El cruce entre el líder de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, y el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, excede el conflicto puntual que mantiene ese sector gremial con la empresa por el encuadramiento de sus trabajadores.
La compañía reconvirtió gran parte de su negocio de compra y venta a otra que opera productos financieros. Sin embargo, los 10.215 empleados que reconoce siguen encuadrados bajo el convenio de comercio. Esa situación, avalada por las desregulaciones del Banco Central, implica la vulneración de derechos laborales y la consagración de una competencia desleal con las entidades financieras que sí encuadran a sus trabajadores en el convenio bancario.
Galperín es un empresario muy cercano al presidente, quien lo considera su amigo. Hace poco declaró que «si queremos salir del 30% de pobreza es imposible hacerlo con el marco laboral que tenemos». Se trata, por lo tanto, de un vocero entusiasta de la reforma laboral que el gobierno no pudo aprobar durante su mandato y que, difícilmente, intente hacerlo antes de culminarlo.
La actitud de las patronales bancarias ante la «competencia desleal» que conlleva la elusión de convenios por parte de las financieras en base a la tecnología (conocidas como fintech), no ha sido reclamar el encuadramiento de esos trabajadores dentro del convenio que rige la actividad. Por el contrario, aspiran a la «fintechización» de los más de 150 mil trabajadores bancarios en actividad, que se sumarían a los 15 mil tercerizados encuadrados en otros convenios.
El 15 de marzo pasado, la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) presentó un documento elaborado junto a la Fundación de Investigaciones Latinoamericanas (FIEL) en el que, bajo el eufemismo de la «Inclusión financiera» se puntualizan una serie de «propuestas de política» que, de hecho, aspiran a vulnerar el convenio colectivo bancario. Para la Asociación Bancaria, la propuesta, que no casualmente se hizo pública en medio de la negociación paritaria, busca abrir el convenio por la vía del vulneramiento de la jornada laboral. Para eso sería necesario modificar regulaciones del BCRA y decretos que limitan la jornada a siete horas y el horario de atención al público a cinco horas diarias, además de impedir el trabajo en fines de semana y feriados. En el documento, las patronales proponen «un uso más intensivo de la infraestructura existente». Al mismo tiempo, piden habilitar como «agencias complementarias» a comercios, estaciones de servicio, farmacias y otro locales comerciales, para que puedan ofrecer servicios financieros. Con ello se avasallaría la totalidad del convenio vigente.
A pesar de haber intentado condicionar la negociación salarial a la inclusión de esos puntos, el acuerdo se selló sin ellos aunque, claro está, las patronales han dejado plantado un reclamo al que aspiran acceder. El diferendo con Mercado Pago (la fintech de Mercado Libre) y la estigmatización de Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, tildado por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta de «sindicalista patotero», buscan allanar el camino para esa reforma, así como apuntalar la aprobación del proyecto de reforma laboral para el próximo mandato presidencial, gane quien gane.
Actitud similar tomó la FADEEAC, entidad que agrupa a las patronales del transporte, en su negociación salarial con la Federación Camionera, que dirige Pablo Moyano. Moyano denunció que FADEEAC intentó condicionar el acuerdo salarial a la negociación de 11 puntos del convenio, entre los que se destacaban la reducción del valor de las horas extras y de los adicionales por antigüedad, además de la creación de un banco de horas.
Desde el sector sindical celebraron que, finalmente, el acuerdo salarial se selló por un 23% con cláusula de revisión en enero de 2020 y sin abrir esa negociación. Sin embargo, las cámaras patronales emitieron un comunicado en el cual aseguran que «las partes acordaron mantener instancias de trabajo futuras para evaluar algunos puntos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 que ayuden a mejorar la productividad» y que, además, «el gremio se comprometió, según consta en el acta, a no realizar reclamos salariales de ningún tipo durante el plazo que dure el acuerdo, que es anual».
Para el gobierno se trata de dos disputas centrales. Son casos testigo de importancia por su centralidad en la economía, su peso específico (agrupan unos 700 mil trabajadores) y por el nivel de confrontación que han asumido. Una victoria le generaría un respaldo clave para avanzar en la reforma laboral general. «
Reformas pendientes, reformas de hecho
En enero, el gobierno buscó un caso testigo que avalara su raid reformista de convenios. Sin embargo, ese primer paso, fue en falso. La convocatoria a una mesa del sector textil fracasó por el rechazo de patronales y gremios, y reclamaron, juntos, un cambio de política económica. Raúl Hutin, integrante de Pro Tejer, señaló a Tiempo que «al final, no se reformó nada y no se va a reformar hasta al menos marzo de 2020 porque ya acordamos el salario. El convenio es añejo, necesitamos nuevas categorías pero no queremos pauperizar a los laburantes, preferimos que quede así. Hay que largar guita generando trabajo. Total nosotros lo vamos arreglando en nuestras fábricas, con los delegados».
Otros gremios están en pleno debate. Las patronales de laboratorios evadieron tres paritarias anuales con visitadores en nombre de reformar dos puntos del convenio. Las cámaras de diarios y revistas ya presentaron una pedido de reforma a Dante Sica, y en el caso de la industria del azúcar y las telefónicas, avanzaron por la vía de los hechos.
