El secretariado nacional de la Asociación Bancaria liderado por Sergio Palazzo emitió un comunicado mediante el cual exige la conformación de la mesa paritaria acordada para dar continuidad a las negociaciones salariales para el período 2019.
Es que, este año, a diferencia de los anteriores, la negociación salarial de uno de los gremios más importantes del país se ha dado en forma parcial con renovaciones de carácter trimestral. La modalidad, celebrada por La Bancaria como un mecanismo para impedir la pérdida del poder adquisitivo ante la negativa de las patronales de incluir una cláusula gatillo, presenta la dificultad de que los empresarios se nieguen a restablecer esa mesa de negociación. De hecho, el comunicado publicado con fecha del 13 de junio recuerda que, en el último entendimiento, se fijó una nueva reunión para los meses de mayo junio que todavía no se sustanció.
Pero además, la misiva dirigida al Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, alerta sobre la intención “maliciosa” de las cámaras patronales de avanzar sobre el convenio 18/75 que rige la actividad. El congelamiento del proyecto de ley de la reforma laboral en el Congreso ante un cuadro convulsivo entre los trabajadores no impidió que la misma avanzara por la vía de los acuerdos sectoriales. Así, entre otros, ya se reformaron los convenios petroleros, el de la televisión, el lechero y, entre otros, el de algunas automotrices.
Más allá de algunos avances en materia de tercerización de sectores en algunas entidades privadas, en el sector bancario no se había puesto en discusión el convenio que rige la actividad.
Sin embargo, ahora, la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) asesorada por la Fundación de Investigaciones Latinoamericanas (FIEL) del economista Daniel Artana presentó una serie de propuestas detrás del eufemismo de “promover la inclusión financiera”.
Para la Asociación Bancaria de lo que se trata es de abrir el convenio por la vía del vulneramiento de la jornada laboral. Para eso sería necesario modificar regulaciones propias del Banco Central y los decretos 2.289/76 y 262/86 que limitan la jornada laboral a siete horas y el horario de atención al público a cinco horas diarias (de 10 a 15) además de impedir el trabajo en fines de semana y feriados. Las patronales se proponen, explícitamente, “un uso más intensivo de la infraestructura existente”.
Al mismo tiempo proponen habilitar como “agencias complementarias” a comercios, estaciones de servicio, farmacias y otro locales comerciales para que puedan ofrecer servicios financieros que, en rigor, avasallarían la totalidad del convenio que rige la actividad laboral en el sector.
El proyecto de Adeba exige explícitamente derogar esa regulaciones y los decretos para mejorar la productividad del sector que, dicho sea de paso, aumentó su facturación en un 170% durante 2018.
Para el sector sindical de los que se trata es de una intromisión en la discusión salarial con el propósito de condicionar la negociación para lograr un convenio “a la baja”. Ante esta situación, el secretariado nacional de La Bancaria, adelantó un “conflicto de gran magnitud producto de una actitud anti sindical ejercida por la patronal”.
