La decisión oficial de enviar al Congreso un proyecto de ley para la expropiación de las empresas del grupo Vicentin pegó de lleno en los distintos ambientes del lobby empresarial con manifestaciones de apoyo y preocupación.

El dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, se diferenció de las voces críticas del anuncio presidencial del lunes al declarar que desde su punto de vista “no es una decisión en línea con una venezuelización”.

El empresario salteño destacó en cambio que “el Estado se hace cargo de un problema que asumió en línea con los productores, trabajadores, acreedores de una cadena de valor estratégica y habrá considerado que era la mejor forma de buscar una solución”. En última instancia, aclaró Urtubey: “Es en el Congreso donde se van a esgrimir los argumentos y considerandos. Mientras tanto no me asusta ni hay que escandalizarse”, aconsejó.

Pero la posición no es uniforme en la amplia federación industrial. Específicamente la opinión del sector de Vicentín fue negativa y crítica del gobierno del Frente de Todos.

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, aseguró al canal de cable TN que el sector no esperaba la noticia porque Vicentin estaba en un concurso preventivo y además porque había empresas privadas haciendo operaciones para quedarse con la firma.

“Es válido que protejan el empleo de 1.500 personas –rescató Idígoras – (pero hay que decir) que Vicentín debe U$S 1.500 millones que ahora pasarán al Estado, una deuda que iban a asumir las privadas sin intervención estatal. Si prospera la ley la vamos a asumir los argentinos”.  

El interés de los exportadores tampoco es lineal. El Consejo Directivo de la entidad empresaria del comercio exterior AIERA salvó la decisión de Balcarce 50 como “fruto de una situación no deseada” que se produjo “en medio de una pandemia mundial que golpeó a todas las economías del planeta y está significando un gran esfuerzo para la economía argentina”.

En esa línea, un comunicado oficial al que accedió Tiempo, expresó que “también sucede forzada por el proceso concursal que está siendo investigado por la Justicia, dadas las numerosas irregularidades en la asignación de créditos, especialmente por parte de la banca pública nacional”, hechos que tuvieron lugar durante los años que duró la administración de Mauricio Macri.

“La quiebra del grupo comercial generaría un grave daño al tejido económico nacional si arrastrara a las industrias que componen la asociación y se perdieran, por consecuencia, los más de 5.000 puestos de trabajo” argumentó AIERA y sumó: “se trata de una empresa con actividades diversificadas en diferentes actividades agropecuarias, una de las principales del país, que exporta alrededor del 10% de la oferta de agro exportación”.

En el otro extremo los productores de la Sociedad Rural Argentina (SRA) expresaron rápiodamente su preocupación por lo que dieron como la segura intervención de Vicentin. “La historia nos demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones, que terminaron provocando problemas más graves que los que se pretendía solucionar”.

La entidad sugirió apelar a “otro tipo de instrumentos y mecanismos menos distorsivos” para la solución de problemas pero no aclaró cuáles. 

En una línea similar, desde Coninagro, otra de las entidades de las patronales del campo, el presidente, Carlos Iannizzotto, coincidió en la preocupación “porque no sabemos si va a haber colisión entre lo jurídico legal y lo político, porque había un proceso judicial armado y no es sano”.

Finalmente, desde otro ángulo de la arena rural, el productor Pedro Peretti expresó su entusiasmo en una entrevista con la AM 530 en la señaló que “ahora no tenemos que morder el anzuelo de la corrupción que nos va a tirar la derecha. Tenemos que ser transparentes al máximo”, concluyó.