Uno de los cortos más recordados de la película “Relatos Salvajes” es el de “Bombita”, el personaje interpretado por Ricardo Darín que, harto de las injusticias del sistema de parquímetros y acarreos, hizo justicia por mano propia y colocó un explosivo en una sede de cobros de estas empresas. Sin embargo, en la película apenas mostraron la punta del iceberg de las injusticias de este sistema.

El servicio está monopolizado por dos empresas: Dakota SA y BRD, que ganan 7 millones de pesos por mes y pagan al Gobierno de CABA un canon de 55 mil pesos. Ambas, operan sin licencia desde hace 15 años, reciben subsidios multimillonarios por parte de la Ciudad y aumentan las tarifas año a año.

El secretario de Transporte de CABA Juan José Méndez habló sobre el tema con el programa “Ahora Es Cuando”, de FM Blue. “Había una licitación convocada y cada vez que queríamos arrancar se frenaba en la justicia, la ley tiene fallas y eso hace que no pueda salir del terreno judicial”, aseguró. Con respecto al bajo canon de solo 55 mil pesos mensuales, el funcionario explicó que “responde a que lo que paga el usuario de la Ciudad de Buenos Aires es un 50% más barato de lo que paga cualquier otro lado del país. Las empresas ganan 7 millones de pesos al mes, pero la rentabilidad es de alrededor del 7%; hay mucho costo de mantenimiento”.

El Estado subsidia a estas empresas desde el año 2007, cuando gobernaba aún Jorge Telerman, quien explicó en su momento que esas transferencias se hacían para evitar aumentos los costos para los usuarios. Desde la llegada de Mauricio Macri al Gobierno porteño, los subsidios aumentaron, al tiempo que se dispararon las tarifas. Entre 2008 y 2017, hubo un 500% de aumento en acarreo y un 700%, en ficha de parquímetro.

En cuanto a los subsidios refiere, de 2012 a 2015 ascendieron de $32.480.762 millones de pesos a $108.683.307 M; es decir, poco más del 230% de incremento. Dakota SA recibió en ese segmento $130.780.157 M, en concepto de alquiler de maquinaria, equipos y medios de transporte, y alquiler de edificios y locales. En tanto, BRD percibió del Estado $133.406.885 M, por alquiler de maquinaria, equipos y medios de transporte. En total, en ese período, ambas empresas recibieron de CABA $264.187.042 millones, según números recogidos de informes de la Auditoría General de la Ciudad. Estas transferencias pueden cubrir por completo el costo de los salarios de las dos empresas, por ejemplo.

La concesión se inició en 1991 y venció en 2001. Con la ley 4003, de 2011, el gobierno quedó obligado a licitar los servicios y, en caso de no hacerlo, la propia Ciudad debía hacerse cargo del mismo. Como no se regularizó la situación, desde enero de 2015 este servicio debería ser administrado por la Ciudad. Sin embargo, esto no ocurrió.

La presidente de la Auditoría General de la Ciudad Cecilia Segura explicó a Tiempo que en 2014 el Gobierno tuvo una gran oportunidad de quedarse con el servicio, ya que “la Justicia ordenó una Audiencia Pública que nunca fue convocada”. La licenciada afirmó que las autoridades “nunca se preocuparon por transparentar y dar a conocer los gastos, costos y rentabilidad de las empresas; nunca dieron luz a los procedimientos administrativos ni quisieron blanquear la realidad de la situación”.

La Auditora especuló con una connivencia entre el Gobierno porteño y las empresas, con fines recaudatorios. “Los propios agentes de tránsito dicen que sienten presión por parte de las empresas para que firmen actas diciendo que están mal estacionados los autos y así proceder con acarreos. Además, los propios subsidios ya ofrecen demasiado financiamiento del Estado a un negocio privado”.

Méndez dijo en la citada nota que “la nueva ley que proponemos incorpora que si la licitación del servicio de acarreo no se cumple en cierto plazo el mismo debe estatizarse”. Sin embargo, Segura analizó que “la Ciudad no tiene intención de estatizar. El canon de 55 mil pesos no le significa nada al Estado. Si la Ciudad paga por mantenimiento, alquileres, etc., que lo maneje la Ciudad, así recauda para el Estado”.

Para la licenciada, el tema no es excepcional, ya que los servicios públicos tercerizados constituyen “un nicho de negocios para quienes manejan la Ciudad. Hay más empresas de distintos servicios que operan sin licencias y con cánones irrisorios, como Costa Salguero o los estacionamientos”.

Por fortuna para la sociedad, Bombita es apenas un personaje de ficción.