Más de un millón de personas alquilan su vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, aún no existe una verdadera regulación de los alquileres, lo que recrudece la crítica situación habitacional y favorece las prácticas especulativas por parte de las inmobiliarias. No obstante, esta desigualdad de poder entre el mercado inmobiliario y los inquilinos se profundiza incluso cuando son las mujeres quienes deciden alquilar, ya sea por «dueño directo» o a través de una inmobiliaria. Buscar una vivienda en la CABA no es tarea sencilla de por sí, pero se transforma en una verdadera odisea cuando deben encararla ellas.

A la hora de alquilar, las inquilinas deben lidiar no solo con las dificultades propias de esa tarea, sino también con la discriminación de género, que se agudiza cuando se entrecruza con otros tipos de exclusiones, como mujeres solteras con hijos o hijas, en situación de violencia, jubiladas, migrantes, integrantes del colectivo LGBTIQ.

Habitualmente, cuando pretender acceder a un alquiler, deben contestar las siguientes preguntas:

¿Tenés hijos? ¿Cuántos? Cada vez se encuentran más avisos discriminatorios con cláusulas que especifican «sin niños», reduciéndose así las opciones.

¿Estás casada o separada? Las solteras o separadas muchas veces dependen de la firma de terceros o exparejas para reunir y certificar el monto mínimo de ingresos requeridos. ¿Qué trabajo realizás? El nivel más alto de trabajo informal es realizado por las mujeres (34,6% contra 31,8% de los varones, según datos del 2013), lo que ocasiona que muchas de ellas no puedan demostrar sus ingresos.

En el caso de las mujeres en situación de violencia de género se complejiza la problemática. Habitualmente son las que se retiran de su hogar con sus hijos para poder salir de la violencia, pero así suelen no recuperarse los documentos necesarios para una supuesta transacción de alquiler. No solo la pérdida material de sus posesiones hace inviable el acceso a una vivienda en alquiler: muchas de las mujeres que sufren violencia (o que atravesaron por ella) no tienen un trabajo que les otorgue los recursos económicos y recuperar su autonomía. Asimismo, en la mayoría de los casos, las mujeres y sus hijos rotan de casa en casa –y de barrio en barrio– desvinculándose de su tejido comunitario o redes de servicios. Todas estas barreras generan una realidad muy particular que se agrava con la suba progresiva y desmedida de los precios de los alquileres o la falta de garantía.

Si tenemos en cuenta que las mujeres dedican casi el doble de horas que los varones en las tareas domésticas y de cuidado, no nos asombra cuando vemos que el 90% de las consultas legales que recibimos en Inquilinos Agrupados provienen de mujeres. Mayoritariamente son ellas las que se ocupan de lidiar con el tema del alquiler, enfrentándose a obstáculos y discriminaciones por parte de las inmobiliarias. Son ellas las que consultan en situación de crisis y muchas veces con sus hijos a cargo.

Las alternativas habitacionales en hogares, refugios y hoteles no alcanzan y una vez asistidas quedan nuevamente dependiendo de sus familiares y muchas veces teniendo que volver con el agresor.

Recientemente presentamos, junto con la legisladora porteña Andrea Conde, un proyecto para dar soluciones habitacionales transitorias a mujeres víctimas de violencia de género. Propone la creación de un «Fondo de Alternativas Habitacionales Transitorias para mujeres en situación de Violencia de Género». Se trata de un subsidio destinado a solventar los primeros seis meses del pago de alquiler de un contrato de locación en la Ciudad de Buenos Aires. Para acceder, las beneficiarias deberán ser mayores de edad o estar emancipadas y acreditar mediante cualquier tipo de certificación –ya sea de organismo público o privado– haber recibido atención en virtud de una situación de violencia de género y comprobar ingresos en relación con el monto del alquiler. Además, las beneficiarias tendrán prioridad para el acceso a créditos hipotecarios de vivienda, al tiempo que podrán estar exentas del pago de contribuciones de la Ciudad y recibir la tarifa social.

También se propone la elaboración de un registro de corredores inmobiliarios que promuevan valores de igualdad y contribuyan a la erradicación y prevención de la violencia de género, donde podrán inscribirse voluntariamente los corredores inmobiliarios y recibirán una credencial identificadora. A tal fin, se celebrarán convenios con el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. <