El gobierno sigue trabajando en los múltiples frentes para que la economía no detenga su marcha y continúe la creación de empleo. En paralelo, enfrenta otros grandes desafíos, como es el caso de la reducción de la inflación, la necesaria recomposición de los ingresos de los trabajadores y las críticas infundadas de la oposición al manejo de la deuda en pesos, entre otros. La gestión de los temas de la agenda, que jamás es sencilla, se vuelve aún más compleja ante la cercanía de las elecciones, dada la existencia de ciertos sectores que tratan de instalar zozobra para obtener rédito político.
En este contexto, el gobierno nacional llevó a cabo un canje de deuda pública en pesos para postergar los vencimientos que operan hasta junio, trasladándolos al período 2024-2025, con el objetivo de terminar con esa falsa idea, deliberadamente instalada, de que “cada dos o tres meses algo está por explotar”.
Incluso antes del anuncio del lanzamiento del canje, la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) afirmó con tono de denuncia que esta era una nueva maniobra que “solo traerá más inestabilidad”, y que “podría desembocar en un salto inflacionario”. El objetivo del comunicado fue idéntico al de un mes atrás, cuando desde ese sector se hizo alusión a una “bomba” de la deuda que estaría a punto de estallar, una actitud absolutamente irresponsable.
Desde el vamos, el anuncio de la conversión de deuda en pesos tuvo una muy buena recepción de los principales actores del mercado. No hubo impactos negativos en las cotizaciones de los bonos e incluso desde la banca comercial privada salieron a desaprobar los dichos de los referentes económicos de JxC.
La adhesión terminó alcanzando al 64% de los títulos elegibles y de esta forma se redujo el monto de vencimientos en cerca de $ 4,34 billones, de los $ 7,5 billones de los vencimientos de los títulos elegibles. Los nuevos instrumentos colocados poseen una vida promedio mayor a los 18 meses, venciendo en fechas posteriores a las elecciones de este año, una condición que tiene gran importancia. Es un plazo superior al conseguido en las últimas dos operaciones de conversión (noviembre de 2022 y enero de 2023), cuando los instrumentos colocados tuvieron una vida promedio de 8,9 y 7,9 meses, respectivamente.
En la semana se publicaron datos del Índice de Producción Industrial Manufacturera (IPI), difundido por el Indec, mostrando que durante el mes de enero el sector exhibió un alza mensual del 0,7% para la serie sin estacionalidad (6,3% en el contraste interanual). De esta manera, la industria mostró su mejor enero en 5 años (medido en cantidades producidas) y el segundo mejor de la serie. Solo 2 de los 16 sectores contemplados tuvieron caídas, lo que indica que la mejora fue muy generalizada. El sector de la Construcción registró en enero una suba desestacionalizada del 4,3%, más que compensando la caída del 3,5% del anterior mes.
Diversos analistas ponderaron que desde la mitad de diciembre se incrementaron las importaciones de componentes clave para la producción de insumos y que además se empezaron a reactivar obras, entre ellas las públicas. Quiere decir que estamos en presencia de un Estado que, lejos de “ahogar” al sector privado, está preocupado por lograr crecimiento con inclusión. No obstante, existen importantes limitaciones que exigen adoptar regulaciones para el cuidado de recursos que son estratégicos para sostener el crecimiento, como es el caso de las divisas, y que naturalmente no resultan bien vistas por los grupos más concentrados.
También se conoció el indicador del empleo registrado, con un incremento mensual en diciembre de 28 mil puestos de trabajo. De esta forma el número de personas ocupadas alcanzó el mayor valor desde enero de 2012.
Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad afirmó que en caso de ser presidente sacaría las retenciones a los productos regionales. También señaló, justo en la previa del 8M, que eliminaría el 50% de los ministerios, incluyendo el de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Lo único que supone un ministerio es “más burocracia”, argumentó. Es la misma línea que aplicó el gobierno de Mauricio Macri cuando degradó ministerios como Trabajo, Salud o Energía, entre otros.
Este tipo de visiones atrasan, ya que van en contra de lo que precisan los argentinos y las argentinas. Lo que se requiere es una mejor distribución del ingreso, como condición esencial para lograr un crecimiento equitativo e inclusivo.
Una sorpresa para varios fue lo que generó el buen ritmo de negocios que se estuvo viendo en Expoagro, indicando que hay actores en el sector que tienen pensado seguir invirtiendo, una consecuencia de los elevados rendimientos de los últimos años. Esta observación no implica desconocer los efectos que está teniendo la sequía que afecta al sector agropecuario y agroindustrial, y al país en general.
Al respecto, el Gobierno nacional anunció un paquete de $ 28.000 millones de inversión con el fin de impulsar al sector agroindustrial, afectado por la fuerte sequía. A su vez, implementará una serie de medidas de alivio fiscal para paliar la emergencia agropecuaria, que incluye un plazo especial para el cumplimiento de la obligación de pago de los saldos resultantes de las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias, sobre los bienes personales, del fondo para la educación y promoción cooperativa y del monotributo. Además, se destinarán recursos a 4318 pequeños y medianos productores del sector lácteo a través del programa Impulso Tambero, que será financiado con los ingresos adicionales de retenciones generados a partir del Programa de Incremento Exportador.
En lo internacional, el presidente estadounidense, Joe Biden, presentó un proyecto de presupuesto con un impuesto de 25% sobre el 0,01% de los estadounidenses más ricos y un gravamen a las empresas que aumentaría de menos del 10% a 28%. Más aún, Biden expresó: “Mi presupuesto pedirá que los ricos paguen su parte justa para que los millones de trabajadores que ayudaron a construir esa riqueza puedan jubilarse con el Medicare (seguro médico para mayores de 65 años) que pagaron”. Los republicanos rechazarán estas políticas argumentando que la solución para resolver la creciente deuda estadounidense implica recortar el gasto y no subir los impuestos. La típica prédica del Tea Party que en Argentina levanta la principal fuerza de la oposición.
Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, anticipó que “el nivel final de las tasas de interés podría ser más alto de lo previsto”, una noticia que repercute en el mundo entero. En el caso de nuestro país, el principal impacto está asociado a la suba de los costos del endeudamiento con el FMI, por dos vías. Por un lado, el aumento de las tasas de interés de los países centrales (que determinan la tasa que cobra el Fondo). Además, la reciente negativa del Directorio del FMI a modificar la política de sobrecargos que se pagan por el exceso de endeudamiento representa un golpe adicional para los países que están más necesitados de recursos.
Haz lo que yo digo (reducir el déficit fiscal) y no lo que yo hago (generar más gasto fiscal en los países deudores) parece ser la moraleja del Fondo. «
