La crisis social y el ajuste detrás de la persecución al movimiento piquetero

En muy pocos días la Cámara Federal de Apelaciones, a cargo de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, decidió ratificar el procesamiento a Eduardo “Chiquito” Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero en la causa que comenzó el pasado 20 de diciembre a partir de la investigación del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello, impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En tiempo récord los jueces desecharon los argumentos de la defensa, rechazaron el pedido de los letrados para incorporar nuevos testimonios y ratificaron el procesamiento por “extorsión, amenazas coactivas y administración fraudulenta”. Además, decidieron que las penas a Eduardo Belliboni por cada una de esas acusaciones pueden resultar acumulables. Así, una eventual condena podría llevarlo a la cárcel efectiva por 15 años.

Sólo el carácter político de esa causa puede explicar que, apenas 48 horas hábiles después de conocida la ratificación del procesamiento, el juez Sebastián Casanello dio por cerrada la investigación sin atender los pedidos de presentación de más testigos de la defensa, impidiendo el derecho a apelación, y elevó la causa a juicio oral. La premura contrasta con otras causas tramitadas por los mismos jueces y que involucran a políticos y empresarios vinculados con el macrismo (ver recuadro).

Por eso, los abogados de la defensa denuncian violaciones al derecho a defensa y consideran que de lo que se trata es de “un golpe a la libertad de organización y movilización”.

¿Y las pruebas?

Las acusaciones de extorsión fueron refutadas por la defensa, que demostró en la instrucción que el delito resulta abstracto en tanto las organizaciones no tienen la potestad de dar de baja los beneficios del programa Potenciar Trabajo (ahora Volver al Trabajo) que, por otra parte, los titulares perciben en forma directa y que, además, fueron ellos mismos los que reclamaron la libertad de los beneficiarios para elegir la organización en la cual desarrollar su contraprestación con un simple trámite online. El Polo Obrero, y así lo acreditó en la causa, recibió más de 30 mil pases de beneficiarios provenientes de otras organizaciones que, por voluntad propia, eligieron sumarse a las cooperativas gestionadas por esa organización. Además, entre sus reclamos, el Frente de Lucha Piquetero pide la universalización de los programas sociales que, tal como ocurrió con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), implica la desaparición de todo intermediario. Los cupos selectivos, insisten, los pone el Estado y el presupuesto y no las organizaciones que, en esas condiciones, están obligadas a definir los criterios para la asignación de recursos cada vez más escasos.

La acusación por supuesta malversación de fondos pasa por alto que todas las facturas presentadas para la compra de insumos de las unidades ejecutoras fueron auditadas y aprobadas por la cartera de Desarrollo Social y la AFIP.

Es la economía, estúpido

Así las cosas, ¿cuál fue el interés del Ministerio de Seguridad promover la causa? ¿Por qué tanta urgencia para que se aceleren los procedimientos?

Para entender el problema en su justa magnitud resulta necesario indagar las condiciones sociales existentes y el rol del movimiento piquetero en los últimos 25 años. Son más de 40 mil los comedores que gestionan las organizaciones sociales en todo el país y, a la vez, son ellas las que, bajo todos los gobiernos, velaron por la continuidad de los programas sobre la base de planes de lucha resueltos en asambleas, cortes de calles y rutas, congresos y plenarios de delegados y múltiples marchas y acampes. De hecho, denuncian ahora, “hubo más de 40 mil bajas recientes que se produjeron por un reempadronamiento compulsivo y no publicitado, impulsado por el gobierno. Quienes no están organizados no cuentan ni con la información ni la asistencia técnica para realizar el trámite. El que no está organizado termina perdiendo el plan”.

La ofensiva del gobierno sobre los sectores populares llevó la indigencia hasta el 20% y la pobreza por encima del 50%. A la vez, desde diciembre, se registraron casi 200 mil bajas de planes, otros 160 mil perdieron el plan Nexo que implicaba la duplicación del monto y de la  contraprestación laboral. A la vez, los planes quedaron congelados en $ 78 mil desde que el gobierno decidiera desengancharlos de la evolución del salario mínimo.

Solo por esos ítems el gobierno pudo licuar un gasto que, anualizado, genera un ahorro de poco más de U$S 2 mil millones a los que se deben sumar otros $ 400 mil millones por la interrupción del envío de alimentos a los comedores populares. A ese número hay que sumar el presupuesto destinado a herramientas e insumos que las unidades ejecutoras controlaban para garantizar la contraprestación laboral exigida por el régimen. Para poner en dimensión el monto, la cifra total equivale a casi el doble de lo que ingresa anualmente al país en concepto de gastos de turistas extranjeros.

Un reciente informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), liderado por el economista Claudio Lozano, analiza “La política socio asistencial de LLA” y da cuenta de una pérdida del poder adquisitivo del Potenciar Trabajo del 58% que deriva en una caída de las ejecuciones del programa del 63% en los primeros nueve meses del año.

Las organizaciones piqueteras han velado por esos derechos y lo han hecho a través de la organización y la movilización. Descabezar al movimiento piquetero, estigmatizarlo y desautorizarlo resulta un instrumento clave para que el gobierno pueda seguir avanzando con ese ajuste sin encontrar resistencia. Esa es la urgencia que atiende la justicia: la emergencia social y la inevitable respuesta de las organizaciones populares que, esta semana, realizarán un acampe para reclamar alimentos. Será sobre la ruta 4, en el partido de La Matanza. El lugar donde muchas de ellas empezaron a construirse hace ya 25 años.