La resolución 956 del directorio de PAMI crea una Fundación homónima, con idénticas funciones y alcance territorial y con un directorio compuesto por los mismos integrantes que conducen el Instituto. Ya comenzó a cosechar rechazos. Tal como adelantó Tiempo, crea condiciones bajo las cuales podrían eludirse controles y auditorías propios de un organismo público, así como los mecanismos para la compra de insumos.

El Sindicato Único de Trabajadores y Empleados del PAMI (SUTEPA) presentó una intimación para que, de acuerdo a la ley de derecho a la información, le den vista de las actuaciones para conocer los motivos oficiales de su creación. Ante la negativa, marcharán el miércoles y evalúan la presentación de una cautelar. El abogado previsional Christian D’Alessandro presentó una demanda ante la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES) a cargo del fiscal Gabriel De Vedia por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad del titular del Instituto, Daniel Casinotti. Además, la senadora María de los Ángeles Sacnun presentó un proyecto con un pedido de informe al Poder Ejecutivo sobre su constitución, la que consideró «el camino para la privatización del sistema de salud».

Fuentes del PAMI señalaron a este diario que la fundación «se creó para absorber una clínica en Mar del Plata que quebró y fue expropiada en favor del Ministerio de Salud, que lo cedió a PAMI. El artículo 5 de la Ley 27.169 dice que la expropiación incluye a los empleados bajo el mismo régimen laboral, que es el del gremio de Sanidad. Para eso se necesitaba otra figura.» Sin embargo, la resolución señala que la fundación tiene alcance «en todo el país», lo que plantea la posible absorción de sus efectores como el Hospital Millstein, dos policlínicos de Rosario, el Hospital Español y la flota de ambulancias.

Según Eduardo Terráneo, secretario adjunto de SUTEPA, «el presupuesto que le vayan a transferir dará la pauta de la envergadura de lo que preparan. Estamos pidiendo esa información, que se va a conocer a fin de año».

Tiempo contactó a referentes de los trabajadores de la clínica marplatense, que explicaron que «queremos ingresar como empleados de PAMI porque tienen un mejor convenio que ATSA». Por eso, para Terráneo, «otro propósito podría ser el de reducir costos laborales».
La fundación fue creada en el mismo momento en el cual se lanzó el programa de Cobertura Universal de Salud. Para Terráneo, ambos hechos «están vinculados» y explicó: «El CUS busca prestar un servicio mínimo. El Ministerio de Salud tenía un proyecto para incluir ahí al PAMI y a las obras sociales provinciales, pero lo dejó de lado. Ahora existe la posibilidad de que vayan tercerizando prestaciones del PAMI y, una vez vaciado, meter a sus afiliados en el CUS. La Fundación tendrá las obligaciones que ella misma decida mientras que el PAMI tiene las que dicta la ley». El Estado no cuenta con ningún organismo con la cobertura territorial que necesita el CUS para dar atención a sus futuros afiliados, algo que el PAMI sí podría ofrecer.

Para D’Alessandro, «dicen que es para darle funciones a la clínica de Mar del Plata, pero el objeto que se le atribuye es tan amplio como las funciones del PAMI. Pueden contratar libremente personal, firmar convenios y hacer lo que se les ocurra. Es contraria a la Ley 19.032 que, en su artículo 2, expresamente prohíbe delegar o transferir funciones». Consultado sobre el alcance de la resolución, asegura que «hay algo más que evadir controles. Buscan desguazar el PAMI como trató de hacerlo en 1996 Alderete. Ahora, como no pueden privatizarlo, generaron una nueva figura. Si sólo fuera para la clínica, igual dejarían un antecedente para futuras administraciones”. «