No se discute sobre los convenios de trabajo. Va a haber otra reunión la semana que viene».

En diálogo con Tiempo, el titular del Sindicato de Televisión (SAT) y referente de la Corriente Sindical Federal (CSF), Horacio Arreceygor, arremetió: «Queremos que la CGT se ponga a la altura de las circunstancias y endurezca la posición. Ha transcurrido un tiempo más que el prudencial. Para las primeras semanas de marzo, la CGT tiene que tener un plan de lucha. Si no, vamos a tener problemas».

La CGT se queda sin margen para las dudas y las medias tintas. La reforma laboral impulsada por el gobierno y pedida por las empresas pretende tocar los puntos neurálgicos de conquistas sindicales históricas. La semana próxima habrá otra reunión con el gobierno y a principios de febrero se reunirá el Consejo Directivo. Deberá elegir entre luchar por los derechos de los trabajadores o dejarle el camino allanado a Cambiemos. «

ART: esta semana sale el decreto de reforma

Esta semana se publicará en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el cual el presidente Mauricio Macri introducirá cambios en la ley de ART. Se trata del proyecto que ya tiene media sanción del Senado: como el gobierno intuye que el paso por Diputados será largo y le puede costar mucho conseguir los acuerdos para su aprobación, decidió apurar el trámite. De esa manera, evitará que a partir del 1 de febrero, cuando se reanude la actividad judicial, ingresen nuevas demandas en el fuero laboral.

La idea del Ejecutivo es que todos los accidentes de trabajo pasen obligatoriamente por una comisión médica, y que recién luego de que esta se expida el trabajador pueda acudir a la Justicia, si la decisión no lo conforma. Así se reducirán los juicios y la posibilidad de que las empresas tengan que indemnizar por la responsabilidad que les toque. Actualmente hay 300 mil juicios abiertos con reclamos por U$S 4500 millones. El gobierno cree que esta instancia previa aportará «previsibilidad, costos laborales razonables y una reducción de la incertidumbre en la creación de nuevos puestos de trabajo», según rezaba el proyecto de ley.

Por tratarse de un DNU, el texto deberá ser refrendado por una comisión bicameral parlamentaria. La oposición, y hasta algunos legisladores oficialistas (como el senador radical Luis Naidenoff, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías) criticaron la decisión de saltear al Congreso. Pero Macri ya avisó en la última reunión de Gabinete que la resolución está tomada y que el decreto verá la luz esta semana.