Según el informe del INDEC del tercer trimestre la distribución del ingreso en la Argentina experimentó una sensible mejoría con relación al segundo trimestre de este año e incluso una leve reducción de la brecha con relación al mismo trimestre del año anterior.
Es que, durante ese período, el diez por ciento más rico de la población percibió un ingreso promedio 22 veces superior al diez por ciento más pobre cuando durante el segundo trimestre esa brecha había alcanzado las 25 veces. Un año antes la brecha llegaba hasta las 23 veces.
Sin embargo, la mejora no puedo soslayar el hecho de que el 50% de la población más pobre del país percibe un ingreso per cápita familiar inferior a los $14.140. De este modo, algo más de 14.250.000 ciudadanos que habitan los 31 conglomerados urbanos relevados sobreviven con $472 por día. Si se proyectara al conjunto de la población la cifra escala a más de 22 millones de habitantes.
Con todo, el 90% de la población percibe ingresos per cápita inferiores a los $40 mil. El ingreso per cápita promedio de la población alcanza apenas los $19.713 que se elevan hasta los $33.842 si se tomara solo aquella parte de la población que genera ingresos.
Según el relevamiento la leve mejoría de la distribución se sustenta sobre una caída generalizada de los ingreso en la medida en que, de conjunto, estos se incrementaron un 21,2% con relación al mismo trimestre del año anterior cuando la inflación oficial entre septiembre de 2019 y este año fue del 36,6%.
La diferencia indica una pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de la población de un 11,2%. Sin embargo, a la hora de desglosar esos ingresos, surge que los ingresos laborales escalaron apenas un 14,6% (una caída en términos reales del 16,1%), mientras que los denominados no laborales, entre ellos los subsidios originados del gasto público, lo hicieron en un 38,7%, algo de dos puntos por encima de la suba de precios.
Además, la población que percibe ingresos retrocedió poco más de tres puntos en la participación sobre el total de la población pasando de 61,3% hasta el 58%. De hecho, el informe da cuenta de una caída de 1.343.305 personas ocupadas con ingresos con relación al mismo período del año anterior dentro del universo de algo más de 28 millones que viven en los 31 conglomerados urbanos relevados.
El informe también da cuentas de la brecha de género que persiste en los ingresos de la población en la medida en que los ingresos promedio de los varones supero los $38 mil mientras que las mujeres percibieron, en promedio, $29.578.
Por el lado del trabajo sin registrar la cifra se ubicó en un 28,7% que representa una mejora en términos relativos con relación a lo que ocurría en el mismo trimestre del año anterior cuando la informalidad alcanzaba al 35% de los trabajadores asalariados.
Sin embargo, el dato no es el resultado de un proceso de formalización del trabajo sino de una caída abrupta del empleo informal que se redujo, dentro del universo mencionado, desde los poco más de 3 millones de personas hasta los 2,2 millones. El fenómeno pone de manifiesto su mayor exposición a los ciclos recesivos y, de alguna forma, los alcances de las medidas de preservación del empleo adoptadas por el ejecutivo para atravesar la pandemia.
Es que, durante ese período, el diez por ciento más rico de la población percibió un ingreso promedio 22 veces superior al diez por ciento más pobre cuando durante el segundo trimestre esa brecha había alcanzado las 25 veces. Un año antes la brecha llegaba hasta las 23 veces.
Sin embargo, la mejora no puedo soslayar el hecho de que el 50% de la población más pobre del país percibe un ingreso per cápita familiar inferior a los $14.140. De este modo, algo más de 14.250.000 ciudadanos que habitan los 31 conglomerados urbanos relevados sobreviven con $472 por día. Si se proyectara al conjunto de la población la cifra escala a más de 22 millones de habitantes.
Con todo, el 90% de la población percibe ingresos per cápita inferiores a los $40 mil. El ingreso per cápita promedio de la población alcanza apenas los $19.713 que se elevan hasta los $33.842 si se tomara solo aquella parte de la población que genera ingresos.
Según el relevamiento la leve mejoría de la distribución se sustenta sobre una caída generalizada de los ingreso en la medida en que, de conjunto, estos se incrementaron un 21,2% con relación al mismo trimestre del año anterior cuando la inflación oficial entre septiembre de 2019 y este año fue del 36,6%.
La diferencia indica una pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de la población de un 11,2%. Sin embargo, a la hora de desglosar esos ingresos, surge que los ingresos laborales escalaron apenas un 14,6% (una caída en términos reales del 16,1%), mientras que los denominados no laborales, entre ellos los subsidios originados del gasto público, lo hicieron en un 38,7%, algo de dos puntos por encima de la suba de precios.
Además, la población que percibe ingresos retrocedió poco más de tres puntos en la participación sobre el total de la población pasando de 61,3% hasta el 58%. De hecho, el informe da cuenta de una caída de 1.343.305 personas ocupadas con ingresos con relación al mismo período del año anterior dentro del universo de algo más de 28 millones que viven en los 31 conglomerados urbanos relevados.
El informe también da cuentas de la brecha de género que persiste en los ingresos de la población en la medida en que los ingresos promedio de los varones supero los $38 mil mientras que las mujeres percibieron, en promedio, $29.578.
Por el lado del trabajo sin registrar la cifra se ubicó en un 28,7% que representa una mejora en términos relativos con relación a lo que ocurría en el mismo trimestre del año anterior cuando la informalidad alcanzaba al 35% de los trabajadores asalariados.
Sin embargo, el dato no es el resultado de un proceso de formalización del trabajo sino de una caída abrupta del empleo informal que se redujo, dentro del universo mencionado, desde los poco más de 3 millones de personas hasta los 2,2 millones. El fenómeno pone de manifiesto su mayor exposición a los ciclos recesivos y, de alguna forma, los alcances de las medidas de preservación del empleo adoptadas por el ejecutivo para atravesar la pandemia.
