El Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma dio a concoer un informe en el que asegura que durante el gobierno del Frente de Todos “el salario mínimo vital y móvil es sinónimo de pérdida de su poder adquisitivo y de insuficiencia para garantizar condiciones adecuadas de reproducción de la fuerza laboral”.
Es que según el estudio que realiza el instituto “respecto de la comparación anual con junio de 2022 registra una pérdida real de 12,1%, y acumula una caída del 7,5% en relación a diciembre de 2022”. La comparación que realiza la CTA-A resulta del análisis de la evolución del IPC, si la misma se realizara con relación a la evolución de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), el retroceso en el último año supera el 15%.
Pero el IEF asegura que si se compara con diciembre de 2019, es decir “con la situación que dejó el gobierno de Cambiemos, la caída del poder adquisitivo del SMVM es del 18%” pero, a la vez, “si se lo compara con la situación a diciembre 2015, es decir con lo que dejó el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la caída del SMVM es del 55%”.
Para el estudio el salario mínimo hoy “cubre apenas el 37,4% de la Canasta Básica Total».
Por eso y a partir de esos números resulta su propuesta de actualización que llevarán a la reunión del jueves en la cartera laboral que, además, acompañarán con una movilización. Para ellos el haber “debería tener una función de determinar un piso de ingresos adecuados para garantizar derechos y ciudadanía al conjunto de la fuerza laboral”. Para lograr eso, claro, “debería fijarse como horizonte cubrir la Canasta de Pobreza de la familia tipo, lo que supondría fijar su valor en $235.384”.
Con todo reconocen que “en el contexto actual no se puede realizar de manera instantánea por decreto, sino que de lo que se trata es de crear las condiciones para hacerlo posible” y, de cara a la reunión del jueves consideran que “una buena política de ingresos sería, por lo menos, recuperar el poder adquisitivo que el SMVM perdió desde el 2015 en adelante” que, estiman, “en junio 2023 debería ser de $135.735”.
Sin embargo, también reconocen, para eso “debería obtenerse un aumento del 55% del actual SMVM y quizás resulte también problemático de aprobar en el contexto político actual”.
Finalmente, señalan que “consideramos que el SMVM que se fije debe por lo menos recuperar el poder adquisitivo en que lo dejara la gestión de Cambiemos”. Para eso exigen llevarlo a $103.770 para junio de 2023 y, luego, un incremento que acompañe la inflación proyectada por el REM que indicaría un salario mínimo de $130.720 para septiembre 2023.
Por último aseguran que “el hecho de que el SMVM apenas cubre poco más de un tercio de la Canasta de Pobreza se debe a que el mercado laboral doméstico no tiene un piso de ingresos”.
Por eso insisten en su propuesta de establecer un salario universal “que garantice ingresos al conjunto de la fuerza laboral con independencia de la voluntad de los patrones” que, reconocen, implica “una modificación global de la política económica, que rebasa lo que se puede discutir en el Consejo del Salario Mínimo”.
