El gobierno sigue firme en su objetivo de recuperar la economía y garantizar la sostenibilidad económica y social. El escenario es complejo, producto del Covid-19, pero también de todo un conjunto de emergencias previas, que en gran parte se vinculan al modelo anterior, que descansó en la especulación y la deuda. De todas formas, no hay que dejar de valorar que, con todos los condicionantes que existen, se están llevando a cabo importantes esfuerzos fiscales, para atender las necesidades generadas por el coronavirus, que rondan en Argentina el 4,9% del PIB, por encima del promedio regional (4,1%), según la CEPAL.
Pero para minimizar de la mejor forma posible los impactos de las dos pandemias se necesitan muchos más recursos. Es preciso avanzar en la obtención de fondos adicionales, y por eso es importante el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia sanitaria, que recae exclusivamente, y por única vez, sobre las grandes fortunas, con el que se esperan sumar recursos por un 1,1% del PIB.
A su vez, el Senado acaba de sancionar el proyecto de Presupuesto 2021. Un proyecto con un objetivo claro, que es poner a la Argentina de pie y que va en línea con todo un conjunto de medidas que se han venido implementando en estos meses. Entre otras cosas, se apunta a reforzar la soberanía, luego de un período en el que se adoptó todo un conjunto de decisiones que generaron una pesada hipoteca que hoy se está tratando de levantar, aunque no es sencillo.
Entre las varias emergencias heredadas, cabe resaltar el enorme endeudamiento al que recurrió el anterior gobierno, que terminó dejando al país en default. También el hecho de haber desregulado por completo el mercado de cambios y convalidado la fuga de capitales al exterior por parte del sector privado. Una dinámica similar a la que se vivió durante la convertibilidad: en ese marco se incluye la decisión de volver al FMI.
De ninguna de esas decisiones de la anterior administración se hizo partícipe al Congreso Nacional, desconociendo lo que está estipulado en la Constitución. ¿Será quizás porque el Parlamento no hubiera aprobado un acuerdo como el que se firmó con el FMI? Como expresó un funcionario de aquel entonces, “la idea era dar certezas de que independientemente del gobierno que esté, los argentinos no vamos a cambiar el camino, nuestras políticas”. El objetivo estaba bien claro: condicionar a futuros gobiernos y minar las chances de llevar a cabo un proceso soberano de desarrollo económico y social.
Por esto, en una clara muestra de respeto por las instituciones de la democracia, el gobierno acaba de anunciar el envío al Congreso de una iniciativa para que quede aún más explícito que deberá ser éste quien autorice la toma de crédito en moneda extranjera bajo ley internacional con prórroga de jurisdicción, incluyendo futuros programas con el FMI. Según el ministro de Economía, Martín Guzmán, “esto tiene que ver con convertir la sostenibilidad de la deuda en una política de Estado (…), los préstamos en divisas tienen que ser responsables, y los países que han tenido una larga historia de inestabilidad en deuda tendrían que darle una mayor participación al Congreso en estas decisiones”. Es, de hecho, el mismo camino que se acaba de transitar con la reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera.
El sentido de oportunidad del anuncio coincide con la visita del FMI y da una señal clara de que no se quiere negociar con el organismo de espaldas a la ciudadanía. Según el ministro Guzmán, la intención es “reemplazar el programa actual por uno nuevo que se base en principios completamente diferentes, entendiendo que no hay restauración de la estabilidad macroeconómica sin la recuperación del crecimiento económico (…). Cuando eso no sucede, lo que observamos son problemas más profundos: más desempleo, más pobreza, y más desigualdad”. El espíritu sigue la línea de lo que se acordó con los bonistas: tener un período de varios años sin tener que realizar pagos al FMI. En cuanto a las negociaciones, se busca ir “a la velocidad más rápida que se pueda pero no más que lo que corresponde”.
En cuanto a la postura del FMI, es posible esperar un grado de exigencia distinto del que hubo en otros momentos. No hay que perder de vista la cuestión de la corresponsabilidad, ya que desde un comienzo el FMI señalaba que la deuda era sostenible con una “muy baja probabilidad”, y que incluso fue evidenciada por la Oficina de Evaluación Independiente del organismo. A su vez, también debiera pesar para lograr el acuerdo que planteará nuestro gobierno, el entorno de crisis sanitaria y económica sin precedentes que atraviesa el mundo, las varias declaraciones de los principales funcionarios y lo dicho en los informes del FMI.
Deuda y fiscalidad en la región
Según Joseph Stiglitz, “será muy difícil recuperar una economía global si hay muchos países en el mundo con una gran deuda”. El Nobel de Economía instó a que los organismos financieros multilaterales reestructuren la deuda a corto plazo de los países en desarrollo en préstamos a largo plazo ya que “los países en desarrollo solo pueden destinar una pequeña parte de su PIB para hacer frente a las efectos de la pandemia, y obviamente se ven más afectados”.
Respecto de la situación de la región, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, realizó una exposición en las Jornadas Monetarias del BCRA que se están desarrollando, en la que mencionó que mantener una política fiscal activa en un contexto de mayor endeudamiento “es la principal preocupación que América Latina enfrenta”. En su presentación mostró que en 2020 la deuda pública estimada de la región crecerá 9,3 puntos del PIB (hasta un 55,3%), el nivel más alto en veinte años y comentó que el problema es que “los intereses van comiendo una parte muy importante del gasto público”. Para mantener la política fiscal expansiva, según comentó Bárcena, se “requiere de un marco de sostenibilidad centrado en los ingresos (…), hay que fortalecer la recaudación tributaria, sobre todo el impuesto a la renta de las personas físicas, las corporaciones, extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad y a la economía digital, una de las grandes ganadoras de esta pandemia”. Un concepto con el que coincido, ya que no hay que ahogar a la economía a través del ajuste del gasto, a la vez que hay que mejorar la progresividad del sistema impositivo. También es importante eliminar los espacios de evasión y de elusión, que según la CEPAL alcanzan al 6,1% del PIB por año.
En tanto, comparando América Latina y el Caribe con los países de la OCDE, en el año 2018 la recaudación de impuestos sobre la renta alcanzó en la región al 6,3% del PIB (11,6% en la OCDE). Las contribuciones sociales llegan al 4% (9,1% en OCDE), los impuestos sobre la propiedad al 0,8% (1,9% en OCDE), y en el caso de la nómina salarial al 0,2% (0,4% en OCDE). Los únicos impuestos importantes en los que la región está por encima de la OCDE son los indirectos, entre ellos el IVA (11,5% contra 10,5% del PIB), que son altamente regresivos.
Datos que hablan por sí solos y que marcan el sendero a transitar. Es necesario recrear el círculo virtuoso de mayor demanda, mayor crecimiento, para lo cual se requiere mayor gasto público, y por lo tanto más recaudación, en un marco de creciente progresividad fiscal.
