Con el voto favorable de 57 legisladores, 5 votos en contra y 8 ausentes la legislatura cordobesa aprobó en el día de ayer la ley que establece como servicio esencial el transporte terrestre de pasajeros. 

El proyecto fue presentado por el bloque oficialista del gobernador Juan Schiaretti de Unión por Córdoba (PJ y aliados) y fue acompañado de manera entusiasta por los legisladores del Interbloque Cambiemos (UCR, PRO y Frente Cívico). Entre los votos en contra y quienes se retiraron del recinto se incluyen los tres legisladores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, los dos legisladores del kirchnerismo enrolados en Córdoba Podemos, los legisladores vinculados a los sindicatos y los del bloque Encuentro Vecinal.

La ley aprobada establece la obligatoriedad a los sindicatos de garantizar guardias mínimas en el transporte y los servicios de protección ambiental, en caso de ejercicio de la huelga. Además los obliga a formular un preaviso a 5 días de la medida de fuerza. 

La ley establece sanciones con multas y hasta 3 días de arresto a “los que sin incurrir en delitos contra la propiedad interrumpan, obstaculicen, alteren, afecten o suspendan la prestación de servicios públicos o servicios considerados esenciales”. 

El lunes de esta semana, el diputado nacional por Córdoba Mario Negri (UCR-Cambiemos) había convocado, con el aval del ejecutivo, a una sesión especial del Congreso Nacional para el día martes con el sólo propósito de promover una enmienda al artículo 24 de la ley 25.877 de régimen laboral que establece cuáles son los denominados servicios esenciales sobre los cuales rige una modalidad especial a la hora de ejercer el derecho a huelga de los trabajadores. La mencionada ley establece que los sectores alcanzados por ese status son “los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo”. 

La intención de la sesión era incorporar al servicio de transporte terrestre para intentar quebrar la huelga de choferes de la ciudad de Córdoba que estaba llegando a su noveno día.

La sesión fracasó al no reunir el quórum necesario (solo se presentaron 84 diputados de la coalición gobernante) y el intento, por el momento, quedó cajoneado. La iniciativa en la legislatura cordobesa fue la vía que encontraron para avanzar en una medida contraria a los derechos que establece la Constitución Nacional que garantiza ese derecho para todos los trabajadores.

El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el párrafo 587 de sus recomendaciones establece taxativamente que el servicio de transporte terrestre no puede ser alcanzado por la figura de servicio esencial y, por lo tanto, no está sujeto a que se coarte el derecho a huelga.