La Federación Judicial Argentina (FJA) lanzó este miércoles un Plan Nacional de Lucha por la Negociación Colectiva de Trabajo para todos los judiciales del país. La medida apunta a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Tribunales Superiores de cada provincia se sienten con los sindicatos en una mesa paritaria.

Hoy en Argentina más del 80% de los trabajadores formales se encuentran comprendidos en algún Convenio Colectivo de Trabajo que les asegura derechos laborales como paritarias, discutir la jornada de trabajo, las categorías, etc. Sin embargo, los judiciales son parte de la minoría que no accede a ese derecho y todo lo relacionado a la vida judicial se resuelve en los despachos de los magistrados.

“Necesitamos que el Estado argentino garantice el derecho a la Negociación Colectiva de los trabajadores y trabajadoras judiciales, abriendo una instancia de diálogo entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), los Tribunales Superiores de las provincias y los sindicatos”, expresó Matías Fachal, secretario General de la FJA.

El dirigente manifestó que esto “representaría a su vez un paso hacia la Democratización del Poder Judicial, porque genera las condiciones de paridad entre los trabajadores y los altos funcionarios y posibilita que discutamos qué Poder Judicial necesitamos y necesita el conjunto de la sociedad”.

Además, desde la FJA indicaron que este plan de lucha se enmarca en la crisis inflacionaria que atraviesa el país. “El salario de los trabajadores y trabajadoras judiciales se vio gravemente deteriorado reduciendo aceleradamente el poder adquisitivo de nuestros ingresos. La discusión salarial que damos se ve afectada al sernos negada la posibilidad de realizarla de forma igualitaria en todo el país”, explicó Fachal. Esto hace que haya judiciales que tienen condiciones laborales muy diferentes según la provincia donde trabajen.

Así, el Plan Nacional de Lucha arrancó este miércoles con trabajadores judiciales que portaron carteles con las consignas alusivas exigiendo el reconocimiento efectivo al derecho constitucional del convenio colectivo y convocando a las acciones y medidas que seguirán en los días venideros.