La devaluación de las últimas semanas supone un impacto de unos $ 330 mil millones en la deuda pública de la Argentina, según calculó Tiempo en base a los datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Finanzas. La suma crece en $ 19 mil millones si se tienen en cuenta los títulos y bonos que emitieron las provincias en estos últimos dos años para financiar obras públicas, en algunos casos, y sus déficits corrientes, en otros.

El fuerte incremento del pasivo se debe a que gran parte de los títulos emitidos por el Estado están nominados en moneda extranjera y en el momento en que haya que responder a esos compromisos, o bien pagar los intereses derivados de ellos, habrá que reunir más pesos para cancelarlos. Según el reporte de Finanzas, al 30 de junio del año pasado (última fecha de actualización), la deuda de la administración central era equivalente a U$S 293.789 millones, de los cuales un 32% estaba nominada en pesos y el resto en moneda extranjera, principalmente dólares.

La encuesta que realiza diariamente el Banco Central entre las entidades financieras arrojó este viernes una cotización promedio de $ 19,21 para el dólar. Es un 9,1% más alto que los $ 17,60 que costaba hace un mes, el 7 de diciembre último. Si se multiplica la diferencia por los U$S 175.982 millones que suman los títulos públicos nominados en moneda estadounidense, la diferencia arroja $ 283.331 millones.

La misma situación se da con el euro, aunque en este caso la exposición de la Argentina en títulos con esa denominación es bastante menor (20.395 millones). Hace 30 días su cotización era de $ 21,17, según la encuesta del Banco Central, mientras que este viernes cerró a $ 23,55, con un alza del 11,2 por ciento. La diferencia de cambio por esa porción de la deuda es de $ 48.540 millones. También hay títulos expresados en otras divisas, mayoritariamente yenes, por el equivalente a U$S 2273 millones, que generarán algún desembolso extra de menor cuantía.

Los datos de la deuda informados por el gobierno no incluyen los nuevos préstamos tomados en el segundo semestre de 2017. Según el Instituto de Trabajo y Economía (ITE), el monto total al 30 de noviembre sería de U$S 301.823 millones, lo que implicaría que se tomaron nuevos compromisos por 8000 millones de dólares. A ello se suma la colocación realizada por Finanzas esta semana (ver recuadro).

A esas cifras hay que agregar otros $ 19.026 millones, que son el impacto de la devaluación en los créditos tomados por las diferentes provincias en los últimos dos años, una vez resuelto el conflicto con los holdouts, y que según informes del ITE y de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) alcanzan los U$S 11.818 millones. En ese listado se destaca la provincia de Buenos Aires, que en ese período tomó préstamos por más de U$S 4500 millones, mientras que Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires la siguieron entre las que más recurrieron a esa forma de financiamiento.

Ese consolidado de $ 350 mil millones es siete veces lo que ahorró el gobierno nacional por los subsidios que redujo o quitó en las tarifas de servicios públicos, que se estima que redondearon los $ 50 mil millones para todo 2017. Triplica, además, el ahorro que logró el Estado al sobrecumplir sus metas de déficit primario en el año que terminó: estimaba que iba a ser del 4,2% del PBI, pero la proyección lo sitúa en un punto menos del producto.

La evolución de la situación dependerá de hasta dónde llegue la depreciación del peso. En las últimas semanas su paridad con el dólar tuvo muchas fluctuaciones. Entre los motivos se encuentran algunos políticos, como la agitación que despertó la aprobación de la reforma jubilatoria por parte del Congreso, y otros económicos, como el relajamiento de las metas de inflación, que augura épocas con tasas de interés más reducidas que vuelven a presentar a la divisa como alternativa financiera. La admisión de las autoridades de una inflación del 15% para 2018 señala que difícilmente el dólar pueda regresar a los valores inferiores a $ 18 que mostraba un mes atrás.

Sigue el festival de bonos en moneda extranjera

«No queremos tomar más deuda y que la paguen nuestros hijos y nietos», dijo el martes pasado el presidente Mauricio Macri en Rawson, Chubut, en su primer acto oficial del año.

Apenas 48 horas después, contradiciendo al primer mandatario, el gobierno colocó en el mercado internacional tres bonos por un total de U$S 9000 millones.

La colocación se hizo en tres tramos: a cinco años, con rendimiento del 4,625%; a diez años, con interés del 6%; y a 30 años, con intereses del 6,95%. «Son las tasas más bajas de nuestra historia. Este financiamiento cubre aproximadamente una tercera parte de las necesidades de 2018 y más del 50% de las inversiones en infraestructura contempladas en el presupuesto de este año», dijo el ministro de Finanzas, Luis Caputo, satisfecho porque las ofertas que recibieron los bancos a cargo de la operación (Deutsche, Citi, HSBC, Santander y BBVA) recibieron ofertas por más del doble de lo ofertado.

El plan oficial es conseguir financiamiento por U$S 30 mil millones para cubrir el bache fiscal y pagar intereses de deuda. A diferencia de otros años, el gobierno ya anunció que buscará que una parte sustancial de esa nueva deuda –algunos calculan un 60%– sea tomada en el mercado local, en pesos. La otra parte será en moneda extranjera. Para ello, el Ejecutivo dictó un decreto publicado por el Boletín Oficial con el número 2/2018, que amplía el cupo de bonos que puede emitir Finanzas bajo jurisdicción de Nueva York a 15 mil millones. El rally crediticio seguirá esta semana, con una licitación de Letras del Tesoro en dólares estadounidenses por un valor de U$S 1000 millones.