El tridente opositor que, a partir de la puesta en agenda del tarifazo, conforman los bloques peronistas del Senado, de Diputados y la CGT tiene sus puntas afiladas y se alista para repetir esta semana la demostración de fuerza que logró evidenciar en la Cámara Baja el último miércoles. 

La CGT anunció con duro documento emitido el jueves la puesta en marcha de un plan de lucha que comenzó el viernes con una movilización de la central obrera y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Los diputados peronistas impulsaron el trámite parlamentario del proyecto unificado para retrotraer las tarifas y regular los aumentos. Consiguieron el dictamen de mayoría y esta semana lo llevarán al recinto.

Los bloques peronistas del Senado anunciaron su rechazo a los proyectos de reforma laboral impulsados por el gobierno nacional en consonancia con lo declamado por la CGT y todo indica que el gobierno postergará ese debate a la espera de un contexto más favorable. La conferencia de prensa que se llevó adelante el viernes por la mañana, en la que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y su par de Finanzas, Luis Caputo, buscaron apaciguar el clima en la City porteña, también sirvió para que los funcionarios descargaran una batería de críticas contra los sectores de la oposición que buscan frenar los aumentos de tarifas en el Congreso.

Con los dichos de los  funcionarios como muestra cabal de que el «diálogo y el consenso» forman parte del pasado, la oposición recogió el guante y salió a contestar. El primero en responder por las redes sociales fue el titular del bloque de Argentina Federal, Pablo Kosiner, que sentenció: «Resulta lamentable que el ministro Dujovne en vez de plantearles un mensaje a los argentinos preocupados por la actual situación se dedique a agraviar al Congreso, en especial a la oposición».

En un tono más cauteloso se expresó el economista del bloque del Frente Renovador, Marco Lavagna: «Es imposible reducir el déficit del Estado por la vía del ajuste porque hacés caer la economía. Lo tenés que hacer por la vía del crecimiento del mercado interno, cosa que no tiene este modelo económico», dijo. Además, Lavagana subrayó que el gobierno «puso mal las prioridades y está metiéndose en un modelo cada vez más financiero y con menos foco en las pymes».

El peronismo no se quedó en lo declamativo y un par de horas más tarde presentó el pedido de sesión especial para tratar el proyecto unificado el próximo miércoles a las 12 horas.  Este movimiento, y la maniobra previa del oficialismo que había pedido una sesión especial para ese mismo día, pero un par de horas antes, con el fin de tratar la modificación de la ley de mercado de Capitales, anticipan una nueva batalla parlamentaria por el quórum y la agenda.

En esta instancia, el kirchnerismo decidió correrse y dejar que el interbloque Argentina Federal y el Frente Renovador sean los que lleven adelante el planteo. Una decisión inteligente que suaviza las chicanas dentro y fuera del recinto, y obliga al oficialismo, por una jornada, a dejar el pasado de lado y asumir la defensa del aumento de las tarifas de los servicios públicos. 

El kircherismo junto con el movimiento Evita y los representantes de la izquierda, no obstante, serán parte de la articulación necesaria para obtener la media sanción. 

En el Senado, el escenario no es muy diferente. Más allá de que la expresidenta Cristina Fernández presentó un proyecto para frenar los aumentos de tarifas, lo cierto es que también es el peronismo federal el que marcará los tiempos y el que determinará la suerte, tanto de la media sanción de diputados como de la reforma laboral.

El titular del bloque Argentina Federal en la Cámara Alta, Miguel Ángel Pichetto, no dudó en salir a marcar la cancha y advertir, como lo hiciera el año pasado, que el espacio que le toca conducir no acompañará ninguna norma que perjudique a los trabajadores y que no esté consensuada con la CGT. El senador por Río Negro, sin embargo, no fue tan tajante sobre el freno a los aumentos tarifarios. Si bien cuestionó la falta de gradualismo en la materia, no anticipó cuál va a ser la postura del bloque en caso de que deba tratar el tema en el recinto.

La CGT, como tercer vértice del triángulo opositor que le marca la agenda al gobierno, dejó la tibieza de lado y anunció un plan de lucha que comenzó el último viernes. El regreso de Camioneros al Consejo Directivo, el posible ingreso de los Movimientos Sociales y la impronta que decidieron imprimirle los dirigentes alineados tras Luis Barrionuevo parecen marcar un giro en la relación del central obrera con el gobierno. 

El documento emitido por el Consejo Directivo el último jueves anticipando medidas de fuerza y las posteriores declaraciones del secretario Gremial de Camioneros volviendo a poner al Paro General como una alternativa cierta para frenar el tarifazo y la reforma laboral, terminan por configurar la nueva posición de una CGT que se encuentra en pleno proceso para renovar sus autoridades el 22 de agosto.

Ningún dirigente se anima a confirmar la medida todavía. Sin embargo, fuera de micrófono son varios los popes sindicales que aseguran que ya sea por la reforma laboral o por el probable veto a la norma que regula las tarifas, la CGT convocará a un nuevo paro general.

Cambiemos apuesta a dilatar el debate una semana

Cambiemos apuesta a dilatar el debate por tarifas. El Ejecutivo mandó a su tropa a intentar postergar el debate otra semana, mientras busca algo más que una declaración por parte de los gobernadores. Por eso el oficialismo pidió para este miércoles a las 10 una sesión especial que tendrá como principal tema la modificación de ley de mercado de capitales.

Si bien la oposición decidió cerrar filas ante la crisis política y económica que azotó al gobierno la última semana, lo cierto es que la decisión de que el «tarifazo» siga dentro de la agenda de la Cámara de Diputados no cayó bien en todos los sectores del interbloque oficialista. 

La maniobra expone a Cambiemos a una jugada arriesgada. El oficialismo deberá garantizarse en soledad el quórum para la sesión y hacerla durar lo suficiente para hacer fracasar la sesión pedida por la oposición para dos horas más tarde.

La intención dilatoria de la convocatoria puede hacer peligrar el quórum que hasta hoy Cambiemos no tuvo problemas en conseguir.

El pedido del oficialismo fue formalizado el jueves a última hora, cuando el dólar rozaba los 24 pesos, e incluye la nueva Ley de Defensa de la Competencia y la reforma de la ley de mercado de Capitales. Además, el temario contiene un protocolo de enmienda a un convenio suscrito con Brasil contra la doble imposición.

Si bien la estrategia bajó desde jefatura d Gabinete, el radical Mario Negri y la macrista Silvia Lospennato le terminaron de dar forma a la maniobra en el despacho del presidente de la Cámara Baja Emilio Monzó.

Finalmente la convocatoria oficial reunió las firmas de los jefes del PRO, Nicolás Massot; de la UCR, Mario Negri; y Juan Manuel López por la Coalición Cívica, además de Lospennato, Josefina Mendoza, Gustavo Menna, Fabio Quetglas, Miguel Bazze, Luis Borsani y Facundo Suárez Lastra.

Pulseada por la rebaja del 50% del IVA

Si bien la oposición pudo sostener su unidad durante el tratamiento en Comisión del proyecto de ley que regula los futuros aumentos de tarifas y rebaja el 50% del IVA en las facturas, nadie se anima a garantizar que el próximo miércoles habrá quórum y mucho menos si conseguirá la mitad más uno de los votos. En la carrera hacia la media sanción el principal escollo parece ser la reducción del 50% del IVA que plantea el proyecto. Por eso sus autores, el renovador Marco Lavagna y el justicialista Diego Bossio, contemplan cambios en ese sentido que, según fuentes del interbloque Argentina Federal, se harán en el recinto. En ese marco, Cambiemos contraatacó difundiendo un informe en el que sostiene que el costo fiscal por reducción de recaudación de IVA alcanzaría los $ 22.950 millones para el año 2018 y los $ 26.350 millones para 2019, es decir un total de $ 49.300 millones. En el mismo texto se señala que el impacto en las cuentas provinciales por la caída en la recaudación del impuesto alcanzaría los $ 11.900 millones en 2018 y $ 13.600 en 2019.

Con el solo hecho de quitar el artículo que estipula la rebaja del IVA, la oposición no sólo dejaría sin su principal argumento fiscal a Cambiemos sino que tranquilizaría a más de un gobernador. El Ejecutivo seguirá apostando a los gobernadores para evitar el costo político del veto. Por eso el viernes les mandó un mensaje claro y contundente a través de la resolución del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que les prohibió a las empresas distribuidoras la incorporación de impuestos y tasas locales en las facturas. Las declaraciones de los mandatarios provinciales acerca de que la potestad de fijar las tarifas es del Poder Ejecutivo y no del Congreso comienzan a sembrar un manto de dudas sobre la posibilidad de que finalmente la oposición pueda ganarle la pulseada parlamentaria a Cambiemos. Desde el bloque Argentina Federal, donde habita el peronismo que responde a los gobernadores, sostienen que van a seguir avanzando y que por eso se pidió la sesión especial. «Hay que ver con qué novedades vienen los diputados el martes desde sus provincias», expresaron.

No será la primera vez que los gobernadores digan una cosa públicamente y los diputados que les responden hagan exactamente lo contrario. En ese escenario las miradas se fijan sobre Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Urtubey (Salta), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Hugo Passalacqua (Misiones) y Juan Manzur (Tucumán). «