Los dirigentes agropecuarios hicieron sentir sus quejas por la suba de retenciones que dispuso el Poder Ejecutivo a través de un decreto que se publicó ayer, en una infrecuente edición sabatina del Boletín Oficial. Apuntaron a que no fueron informados de la medida con anterioridad y a que se reducirán los márgenes de ganancia de los productores.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, estimó que el impacto de las retenciones en el sector será de U$S 1800 millones. «El pedido de ajuste y contribución recae nuevamente sobre los ingresos de los sectores productivos. El campo, primero siempre», se quejó Pelegrina. Y también apuntó a la falta de comunicación de las autoridades: «Cuando estuvimos con el candidato Alberto Fernández, nos convocó al diálogo y nos dijo que, gustaran o no, iban a consultar las medidas. Esto no ha sido consultado», afirmó en declaraciones a Radio Mitre.
Por su parte, el titular de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, coincidió en que «todo fue bastante sorpresivo, nos enteramos a través del Boletín Oficial y por los medios». Pero centró sus críticas en la falta de segmentación, ya que la decisión alcanza por igual a todos los productores. «No se diferencia al que tiene 50 hectáreas del que tiene 50 mil. Tampoco si el productor está a cien kilómetros del puerto o si está a 800».
Tanto la Rural como FAA forman parte de la Mesa de Enlace, que mañana tendrá una reunión de urgencia para evaluar la situación y los pasos a seguir. Ese nucleamiento nació en 2008, como respuesta a la suba de derechos de exportación que había dispuesto el kirchnerismo.
Adiós al tope
Sin embargo, a diferencia de aquella ocasión, los incrementos que surgen del decreto 37/19 son bastante módicos. En realidad, la norma no altera la alícuota del 12% que había estipulado el macrismo en septiembre del año pasado, cuando reimplantó el tributo hasta diciembre de 2020. Sólo elimina el tope de cuatro pesos por dólar, que tenía como objetivo ir reduciendo el peso del impuesto de manera paulatina. Por las sucesivas devaluaciones y la falta de actualización de ese valor máximo, en la práctica las retenciones se habían reducido al 6,7% del monto.
La medida no modifica los derechos que alcanzan al complejo sojero, que tiene una alícuota especial del 18%. De esa manera, la exportación de soja, tanto de granos como sus harinas y aceites, tendrá una retención del 30% sobre el precio FOB. Para los demás cereales (maíz, trigo, sorgo, girasol y cebada), la alícuota será del 12%. En todos esos casos, serán 5,3 puntos porcentuales por encima de los que estaban vigentes.
Además, se fijó una nueva alícuota del 9% para otra serie de productos, entre ellos carnes, leche en polvo, harinas, legumbres y frutas. En esta categoría, la diferencia neta con lo que abonaban será de 2,3 puntos porcentuales.
En sus considerandos, el decreto explica que «la aplicación de derechos de exportación e importación constituye un instrumento esencial de la política económica nacional» y que, «teniendo en cuenta la grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas, resulta necesaria la adopción de urgentes medidas de carácter fiscal que permitan atender, al menos parcialmente, las erogaciones presupuestarias con recursos genuinos». Si el cálculo de 1800 millones de dólares anuales que realizó la Sociedad Rural es correcto, las autoridades lograrían reducir el déficit fiscal en 0,4% del PBI.
La norma regirá desde el lunes y para evitar operaciones antedatadas, el Ministerio de Agricultura resolvió suspender los registros de venta al exterior durante esa jornada. Como la suba de los derechos era muy previsible y ya se venía hablando de ella hace varias semanas, muchas cerealeras habían anticipado sus operaciones de compra y venta para esquivar el aumento. La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que al 10 de noviembre ya se había vendido el 23% de la cosecha 2019-2020, una proporción que es el doble de lo que se suele comerciar para esa fecha. «
