El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que respalda los pagos a jubilados y pensionados perdió un tercio de su valor. Así se desprende del informe oficial correspondiente al primer trimestre del año, que la Anses publicó este lunes en su página web.

Según esos datos, al 31 de marzo el FGS tenía títulos, acciones y otras inversiones en cartera por un total de $ 1,863 billones, equivalentes a 42.977 millones de dólares según la cotización del tipo mayorista informada por el Banco Central. A fines de 2017, la misma cartera estaba valuada en $ 1,202 billones, que al tipo de cambio entonces vigente significaban 64.069 millones de dólares. La caída en moneda dura fue de 32,9% en 15 meses.

Medidos en pesos, los activos del Fondo crecieron 54,9% entre diciembre de 2017 y marzo de 2019. Sin embargo, la inflación registrada por el Indec en ese período fue de 65%, por lo que en términos reales la descapitalización fue de 6,1%.

El FGS se creó con los fondos que manejaban las administradoras privadas en 2008, cuando el Estado volvió a hacerse cargo del sistema previsional. Una de las misiones de la Anses es preservar el patrimonio del Fondo, buscando la rentabilidad de sus recursos, los que podrán ser utilizados como respaldo de ese sistema. Durante la crisis internacional de 2009, esa masa de dinero también fue usada de manera anticíclica y prestada a empresas para ayudarlas a seguir produciendo. Con el paso del tiempo la modalidad cambió y el Fondo pasó a ser una importante fuente de financiamiento estatal: el 59,6% (más de 1,1 billones de pesos) está colocado en títulos públicos nacionales. Sólo el 12% permanece invertido en acciones de empresas privadas, entre ellas Banco Macro, Telecom, Grupo Galicia, Transportadora de Gas del Sur y Ternium. Mientras que el 6% respalda proyectos productivos y de infraestructura, como la construcción de barrios Procrear.

El año pasado, en oportunidad de negociar el programa de asistencia al gobierno de Mauricio Macri, el Fondo Monetario Internacional había sugerido liquidar una parte del FGS (hasta 0,4% del PBI por año, unos $ 80 mil millones) para atender los pagos de jubilaciones y pensiones y de esa manera reducir el déficit fiscal. La propuesta generó fuerte rechazo social y finalmente no llegó a ser implementada.