La Justicia Federal de la Seguridad Social pidió informes al gobierno nacional sobre la aplicación de la ley 27260, conocida como Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, que utilizará el gravamen del blanqueo de capitales y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para pagar los juicios de jubilados.
A partir de un amparo presentado por Miguel Ángel Fernández Pastor, abogado especializado en derecho previsional, el juez Federal de la Seguridad Social 6 de la Ciudad, Juan Alberto Fantini, pidió informes a la ANSES sobre los fundamentos de la ley.
La semana pasada, Fernández Pastor pidió que se declare inconstitucional el Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados (Ley 27260), que declaró la emergencia en materia de litigiosidad previsional. A partir del pedido, el juez Fantini pidió los informes para determinar si da curso al amparo y frena la aplicación de la norma impulsada por el gobierno nacional.
La decisión de la Justicia abre una luz de esperanza muy linda porque abrió la medida cautelar pidiendo un informe al Poder Ejecutivo previo a la resolución de la medida cautelar. La decisión obliga al Estado a responder y luego el juez tomará la decisión, contó en diálogo con Radio del Plata el ex director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social.
Fernández Pastor consideró que la decisión es de enorme trascendencia que abra el amparo y obligue al Poder Ejecutivo a tomar una decisión sobre este tema.
El amparo presentado el 1 de agosto cuestiona la utilización del Fondo de Garantías de Sustentabilidad ya que desfinancia en forma manifiesta el sistema integral previsional argentino.
