La Cámara Laboral revocó temporalmente la personería gremial de los «metrodelegados», y los mandó a negociar un nuevo reconocimiento de su representación de los trabajadores con la cartera laboral que encabeza Jorge Triaca. El fallo lauda a favor de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en su vieja disputa por la representatividad de los trabajadores del SUBTE.
El metrodelegado Néstor Segovia dijo hoy, en declaraciones a Radio Del Plata, que la UTA «no maneja nada entre los trabajadores del SUBTE». Aunque el fallo de la Sala Segunda de la Cámara Laboral diga lo contrario. En rigor, el fallo le ordena a la cartera laboral que revise y rehaga un proceso que ya realizó. Sólo hay una diferencia: la personería a los metrodelegados se la dio el ministro Carlos Tomada; el nuevo procedimiento lo debe realizar bajo otro gobierno y con otro titular de la cartera.
Segovia reconoció que tiene buena relación con el Ministerio, pero pésima, en la vereda de enfrente, con el presidente Mauricio Macri. Lo cierto es que ahora tendrá que discurrir nuevamente un proceso que ya le llevó años, hasta que poco antes de dejar el gobierno Cristina Fernández de Kirchner accedió a concederle la personería.
Los jueces Graciela González, Miguel Angel Pirolo y Miguel Angel Maza revocaron la Resolución nº 1601 del Ministerio de Trabajo y dispusieron «devolver las actuaciones a la sede de origen para que, una vez subsanadas las irregularidades formales señaladas y luego de haber cumplido rigurosamente con las reglas adjetivas aplicable, se expida nuevamente en relación a la cuestión sustancial de la contienda». ¿Qué significa ello? Que el planteo de los metrodelegados vuelve a fojas cero. Están como cuando comenzaron a reclamar el reconocimiento de la representatividad de los trabajadores del Subte.
Cuando comenzó la disputa con la UTA por esa cuestión. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, tal la identificación sindical de los metrodelegados, es hoy, legalmente, una organización sin facultades legales sobre los trabajadores a los que representa. Ello no significa que no pueda seguir accionando en defensa de los derechos de los trabajadores, pero por ejemplo no podrá sentarse a discutir una paritaria. Dependerá, para ella, poco menos que de la buena voluntad de las autoridades del subte, una sociedad del Estado porteño.
¿Por qué la Cámara resolvió así? Porque en «el proceso seguido en la sede administrativa no se respetaron tales pautas adjetivas, lo cual conlleva que no se ha resguardado el derecho de defensa de la recurrente con la intensidad que exige la ley. Sin perjuicio del análisis que pueda efectuarse acerca de la facultad del Ministerio de Trabajo para cotejar el cumplimiento de ciertos recaudos ante un pedido de desplazamiento de personería gremial, lo concreto y jurídicamente relevante es que las pruebas valoradas en la resolución recurrida han sido obtenidas sin la participación de la UTA».
En efecto, la UTA argumentó que «se ha incurrido en una serie de irregularidades que llevan a la nulidad de la mentada resolución. Expuesto de modo sucinto, sostiene que no se ha corrido traslado a su parte de la presentación inicial efectuada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), como así tampoco se le dio intervención en las medidas probatorias adoptadas en el proceso para tener por acreditado el recaudo consistente en tener afiliado a más del veinte por ciento de los trabajadores que intenta representar».
Pero Segovia explicó que tres veces fue convocada la UTA y no asistió a ninguna de esas instancias. Y que el expediente estuvo un año «parado» en el ministerio de Trabajo, y en lugar de subsanarse las supuestas omisiones, fue remitido hace algunas semanas a la Justicia, que ahora falló en contra de los metrodelegados.
Anunció además que el fallo será apelado, pero la próxima parada del expediente es la Corte Suprema de Justicia. «Ahí se va a demorar os o tres años», reconoció. El fallo, con todo, advierte que la eventual nueva decisión del Ministerio de Trabajo tampoco será definitiva: «Sin perjuicio del análisis que pueda efectuarse acerca de la facultad del Ministerio de Trabajo para cotejar el cumplimiento de ciertos recaudos ante un pedido de desplazamiento de personería gremial, lo concreto y jurídicamente relevante es que las pruebas valoradas en la resolución recurrida han sido obtenidas sin la participación de la UTA».