Los memorandos que acompañan el acuerdo con el Fondo Monetario ponen el acento en la mejora de la recaudación tributaria como forma de reducir el déficit fiscal. Los textos apuntan a dos vías diferentes. De un lado, la mejora de la administración tributaria, lo que debería reflejarse en un incremento de la recaudación por la baja de la evasión y la elusión; del otro, la suba de algunos impuestos que ya se pagan aunque por una vía indirecta que no implica el aumento directo.
Este último es el caso de Bienes Personales. El gobierno nacional no tiene en vista enviar al Congreso un proyecto de ley para modificar las alícuotas vigentes ni los umbrales a partir de los cuales se determinan las diferentes categorías.
El aumento de la recaudación provendrá de la suba de la valuación de las propiedades (no está pensado para los automotores). De esa manera se ensancha la base imponible y los que ya pagan tributarán más.
En el Memorando de políticas económicas y financieras se señala que el gobierno espera incrementar la recaudación de este año en un 0,1% del PIB, es decir, unos $ 45.000 millones, cifra que subiría al 0,2% del PIB el año próximo.
Allí también se consigna que el revalúo inmobiliario alcanzará a 600.000 propiedades en todo el país.
A las provincias les interesa este asunto por dos motivos: por un lado, el revalúo implica un incremento de lo que recaudan por el inmobiliario y por sellos para cada operación de compra-venta. Por el otro, porque Bienes Personales se coparticipa en un 93 por ciento.
Para avanzar en este tema, el gobierno apelará a un esquema que la AFIP abandonó en 2018: tomar la valuación que hace la Ciudad de Buenos Aires para la valuación de las propiedades a los efectos del cobro del ABL (el impuesto inmobiliario porteño), que suma a la valuación fiscal un multiplicador de valor 4.
Vinculado también con los ingresos provinciales, el pacto con el Fondo apunta a «promover» el intercambio de información entre la AFIP y las administraciones tributarias provinciales para avanzar «en la armonización del funcionamiento de regímenes de retención, percepción y recaudación, y de los procedimientos de devolución del impuesto a los ingresos brutos (II. BB.)», indica el memorando. En el stand by que el gobierno de Cambiemos firmó con el FMI en 2018 también había párrafos dedicados a Ingresos Brutos, que incluso había sido materia de cambios en el Pacto Fiscal de ese año.
Este cruce de información apunta también a «mejorar las capacidades de gestión y el cumplimiento tributario de los tres niveles de gobierno», según el memorando.
IVA y Ganancias
Con el IVA y el Impuesto a las Ganancias, el gobierno aceptó incluirlos en los «parámetros de referencia estructural», como nombran en el memorando a los objetivos que el gobierno debe cumplir en un plazo determinado. En estos casos, se trata de crear «un plan de acción detallado y sujeto a plazos, que se centrará en detectar brechas de cumplimiento y en mejorar la gestión del riesgo de cumplimiento de los principales impuestos internos y derechos aduaneros». Este plan de acción debe estar disponible para comenzar a aplicarse en agosto próximo.
Las «brechas en el cumplimiento» del IVA no están en el último eslabón de la cadena, el consumo, sino en los previos, sea por retención indebida del tributo o por la venta sin registro. Se trata de un problema estructural de la economía argentina que nunca pudo ser solucionado. os memoriosos recuerdan a Carlos Tacchi, el recaudador de la primera parte de la convertibilidad, con Carlos Menem en el gobierno, y que lloraba por la furia que le provocaba la evasión del IVA, que algunos calculan hoy en el 35%.
«Dados estos niveles de incumplimiento en el impuesto de mayor peso en la recaudación tributaria nacional, y buscando ser realistas en la fijación de metas alcanzables, se espera que la aplicación de estas mejoras en la eficiencia de los procesos de la administración tributaria pueda generar un 0,3% del PBI de recaudación adicional en 2023», dice el memorando, con objetivos mucho más discretos.
El acuerdo también impacta en el impuesto a los combustibles fósiles, para lo cual el gobierno deberá enviar un proyecto de ley al Congreso que modifique la forma actual de cobrarlo, vigente desde 2018, y que impone una suma fija en pesos por cada unidad de medida. El FMI y el gobierno acordaron volver al esquema anterior, con un esquema móvil en el que a mayor cantidad de unidades de medida involucradas, mayor es la alícuota.
